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El Ayuntamiento de Zaragoza autoriza a Podemos a usar una sala para su asamblea por referéndum

Alegan que es una entidad legalmente constituida y que los informes jurídicos cumplen con la normativa

  • Vista del Centro Deportivo Municipal Siglo XXI
    Vista del Centro Deportivo Municipal Siglo XXI
L.R.N. 

Tiempo de lectura 2 min.

22 de septiembre de 2017. 18:51h

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L.R.N.  22/9/2017

El portavoz del Gobierno municipal de Zaragoza en Común (ZEC), Fernando Rivarés, ha informado de que se ha autorizado la petición de Unidos-Podemos para utilizar el Centro Deportivo Municipal Siglo XXI para la celebración este domingo, 24 de septiembre, de su Asamblea pro referéndum.

"Se ha autorizado porque es una entidad legalmente constituida y porque según los informes jurídicos cumple con la normativa y, por tanto, el Ayuntamiento lo tiene que conceder, como a cualquier otra que lo hubiera solicitado", ha argumentado Rivarés.

El escrito de autorización ha sido firmado la vicealcaldesa y consejera municipal de Derechos Sociales, Luis Broto, porque de su Consejería depende el área Deporte al que está adscrito este equipamiento municipal, con capacidad para 2.780 personas.

"Ningún concejal firma nada antes de saber lo que legalmente es preceptivo", ha dejado claro Rivarés, en referencia a las críticas del PP sobre las condiciones que exige el reglamento de uso de instalaciones deportivas, como el envío de la solicitud 15 días antes o el pago de las tasas, que son de 1.500 euros por el día completo y 900 euros media jornada, además de otra documentación.

Al respecto, ha aportado el dato de que el mitin del candidato a la Secretaría General del PSOE, Pedro Sánchez, en las últimas elecciones primarias, que tuvo lugar en el Centro Cívico Delicias, "se pidió con mucho menos de quince días de antelación y, no por eso la ciudad es sanchista", ha ironizado.

"Lo pida quien lo pida, si está dentro de la Constitución se cede el uso", ha sentenciado Rivarés, al tiempo que ha añadido que este acto "habla de la libertad de expresión y es obligación del Ayuntamiento avalar y proteger los derechos de reunión y de libertad de expresión".

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