El Gobierno no duda de que el TC avalará la prisión permanente

«No es enjaular a una persona de por vida», se esgrime desde el Ejecutivo de Mariano Rajoy.

El Gobierno tiene plena confianza y convencimiento de que el Tribunal Constitucional avalará la Prisión Permanente Revisable, una de las medidas más controvertidas de la reforma del Código Penal que entra hoy en vigor y que ha sido recurrida por todos los grupos de la oposición en el Congreso. En este sentido, fuentes próximas al Ministerio de Justicia recordaron que esa medida, prevista sólo para los delitos más graves, contó con el aval del Consejo General del Poder Judicial, la Fiscalía General del Estado y del Consejo de Europa, y que se encuentra vigente en la práctica totalidad de la Unión Europea, además de contar con pronunciamiento favorable del Tribunal Europeo de Derechos Humanos. «Es plenamente constitucional, todos los informen lo avalan, porque el fin último es acreditar la rehabilitación de las personas que han sido condenadas por los delitos más graves», se afirma al respecto.

Por ello, se entiende que es «razonable» que esos condenados deban cumplir un mínimo de 25 años de prisión –aunque a partir de los 15 o 20 años pueden acceder al tercer grado, y con ocho, acceder a los permisos–, para que se acredite «que existe esa rehabilitación», y que no sucedan casos en que el penado ha vuelto a cometer delitos graves cuando salió de prisión. En todo caso, desde el Ejecutivo se sostiene que no es, en ningún caso, «ni una cadena perpetua ni una pena inhumana», porque, se destaca de forma gráfica, «no es enjaular a una persona de por vida», ya que, además de que pueden acceder al tercer grado y obtener beneficios penitenciarios, los condenados a esa pena podrán solicitar su revisión cada dos años.

En cambio, la oposición sostiene en su recurso ante el TC –que no se resolverá hasta pasadas las próximas elecciones generales– que esa pena tiene un carácter «inhumano, cruel y degradante», ya que ocasiona «graves padecimientos psíquicos» al condenado, deteriora su personalidad y menoscaba sus capacidades cognitivas y sociales.

En cuanto a la reforma del Código Penal, las líneas que han marcado al Ministerio de Justicia para llevarla a cabo se pueden sintetizar en cinco: actualización en la respuesta a nuevos delitos y formas de delincuencia y adaptación a valores sociales de la sociedad actual, mejoras técnicas en aras de la seguridad jurídica, incorporación de las regulaciones internacionales que España debe asumir por su integración en organismos europeos, mejora en la proporcionalidad del sistema penalógico y, en último lugar, «un cambio de paradigma, una mejora del servicio público de la Justicia y búsqueda del consenso».