La Audiencia condena a Granados a dos años de cárcel por el «chivatazo»

La primera sentencia de «Púnica» impone igual pena al agente que le alertó de que le vigilaban.

La Audiencia Nacional ha condenado a dos años de cárcel al ex consejero de la Comunidad de Madrid Francisco Granados y al guardia civil José Manuel Rodríguez Talamino y a un año y medio al agente del Instituto Armado en excedencia José Luis Caro Vinagre por el «chivatazo» que, en septiembre de 2014, alertó al ex político del PP de que estaba siendo investigado, causando un «intenso» daño a la instrucción judicial en la medida en que permitió a los investigados destruir pruebas y ocultar el dinero.

En la primera sentencia del «caso Púnica», los magistrados de la Sección Primera de la Sala de lo Penal consideran a Granados y Caro Vinagre autores de un delito agravado de aprovechamiento de secreto revelado por funcionario público, mientras que condenan a Talamino por violación de secreto agravado, imponiendo a este último una pena de cuatro años de inhabilitación especial para empleo o cargo público.

La resolución recuerda que Rodríguez Talamino avisó el 5 de septiembre de ese año, durante las fiestas de Valdemoro, al ex secretario general del PP de Madrid de que la Unidad Central Operativa (UCO) estaba actuando en Pinto y vigilaba la sede de Éboli, donde se encontraba la sede de las empresas de David Marjaliza, socio del entonces político.

Al día siguiente, Caro Vinagre (que trabajaba como asesor de seguridad en la Comunidad de Madrid cuando Granados era consejero de Interior) se vio con Rodríguez Talamino para conseguir más información y éste le confirmó que el Grupo de Delitos contra la Administración había instalado una cámara en la puerta del despacho de Marjaliza, que él mismo había preparado, para grabar a quienes acudieran a verle y «acreditar el pago de comisiones». Caro Vinagre puso en conocimiento de Granados esa información y le explicó que esa unidad se dedicaba a investigar delitos de corrupción.

La Audiencia considera probados que entonces el consejero de Esperanza Aguirre le pidió a Marjaliza que destruyera la documentación que le vinculaba con sus negocios (entre ella la relativa a los contratos en cuya adjudicación había mediado), como efectivamente hizo. Además, ocultó el dinero en metálico que guardaba en su caja fuerte. Granados también tomó precauciones y escondió en un armario de casa de sus suegros un maletín con 922.000 euros en billetes de 500, 200 y 100.

A raíz de la filtración, recoge la sentencia, «los investigados cambiaron sus conductas al saberse seguidos, dejaron de utilizar los teléfonos y cuando lo hacían, hablaban poco, dificultando las pesquisas sobre sus negocios. Además, se hizo imposible la recuperación de parte del dinero que procedía de las adjudicaciones de obras y servicios y de la retribución a autoridades locales y autonómicas». La conducta de Granados, como consejero de Interior y Justicia por haber desempeñado cargos electos a nivel municipal, autonómico y estatal, merece «un especial reproche».

La resolución cuenta con un voto particular concurrente del magistrado Nicolás Poveda, quien pese a mostrarse conforme con las penas impuestas, considera que la destrucción de la documentación, que el tribunal sustenta en las declaraciones del arrepentido Marjaliza y su secretaria, no está acreditada por las contradicciones en las que incurrieron al prestar testimonio.