Rajoy, dispuesto a retirar competencias al Govern para frenar el referéndum

El Ejecutivo avisa de que retirará las urnas y cerrará los colegios si llega el caso. Pero también garantiza que las decisiones serán proporcionales a los pasos que dé la Generalitat.

El Gobierno se ha visto obligado a reaccionar ante la decisión de la Generalitat de elevar el pulso independentista en vísperas de que el ex presidente de la Generalitat Artur Mas y el portavoz del Partido Demócrata catalán, la antigua Convergéncia, Francesc Homs, tengan que sentarse en el banquillo por presunta desobediencia por la consulta del 9-N. La estrategia del Ejecutivo tiene que ajustarse a la «radicalización» del discurso y de las amenazas secesionistas. Y aunque insistan en que la apuesta por el diálogo y la negociación se mantiene, los últimos mensajes de la Generalitat, como el anuncio de que preparan anticipar la fecha del referéndum ilegal o que ya tienen la información para asumir todos los impuestos, han exigido una vuelta de tuerca al discurso del Gobierno de Rajoy.

Distintos portavoces coincidieron ayer en dar aire a la idea de que esta vez, a diferencia de lo que ocurrió con la consulta del 9-N, el Gobierno no permitirá que la Generalitat vuelva a colocar urnas para celebrar un «referéndum ilegal». La estrategia de Mariano Rajoy parece que ha dado un giro de 180 grados. Entonces su Gabinete, con mayoría absoluta, apostó por el camino de reducir las decisiones administrativas y políticas, y descargó en los tribunales la responsabilidad de las medidas para frenar la consulta. La justificación fue que no querían dar argumentos a la confrontación social y que esa consulta no tenía ninguna validez.

El mensaje que sostienen ahora en Moncloa va en otra dirección porque «el alcance del desafío es mucho más grave». «La Generalitat y el Parlamento autonómico trabajan en el desarrollo legislativo de la desconexión y hay una mayoría parlamentaria que la antigua Convergéncia y ERC utilizan como escudo para seguir hacia adelante en su plan para saltarse la legalidad vigente».

Desde la anterior legislatura el equipo del presidente del Gobierno tiene previstos todos los escenarios y todas las respuestas posibles. Jurídicas y coercitivas, por la vía del Tribunal Constitucional o haciendo uso de los mecanismos que prevé la Carta Magna, por supuesto también la aplicación puntual del artículo 155, que avala la intervención del Gobierno central en el caso de que el Ejecutivo de una comunidad autónoma no cumpla con sus obligaciones legales. Este paquete de posibles actuaciones jurídicas y administrativas implica a Presidencia, Interior, Justicia o Educación, entre otros ministerios, y, de ser necesario, incluiría las decisiones pertinentes para retirar las urnas o cerrar los colegios electorales, utilizando para ello los medios jurídicos y policiales que hagan falta. En su discurso oficial el Gobierno esquiva ponerse en ese escenario extremo, pero, al mismo tiempo, sin micrófonos, también advierte de que «no le temblará el pulso» para hacer que se cumpla la ley. Ajustando sus medidas a Derecho, y en función del alcance de cada decisión de la Generalitat. Respecto al artículo 155 de la Constitución, Rajoy tiene informes sobre su aplicación y fuentes gubernamentales advierten de que su utilización no implica llegar a la situación extrema de la suspensión de la autonomía de una comunidad autónoma. Hay soluciones intermedias, como, por ejemplo, que el Gobierno asuma sólo algunas de las competencias de aquel Ejecutivo autonómico que incumpla con sus obligaciones constitucionales. Citan, por ejemplo, en materia de seguridad, fiscales o incluso de Educación para evitar que los colegios se utilicen para celebrar una consulta ilegal. Ahora bien, desde el Gabinete popular insisten en que todas las actuaciones serán «proporcionales y ajustadas a la ley». Recalcan, asimismo, que no renuncian a la vía de la negociación y el diálogo, aunque hasta ahora los partidos independentistas no hayan respondido a la mano tendida. Y dicen que confían en no tener que llegar a ese escenario extremo porque la Generalitat atienda a los requerimientos judiciales o porque opten por la salida electoral. La convocatoria del referéndum sería inmediatamente contestada con un recurso ante el Tribunal Constitucional. Ayer, en el Congreso, el presidente del Gobierno recalcó que no se va a celebrar un «referéndum ilegal». Para ello habrá actuaciones ante el TC, ante los tribunales ordinarios y, por supuesto, «la aplicación de la Constitución en su conjunto». En la sesión de control en el Congreso, la vicepresidenta del Gobierno, Soraya Sáenz de Santamaría, tuvo un duro enfrentamiento con el portavoz de ERC, Joan Tardá. Santamaría esgrimió la Constitución frente al referéndum «ilegal» que pretenden llevar a cabo los partidos soberanistas en Cataluña, y subrayó que la Carta Magna ampara la democracia y «pone freno a los abusos de los gobernantes». La vicepresidenta acusó al portavoz de ERC de confundir a Cataluña con el independentismo. Mientras el Gobierno catalán elige a la CUP como interlocutor, el Ejecutivo de Rajoy tiene por interlocutor «a una sociedad catalana fundamentada en el derecho y que respeta los derechos fundamentales». «Tienen más fina la piel que la boca. ¿O quiere que todos demos un curso de urbanidad parlamentaria con el señor Rufián?», le increpó Santamaría ante las duras acusaciones de Tardá y su advertencia de que seguirán adelante porque tienen la mayoría en el Parlament.