El Gobierno salva en su recurso al TC el fin social de la ley contra desahucios de Puigdemont

El Ejecutivo ha acordado hoy recurrir varios artículos de dos leyes catalanas, entre ellas la normativa antidesahucios y sobre pobreza energética, aunque de esta última sólo se impugnan algunos aspectos procesales.

El Gobierno ha optado por una solución salomónica, ajustada estrictamente a la legalidad y a la defensa del marco constitucional y de las competencias exclusivas del Estado en lo que afecta a la ley catalana contra los desahucios y la pobreza energética. La Generalitat había hecho causa para evitar que acabase en el Tribunal Constitucional y la decisión que aprobó ayer el Consejo de Ministros la salva en el núcleo que afecta más directamente a los catalanes. Sin criterios políticos, sino con base exclusivamente jurídica y al conflicto competencial, como resaltó ayer la vicepresidenta en funciones, Soraya Sáenz de Santamaría. El Gobierno en funciones no recurre ningún artículo referente a los mecanismos para ayudar a las familias que no pueden hacer frente a los recibos de agua, luz y gas. Y sólo llevará ante el Constitucional algunos aspectos de la regulación contra los desahucios, como, por ejemplo, el procedimiento de mediación. La decisión, según explicó Sáenz de Santamaría, se sostiene en un informe del Consejo de Estado, que establece que la ley se ajusta parcialmente a la Constitución. «Hay que garantizar la igualdad de los españoles», precisó la portavoz. La ley en cuestión, la 24/2015, surgió a raíz de una Iniciativa de Legislación Popular (ILP) promovida por la Plataforma de Afectados por la Hipoteca (PAH) y la Alianza contra la Pobreza Energética (APE), y fue aprobada el verano pasado. En la votación en el Parlamento catalán, el PP sólo se abstuvo en dos puntos relativos al apartado de desahucios. Moncloa detalló ayer que los artículos que son objeto del recurso son aquellos que vulneran competencias exclusivas del Estado, refiriéndose principalmente a aspectos procesales (procedimiento de mediación que excede de su función, procedimiento judicial «incompatible» con Ley Concursal, requisito previo para la interposición de demanda, etc), así como a aspectos civiles, como la transferencia coactiva de la titularidad de la vivienda que afecta al contenido esencial del derecho de propiedad, y otros artículos con un contenido básicamente formal.