Huelgas

El Govern obliga a los funcionarios a recuperar las horas de la huelga del 3 de octubre

Los diferentes departamentos de la Generalitat aseguraron en su día que no tendrían descuento salarial en sus nóminas

Los bomberos el día de la huega/Reuters
Los bomberos el día de la huega/Reuterslarazon

El gobierno catalán ha comunicado a sus empleados públicos que tendrán que recuperar las horas no trabajadas en el "paro de país"del pasado 3 de octubre, pese a que en un principio les garantizó que la ausencia en el puesto de trabajo no supondría ningún descuento salarial en sus nóminas.

El gobierno catalán ha comunicado a sus empleados públicos que tendrán que recuperar las horas no trabajadas en el "paro de país"del pasado 3 de octubre, pese a que en un principio les garantizó que la ausencia en el puesto de trabajo no supondría ningún descuento salarial en sus nóminas.

El Govern ha comunicado a la plantilla que tiene un plazo de cuatro meses para recuperar las siete horas y media de jornada correspondientes al día 3.

En una nota informativa a la que ha tenido acceso Efe y que se ha colgado en el portal del empleado de la Generalitat (ATRI), el ejecutivo catalán informa de que el pasado 10 de octubre acordó "considerar justificadas las ausencias de personal al servicio de la administración de la Generalitat y de su sector público, que tienen carácter de recuperables".

"El personal de administración y técnico y el personal laboral (...) tiene que recuperar el tiempo de ausencia total o parcial, preferentemente una vez acabada la jornada diaria habitual en el plazo máximo de cuatro meses", señala el texto.

Esta decisión ha causado indignación entre los sindicatos mayoritarios de la función pública, que se quejan de que antes del "paro de país"la Generalitat les aseguró que estas ausencias no se contabilizarían y que, por tanto, serían similares a un permiso retribuido.

Los sindicatos lamentan asimismo que el ejecutivo catalán adoptara una decisión de este tipo en el consejo ejecutivo del pasado 10 de octubre y que no se haya dado a conocer hasta ahora.

Las fuentes consultadas critican que mientras el Govern "desobedece las sentencias del Tribunal Constitucional, hace caso al ministro (Cristóbal) Montoro", que advirtió a la Generalitat que descontaría la jornada de huelga a aquellos empleados públicos que hubieran secundado el paro.

En los sindicatos mayoritarios también hay estupefacción porque alegan que ese día hubo trabajadores interesados en acudir a trabajar, pero se encontraron en algunos casos el centro de trabajo cerrado o con dificultades de movilidad para llegar a ellos.

En una nota interna de UGT a la que ha tenido acceso Efe, el sindicato avisa que no permitirá "que se descuente un solo euro de las nóminas y que se intente obligar a recuperar estas horas".

"Se trata de otra prueba de la falta de respeto del Govern hacia sus empleados", afirma UGT, que exige al ejecutivo autonómico que "no intente menospreciar"a sus empleados ni "insultar su inteligencia".

El día del "paro de país", jornada en la que había convocada también una huelga general por parte de CGT y otros sindicatos minoritarios, la consellera de Trabajo, Dolors Bassa, justificó que el Govern hubiera dado facilidades a sus funcionarios para secundar el paro y acudir a las movilizaciones convocadas contra las cargas policiales del referéndum ilegal del 1 de octubre.

"Hoy no es un día de huelga, sino de paro nacional", afirmó entonces Bassa.

Los diferentes departamentos de la Generalitat permitieron a sus funcionarios que pudieran participar en este paro sin necesidad de un descuento salarial y sin que computara tampoco como ausencia en su puesto de trabajo.

Sin embargo, el Ministerio de Hacienda, que tiene intervenidas las cuentas de la Generalitat y que es el que tiene que dar el visto bueno al pago de la nómina a los funcionarios autonómicos, ya avisó que descontaría la jornada de huelga a los funcionarios catalanes.

Y es que el pago de las nóminas y el de otros servicios públicos básicos como sanidad y educación, entre otros, está actualmente en manos de Hacienda.

Efe