Política

Caso ERE

El interventor pide declarar para desmontar a los dos ex presidentes

Tacha de «indigno» que intenten eludir su responsabilidad

La Razón
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El ex interventor general de la Junta de Andalucía Manuel Gómez ha pedido públicamente declarar ante el Tribunal Supremo para «desmontar» la teoría de los dos ex presidentes. Tras conocer el contenido de la declaración judicial de Chaves y Griñán, el funcionario remitió ayer un comunicado en el que calificaba como «indigna» la conducta de ambos dirigentes porque habían basado su defensa «en tratar de desviar su evidente responsabilidad en el fraude hacia los interventores de la Junta de Andalucía». Gómez, imputado por Alaya, argumenta su petición en tres cuestiones. La primera, porque los dos ex presidentes «actúan embozados bajo el inicuo aforamiento». Además, considera que «es indecente desviar hacia los inferiores la responsabilidad por actos propios». «Y, en tercer lugar, porque las acusaciones están basadas en un cúmulo de invenciones que es preciso delatar».

El ex interventor general advirtió hasta en 15 ocasiones del uso irregular de las transferencias de financiación para el pago de las ayudas de los ERE. Pese a ello, los dirigentes políticos se escudan en que los avisos no les llegaron y que, en cualquier caso, debieron hacerlo en forma de Informe de Actuación, una especie de código rojo que debía alertar de menoscabo de fondos públicos.

La indignación de Gómez llega a tal punto que señala que «me siento tan avergonzado de ser andaluz que, si fuera legalmente posible, pediría de inmediato mi desnaturalización».

En sucesivas ocasiones, el ex interventor ha recurrido a comparaciones para ilustrar lo que, a su juicio, ocurrió durante más de una década en Andalucía. En su comunicado también lo hace y señala que «en el asunto de los ERE, el Gobierno de la Junta de Andalucía, con respaldo de la mayoría del Parlamento y asistiendo como espectador mudo la Cámara de Cuentas de Andalucía, actuó como el alcalde que decide apagar todos los semáforos de la avenida, con el presunto propósito de mejorar la fluidez del tráfico. Ahora, el alcalde niega que él apagara los semáforos y pretende desviar su responsabilidad por los muertos en accidente hacia la Policía de tráfico. Cuanto más insiste el alcalde en ello más parece que el motivo de la medida no fue la fluidez del tráfico, sino permitir la huida de los ladrones con más facilidad».

El comunicado acaba con una dura crítica a los ex presidentes y dice que «habrían necesitado un tutor que, como a los menores de edad, supliera su falta de capacidad y competencia».