El Gobierno pide al TC que abra la vía para imputar a Forcadell

El Gobierno anunció, nada más aprobar el Parlament el miércoles la resolución que llevaría a un referéndum unilateral de independencia y a la «desconexión» de España, con los votos de Junts pel Sí y la CUP, que no permanecería impasible y ayer mismo presentó ante el Tribunal Constitucional un incidente de ejecución de sentencia, en el que se solicita que se remitan todas las actuaciones a la Fiscalía para que se puedan exigir responsabilidades penales por un delito de desobediencia contra la presidenta del Parlament, Carme Forcadell, por haber incluido en el orden del día y sometido a votación la popuesta de JpS y la CUP, pese a que ello vulneraba la sentencia del TC de 2 de diciembre de 2015, que anulaba la resolución soberanista, y el auto del pasado día 19, en el que se advertía al Parlament de que habría «consecuencias» si continuaba adelante con el «procés».

Lo que pretende el Ejecutivo es que el TC exponga de forma clara, rotunda y taxativa la responsabilidad en que pueden incurrir los responsables de todas aquellas «instancias llamadas a poner en marcha el proceso secesionista». Por ello, se afirma en el escrito presentado por los Servicios Jurídicos del Estado, que, en esta ocasión, el TC no debe limitarse a anular la resolución impugnada, sino que, «para salvaguardar la autoridad del tribunal y el Estado de Derecho, se hace necesario que se advierta formal y personalmente a la presidenta del Parlament, a la Mesa, al secretario general, a Puigdemont y los miembros de su Gobierno, «de que si la llevan a efecto, incurren en incumplimiento de lo ordenado por el tribunal» y se les podrá aplicar las medidas previstas en la Ley Orgánica del TC: multa de hasta 30.000 euros, suspensión de sus funciones durante el tiempo necesario para garantizar la «observancia» de las resoluciones del Tribunal Constitucional o la apertura de posibles responsabilidades penales.

En todo caso, según señalaron fuentes jurídicas, la finalidad de estas medidas no es la de sancionar el incumplimiento de las resoluciones del TC, sino el «velar» por el cumplimiento: «El tribunal no tiene capacidad sancionadora y la finalidad de estas medidas no es punitiva».

Donde sí aprecia ya el Ejecutivo claro indicios de un delito de desobediencia es en la actuación de Forcadell. El escrito de la Abogacía del Estado es más que contundente al respecto: «Es ya personalmente responsable de haber incumplido el auto de 19 de julio de 2016 del Tribunal, por someter a debate y votación, con pleno conocimiento, tanto la inclusión en el orden del día, como el sometimiento a votación de las conclusiones de la Comisión de Estudio del proceso constituyente», donde se acordó iniciar la vía de la «desconexión» unilateral. Por ello, pide que deduzca testimonio «para exigir la responsabilidad penal que pudiera corresponder por esta actuación».

En primer lugar, el Gobierno pide al TC que decrete la nulidad y suspensión de la resolución, cursar un requerimiento personal a Forcadell y a todos los miembros de la Mesa del Parlamento para que se abstengan de realizar cualquier actuación «tendente a dar cumplimiento» a la resolución aprobada, así como la obligación de impedir o paralizar cualquier iniciativa que vaya en contra de las mencionadas decisiones del Alto tribunal. La segunda medida tiene igualmente como destinataria a Forcadell y los miembros de la Mesa, pero también se incluye al secretario general del Parlament, y se requiere al TC para que inste personalmente a cada uno de ellos «la prohibición expresa de convocar a los órganos del Parlamento para debatir y votar ninguna iniciativa que directa o indirectamente pretenda dar cumplimiento a la resolución impugnada»; mientras que la tercera se dirige al presidente el Parlament, Carlos Puigdemont, y al resto de integrantes de su Gobierno, para que se les advierta de que no pueden llevar a cabo ninguna propuesta legislativa o cualquier otra que pretenda desarrollar la decisión impugnada, «apercibiéndoles de las eventuales responsabilidades, incluida la penal, en las que pudieran incurrir».

La reacción del TC no se ha hecho esperar y su presidente, Francisco Pérez de los Cobos, ha concovado un pleno extraordinario para el próximo lunes, en el que anulará y suspenderá la resolución del Parlament y advertirá de forma expresa al presidente de la Generalitat, Carles Puigdemont, a los miembros de la Mesa del Parlament y a su secretario general para que se abstengan de realizar cualquier acto que pueda suponer vulnerar las decisiones del Alto Tribunal, es decir, de impulsar cualquier ley que pueda estar relacionada con el «procés» y la «desconexión». En estos puntos habrá una práctica unanimidad de los miembros, pero no es previsible que actúe de oficio respecto a la presidenta del Parlament, Carmen Forcadell, y, como pide el Gobierno, lo deje todo en manos de la Fiscalía.

- No habrá suspensión

El tribunal no prevé adoptar de oficio ninguna medida concreta contra los miembros de la Mesa o del Gobierno catalán. No suspenderá en sus cargos a ninguno de los que alude el Gobierno en su impugnación.

- Advertencia expresa

Lo que sí hará, además de suspender la resolución independentista, será advertir a la Mesa y al Ejecutivo catalán de que pueden incurrir en delito si realizan cualquier acto a favor de la «desconexión» o no impiden las medidas que se pretendan adoptar en esa línea.

- Forcadell y la Fiscalía

Es el punto que más debate suscitará en el pleno del lunes, aunque la mayoría parece inclinarse por aceptar la petición de la Abogacía del Estado. A partir de ahí, el Ministerio Público decidirá si actúa contra Forcadell.

No hacía falta que Munté interrumpiera la hora de la siesta para decir los que ya se sabía. Horas antes, Junts pel Sí y la CUP demostraron que su hoja de ruta sigue adelante registrando la segunda de las tres leyes de desconexión en el Parlament, la del código tributario de Cataluña. El documento, de 104 páginas, describe qué organismos constituirán la administración tributaria catalana. Serán cinco: la Agencia Tributaria de Cataluña, la Junta de Tributos, el Consejo Fiscal, el Insituto de Investigación Fiscal y de Estudios tributarios y la dirección general de Tributos. El texto anda con pies de plomo para no dar razones al TC para actuar. No dice qué impuestos recaudará, tampoco concreta con qué administraciones colaborará ni hace cualquier otra referencia al Estado.

Esta proposición de ley que se elevará al pleno en septiembre siguela de protección social, que junto a la de transitoriedad jurídica forma los cimientos de las estructuras del estado catalán.