El diálogo que quiere Puigdemont: un pacto fiscal de desconexión

La hipotética independencia pactada incluye una oferta de colaboración para «reestructurar el nuevo Estado español».

La separación de mutuo acuerdo que contempla la hoja de ruta independentista para ganar credibilidad internacional incluye tender la mano al Gobierno con una «oferta de apoyo y colaboración en la reestructuración del nuevo Estado español». Una ruptura pactada en la que, entre otras cosas, Carles Puigdemont ofrecería un «acuerdo fiscal de desconexión con una duración limitada». Es decir, fijar un plazo para que Cataluña rompiera con la Hacienda española, y crease la ansiada Agencia Tributaria catalana, durante el cual la Generalitat se garantizase la financiación necesaria de sus «estructuras de Estado» en ese tránsito hacia la independencia real.

Así consta en el documento #EnfoCATs –la propuesta estratégica para «reenfocar» el proceso independentista–, del que se incautó la Guardia Civil el pasado 20 de septiembre en el domicilio del «número dos» de Oriol Junqueras en la Consejería de Economía, Josep Maria Jové. En esta hoja de ruta soberanista que detalla el paso a paso hacia la ruptura con el resto de España se contempla «un plan de actuación de separación acordada» como alternativa a la Declaración Unilateral de Independencia (DUI) sobre la que Puigdemont debe pronunciarse hoy, en respuesta al requerimiento efectuado la pasada semana por el Gobierno de Mariano Rajoy, si quiere evitar la aplicación del artículo 155 de la Constitución.

Además de poner el acento en su apuesta por el diálogo, esa desconexión tributaria por plazos garantizaría a los independentistas una de sus prioridades, reconocida en el propio documento, asegurar la financiación preciso para el funcionamiento mínimo imprescindible de todas las «estructuras de Estado» necesarias para gestionar la desconexión y el nacimiento del nuevo Estado. Entre éstas incluyen algunas ya existentes, como los Mossos d´Esquadra y el CTTI (Centre de Telecomunicacions i Tecnologies de la Informació de la Generalitat), y otras de nuevo cuño, como el Poder Judicial, una agencia de protección social (que sustituyera a la Seguridad Social) y una Hacienda catalana que, en este supuesto, vería la luz en un plazo pactado con el Estado español. Pero la hoja de ruta soberanista intervenida a Jové no deja lugar a dudas sobre cuál es el objetivo final de esa oferta de diálogo: «Este plan muestra una determinación inequívoca de construcción de un Estado y pone de relieve la fortaleza económica y financiera de Cataluña como nuevo Estado».

Esa oferta por una independencia amable que pueda ganarse la confianza y la credibilidad internacionales y, al mismo tiempo, «seducir a muchos indecisos», pasaría también por ofrecer al Gobierno «protocolos de relación y colaboración prioritarias con el Estado español», así como la «temporización del calendario de separación», es decir, una ruptura inevitable pero con efectos retardados. Asimismo, según ese proyecto de actuación rupturista habría que abordar con el Gobierno central la «identificación detallada y un plan de reparto de los activos y pasivos a dividir» entre el Estado español y la hipotética república catalana.

Entre los objetivos que persigue esa presumible oferta de diálogo en pos de una separación de mutuo acuerdo figuran la intención de «reforzar la idea de un proceso democrático y la voluntad de acuerdo de las instituciones catalanas». Igualmente, añaden los ideólogos de esa hoja de ruta, «permite identificar todas las tareas por hacer para la creación exitosa de un nuevo estado» y, añaden, «prácticamente elimina los costes de transición» (en la medida en que el sistema de financiación seguiría dependiendo del Estado español en los primeros pasos hacia la independencia gracias a ese aludido pacto fiscal).

«Ahorrar un problema»

Pero, en ese afán por evitar proyectar internacionalmente una imagen rupturista que asuste a las instituciones comunitarias, el frente soberanista valora especialmente que el nuevo estado «nazca sin perjudicar al Estado existente», reforzando de esta manera «el vínculo de base cultural y social con España». Se trataría, en definitiva, de «ahorrar un problema a Europa».

Toda esta estrategia está encaminada, según apunta el propio documento #EnfoCATs, a «generar complicidades sociales» en aquellas personas «que pueden entender los beneficios del Estado propio pero no quieren romper de manera radical con España». Al mismo tiempo, «podría ser bien visto» por los sectores influyentes del panorama internacional (gobiernos europeos, poderes económicos y financieros y grandes empresas, entre otros).

La planificación hacia esa ruptura consensuada diseñada por el «think tank» soberanista se sublima en dos bonancibles lemas: pasar del «mejor unidos» al «mejor amigos» y del «romper España» al «ayudar a España».

En todo caso, la hoja de ruta soberanista contempla también un escenario de desconexión forzosa que, aunque comience «de una manera conservadora», debe incrementar «paulatinamente el nivel de conflictividad según la respuesta del Estado». Y hacerlo, sobre todo, «sin ningún género de duda de acciones y calendarios». Una unidad independentista que el propio Junqueras reclamó ayer mismo y que podría saltar por los aires en función de la respuesta de hoy de Puigdemont al requerimiento del Gobierno.