El desafío de renovar la cúpula fiscal

Madrigal, o su sustituto, deberá afrontar en septiembre mantener o cambiar a diez fiscales de Sala que nombró Conde-Pumpido

Una vez que cese el actual Gobierno en funciones, Consuelo Madrigal dejará de ser fiscal general del Estado, ya que, tal como se estipula en el Estatuto Orgánico del Ministerio Fiscal, ese cargo se nombra y cesa con el Ejecutivo. Sin embargo, en este caso, Madrigal, al no haber permanecido cuatro años como principal figura del Ministerio Público, estaría avalada para continuar la próxima legislatura si así lo decidiese el nuevo Ejecutivo, algo que, en estos momentos, es más que difícil prever.

Ante esta situación, el Gobierno tendrá que nombrar un nuevo fiscal general, que, como se señalaba, puede ser tanto «renovar» a Madrigal como designar uno nuevo (ya suena el nombre de un conocido fiscal), algo que se producirá de forma casi inmediata a la designación del titular del Ministerio de Justicia.

Sea quien sea el elegido, se encontrará como primer desafío afrontar la renovación de gran parte de la Junta de Fiscales, considerada la «cúpula» de la Carrera Fiscal, que es el órgano que asiste al fiscal general en materia doctrinal y técnica, para fijar criterios de interpretación y actuación legal, así como para resolver consultas y elaborar memorias y circulares. Además, en no pocas ocasiones, es la que da el visto bueno a iniciar o no acciones penales en asuntos de relevancia, como sucedió con la querella interpuesta contra Artur Mas por el 9-N, donde su criterio fue decisivo.

En concreto ,serán diez las plazas de fiscales de Sala, todas ellas de nombramiento discrecional, las que se sometan a renovación o cambio de su titular. Podrían ser once si Antonio Salinas decide no pedir la prórroga de dos años para su jubilación, por lo que, en ese caso, la Fiscalía Anticorrrupción también saldría a concurso.

Actualmente, la Junta de Fiscales la componen 30 miembros, incluído el fiscal general. De los 29 restantes, 26 de ellos ocupan actualmente las distintas jefaturas de fiscalías, que conllevaron el ascenso a la categoría de fiscal de sala, mientras que a los otros tres se les conoce dentro de la carrera con el apodo de «sobreros», es decir, que ocuparon esos cargos, pero bien fueron cesados o no renovados en sus plazas, aunque al tener la primera categoría permanecen en la Junta . Una vez que estos tres fiscales de Sala se jubilen, las plazas quedarán amortizadas y no se cubrirán. De esta forma, las diez plazas de la «cúpula» de la carrera sobre las que el Consejo Fiscal deberá pronunciarse representan un porcentaje más que significativo, y, de hecho, se podría llegar a producir un vuelco en el «color» de la Junta. Estas plazas fueron propuestas todas ellas por Cándido Conde-Pumpido, y de las diez, la mitad correspondieron a fiscales pertenecientes a la Unión Progresista de Fiscales, mientras que sólo dos recayeron en miembros de la mayoritaria y «conservadora» Asociación de Fiscales. Todavía, lógicamente, no hay fecha para la celebración del Consejo Fiscal, pero todo hace indicar que será en el que se celebre en septiembre u octubre como muy tarde donde se aborde esta profunda renovación de la «cabeza» de la Fiscalía.

De hecho, cuando Conde-Pumpido dejó el cargo, la UPF contaba con 13 «asientos» en la Junta (a los que habría que sumar la posterior incorporación de Fernández Bermejo), por los siete de la Asociación de Fiscales y otros siete no asociados, algunos «muy próximos» a la UPF, además del fiscal togado militar. Cuando inició su mandato, la Asociación de Fiscales tenía mayoría, pero la designación mayoritaria de miembros de la UPF para las nuevas fiscalías especializadas que se crearon (se ha constatado que la creación de las mismas ha tenido un papel muy positivo en la persecución de los delitos y protección de las víctimas y de aquellos más vulnerables) dieron un «vuelco» en esa configuración.

Al margen, tal como se señalaba anteriormente, habrá que estar a expensas de la decisión de adopte el fiscal jefe Anticorrupción, Antonio Salinas, de si decide solicitar la prórroga para posponer dos años su jubilación.

De esos nombramientos, realizados hace ya más de diez años, excepto en el caso de Rosa Ana Morán, al menos cinco pertenecen a la Unión Progresista de Fiscales: Campos, Elvira Tejada, Antonio Vercher, Javier Zaragoza y Sánchez-Covisa, mientras que a la mayoritaria Asociación de Fiscales pertenecen Pilar Barrero y José Ramón Noreña. Es decir, la UPF «arrasó» en esas designaciones.

Algunas fuentes fiscales recuerdan que existe una especie de «norma no escrita» por la que no se suele mantener en el mismo cargo más de dos mandatos (es decir, diez años) a un fiscal. Hasta ahora, sólo Antonio Salinas ha sido renovado para un tercer mandato, ya que fue nombrado por Jesús Cardenal en 2003, y, posteriormente, renovado por Cándido Conde-Pumpido y en enero de 2014 se le mantuvo en el cargo tras proponerlo el entonces fiscal general, Torres-Dulce.

Junto a ello, el Consejo Fiscal deberá pronunciarse también sobre cinco jefaturas de fiscalías de tribunales superiores de Justicia (País Vasco, Andalucía, La Rioja, Murcia y Castilla-La Mancha), de nueve audiencias provinciales (Gerona, Cádiz, Almería, Salamanca, Zamora, Lleida, Tarragona, Zaragoza y Álava) y otras plazas de fiscales.