Política

El desafío independentista

Puigdemont busca 80.000 voluntarios y ya tiene empresas para las papeletas del 1-O

En la licitación, por valor de 775.000 euros, la Generalitat evita mencionar el referéndum.

La diputada de la CUP, Eulàlia Reguant, reparte papeletas en el centro de Barcelona
La diputada de la CUP, Eulàlia Reguant, reparte papeletas en el centro de Barcelonalarazon

En la licitación, por valor de 775.000 euros, la Generalitat evita mencionar el referéndum.

El Govern ha apretado el paso con el referéndum. Tras el portazo del presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, a pactar la consulta, se han acelerado los anuncios y se van despejando las incógnitas. El presidente de la Generalitat, Carles Puigdemont, desveló ayer que a finales de junio dará a conocer los detalles técnicos de la votación, y avanzó que en su preparación prescindirán de los funcionarios. Hasta ahora, se les había situado en el centro de la logística electoral, convirtiendo al colectivo en uno de los principales elementos controvertidos del referéndum. Pero Puigdemont se encargó de desarbolar esta polémica al revelar que se acogerá a la Ley Orgánica del Régimen Electoral General(Loreg), que no precisa de funcionarios para llevar a cabo labores de coordinación. Puigdemont puso encima la figura de agentes electorales, que asumirán estas funciones. Para capacitarlos, anunció que se abrirá una bolsa para todos aquellos voluntarios que quieran colaborar y, previamente, recibir la formación adecuada. Según las cifras que estima el Govern, se requerirán 4.500 agentes electorales –en las elecciones al Parlament de 2015 se necesitaron 3.885 y en 2012, 4.834–. A estos se sumarían otras 75.000 personas necesarias para cubrir las mesas electorales. Mientras, y con vistas al referéndum de independencia del 1 de octubre, el pasado marzo, el departamento de Gobernación anunció un concurso para seleccionar a empresas que pudieran suministrar «el material necesario para la celebración de elecciones al Parlament» a pesar de que no había ninguna cita de estas características a la vista. Sí que figuraba en el horizonte, en cambio, la celebración de un referéndum. De esta manera, el Govern se ahorró una querella de la Fiscalía, que sí que actuó cuando la administración catalana anunció un concurso para la fabricación de urnas. Pues bien, Gobernación dio ayer un paso más al homologar a cuatro empresas para el suministro de cuatro lotes: sobres, papeletas, manuales de instrucción para las mesas electorales e impresos electorales. El precio de licitación asciende a 775.714 euros con IVA incluido. Para la fabricación de sobres electorales, la Generalitat ha homologado a Tompla Industria Internacional del Sobre, con sede en Madrid, y a Domènech Mirabet, que tiene las oficinas en L’Hospitalet del Llobregat (Barcelona). Para las papeletas, las dos homologadas son Formsystem Documentos Inteligentes (con sede en Madrid) e Impresiones Transkrit (Pasaia, Guipúzcoa), las mismas escogidas para el tercer lote, el del manual de instrucciones a los miembros de las mesas. En cuanto al lote de impresos electorales, la única homologada ha sido Formsystem Documentos Inteligentes. Con las finalistas ya escogidas, el Govern tan sólo tiene pendiente un último trámite para hacerse con el material electoral y es pedir el presupuesto final e inclinarse por la oferta más barata de las presentadas.

Este concurso, impecable aparentemente porque no incluye ninguna mención al referéndum ni deja abierta ninguna otra interpretación que no sea la de unas elecciones al Parlament, contrasta con el de las urnas, ya que la Generalitat abrió este suministro para «elecciones al Parlamento de Cataluña, consultas populares y otras formas de participación ciudadana». El departamento de Gobernación ha homologado también a dos empresas para bastecerse de urnas (Plastic Express y la UTE formada por Espai World y Suministros Integrales Futbida). La Generalitat licitó dos lotes, el primero de «urnas electorales transparentes» y el segundo de «urnas de cartón» por valor estimado de 184.000 y de 16.000 euros, respectivamente, lo que suma un importe total de 200.000 euros. Está previsto que la Generalitat resuelva en los próximos días esta adjudicación y se incline finalmente por uno de los fabricantes siguiendo también el criterio de la oferta más barata.