El Gobierno insta al president a no venderse a los radicales

El Gobierno llama a la responsabilidad en Cataluña y apela a reflexionar sobre las consecuencias de que una fuerza minoritaria, anticapitalista y antisistema, con sólo el 8% del apoyo del electorado, es decir, con 300.000 votos, consiga imponer su programa en contra de lo que votaron la mayoría de los catalanes. La vicepresidenta, Soraya Sáenz de Santamaría, apeló directamente al presidente en funciones de la Generalitat y aspirante a la reelección, Artur Mas, y le exigió que no se venda a la CUP para conseguir su objetivo personal de sobrevivir políticamente.

«Apelo a la responsabilidad», sentenció antes de recordar que el historial de Mas incluye la fractura de la sociedad, la quiebra de la coalición que presidía y cosechar sus peores resultados después de volver a adelantar las elecciones autonómicas. El Ejecutivo advierte de que para conseguir gobernar no se puede someter a los catalanes a un programa de «desobediencia al marco de convivencia», porque eso es a fin de cuentas lo que significa, a su juicio, la exigencia de desobediencia a la legalidad que ha puesto la CUP sobre la mesa.

Sáenz de Santamaría recordó que nadie está por encima de la ley y que no someterse a este principio tiene consecuencias también para todo el mundo, sea quien sea. Y a Mas le dejó otro recado, el de que «si no quiere contagiarse» de los que propugnan la ilegalidad y de un partido antisistema, que está en las antípodas del ideario tradicional de Convergència, que no se someta a las condiciones de la CUP para mantener el sillón presidencial de la Generalitat. Que respete la democracia y las reglas de convivencia, y que actúe con responsabilidad para no complicar aún más la situación política en Cataluña. «No le ha bastado con quebrar a la sociedad catalana, romper su propio partido y violentar la ley; ahora parece que quiere plegarse a un programa de una minoría que no ha sido respaldado por la ciudadanía catalana», señaló Santamaría tras el Consejo de Ministros.

El Gobierno sostiene que ya ha perdido su capacidad de sorpresa ante las cosas que suceden en la política catalana, aunque cree que llegados a este escenario, en el que la independencia no sólo tiene en contra la fuerza de la ley sino a la mayoría de los catalanes, convendría que los que tienen dificultades para gestionar su futuro no las trasladen al futuro del conjunto de los ciudadanos.

Por su parte, el ministro de Justicia, Rafael Catalá, explicó ayer en RNE que las exigencias que plantea la CUP para apoyar al futuro presidente de la Generalitat no caben en el marco de convivencia. Esas exigencias, que plantean la ruptura con la legalidad vigente y con España, no van a dar lugar a ninguna reacción de la Fiscalía porque entran dentro de la libertad de expresión, pero la reacción del Gobierno, aun estando en funciones, sí se producirá en el caso de que haya una actuación concreta que se salga del marco legal. Y confirmó que si el próximo Parlamento catalán aprueba una declaración unilateral de independencia, ésta será inmediatamente recurrida ante el Tribunal Constitucional, y subrayó que aunque el Gobierno esté en funciones, eso no implica debilidad alguna en la defensa del Estado de Derecho.

Respecto a la declaración del día 15 de Artur Mas ante el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña, dentro del procedimiento abierto contra él por el 9-N, señaló que se trata del funcionamiento normal de la Justicia para aclarar si hubo delito. «El juez tendrá que decidir si se ha cometido algún delito y en ese caso, las consecuencias que de ello se derivan», argumentó.

En estas reacciones al posicionamiento de la CUP, desde el PP catalán advirtieron de las «dañinas» consecuencias económicas para los catalanes de someterse al programa de esta formación radical de izquierdas. «Un futuro Gobierno sometido al programa de la CUP haría mucho daño a los catalanes y a Cataluña», según la presidenta regional del partido, Alicia Sánchez-Camacho.