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España / Operación Lezo

La compra de la empresa brasileña por parte del Canal fue «hipervalorada ficticiamente»

  • La investigación judicial apunta a que la compra de la empresa brasileña en 2013 por parte del Canal estuvo «hipervalorada ficticiamente» y generó «comisiones prohibidas» que fueron a parar a cuentas opacas de Suiza y otros paraísos fiscales

Ignacio González es trasladado desde la Comandancia General de la Guardia Civil en Tres Cantos (Madrid) a la Audiencia Nacional
Ignacio González es trasladado desde la Comandancia General de la Guardia Civil en Tres Cantos (Madrid) a la Audiencia Nacional
Efe

La investigación de la «operación Lezo» cifra en 25 millones de dólares (23 millones de euros) el quebranto patrimonial sufrido por las arcas públicas en la compra en 2013, por parte del Canal de Isabel II, de la empresa brasileña Emissao, una adquisición que el juez de la Audiencia Nacional Eloy Velasco, instructor de la causa, considera «hipervalorada ficticiamente». Así consta en la resolución en la que el magistrado ordenó el pasado jueves por la noche el ingreso en prisión, eludible bajo fianza, de la ex directora financiera y del que fuera gerente de la empresa regional de agua María Fernanda Richmond y Adrián Martín, respectivamente.

El juez Velasco aprecia varias irregularidades en esa operación, que se llevó a cabo «en contra de la opinión de auditores independientes», sin informes de secretarios técnicos ni interventores ni autorización de la Consejería de Hacienda de la Comunidad de Madrid, y en la que se produjo «el pago de comisiones prohibidas» que posibilitaron. Esos supuestos «desvíos de dinero público», explica el magistrado en su resolución, pasaban a cuentas bancarias opacas en terceros países, entre ellos Suiza según fuentes de la investigación, «con la consiguiente desaparición del patrimonio de la empresa pública madrileña» y «enriqueciendo injustamente» así a determinadas personas» que participaron directamente en estas gestiones o que se habrían lucrado a través de testaferros.

Tanto Inassa, la filial iberoamericana del Canal, como Canal Extensia (empresa privada participada por la sociedad madrileña de agua) invirtieron en 2013 esa operación 31 millones de dólares. A finales de ese ejercicio, el patrimonio neto de Emissao era de 10,2 millones de euros, pero sólo dos años después había descendido «hasta los (-) 5 millones».

Según el juez, María Fernanda Richmond (que era miembro del consejo de Administración de Canal Extensia), «en connivencia» con Edmundo Rodríguez Sobrino, ex presidente ejecutivo de Inassa –para quien Velasco acordó ayer el ingreso en prisión incondicional tras tomarle declaración– colaboró en la «premeditada sobrevaloración del precio de compra de participaciones de Emissao», así como en los sucesivos actos que hicieron posible el desembolso de dinero público que hizo posible esa adquisición que considera sobrevalorada.

El instructor del «caso Canal» enumera hasta una decena de presuntas irregularidades cometidas por los entonces gestores de la empresa pública. La compra de Emissao se llevó a cabo, reseña, sin autorización del Consejo de Gobierno de la Comunidad de Madrid y no respondió a «razones jurídicas económicas». Se adquirió, añade, a través de un entramado societario opaco y la adquisición prevista del 40 por ciento de la sociedad brasileña pasó a ser del 75% «sin autorización». Asimismo, en la operación –que no estaba incluida en el plan estratégico del Canal Extensia– se renunció a un aval de tres millones de euros para posibles contingencias «sin justificación alguna y sin autorización». No hubo tampoco, según ha revelado la investigación, ninguna valoración independiente ni visto bueno de la Consejería de Hacienda a esa adquisición, que debería haberse paralizado de forma «inmediata» a la vista del informe de la consultora KPGM. Por último, el magistrado apunta en su resolución que esa compra se pagó «a través de cuentas corrientes bancarias no autorizadas» y radicadas en paraísos fiscales.

Richmond, recuerda el juez, asistió a las dos reuniones del Consejo de Administración de Canal Extensia en las que se aprobaron «las propuestas de inversión efectuadas por Edmundo Rodríguez». Y a pesar de las «evidentes deficiencias legales y financieras», no puso objeción ni reparo alguno y dio su visto bueno a la inversión, aun sabiendo de al existencia del informe de KPGM que cuestionaba la viabilidad de la operación. En ese documento se advertía de «contradicciones a la baja» respecto a los cálculos de la valoración de la empresa brasileña efectuados por Rodríguez Sobrino, así como de la existencia de «potenciales riesgos que podían influir negativamente en su valoración».

Velasco entiende que la «especial formación» de Richmond como directora de Gestión Económica y Financiera de la sociedad matriz del Grupo Canal Isabel II «hace suponer» que el conocimiento que tenía del informe de la consultora debió llevarla a plantear las deficiencias del proyecto de compra de Emissao.

sospechas en rivas

Respecto al ex gerente de la empresa madrileña de agua, la resolución judicial recuerda que asistió a las dos reuniones del consejo de Administración de Canal Extensia en el que se aprobó la operación bajo sospecha. Asimismo, el juez Velasco hace referencia a que Adrián Martín otorgó poderes para representar a Canal Extensia en la compra de Soluciones Andinas, «aparentemente de forma indebida», a la sociedad Igmasa Management.

Del mismo modo, la investigación ha dejado al descubierto indicios de que el ex gerente del Canal de Isabel II «habría intervenido activamente en la manipulación de los procesos de licitación de un contrato publico de obras» en el municipio madrileño de Rivas Vaciamadrid, «dirigiendo y asegurando su adjudicación» a una sociedad del grupo empresarial Essentium, del que es consejera delegada la ex vicepresidenta económica del Fútbol Club Barcelona Susana Monje, que dimitió de su cargo en noviembre del pasado año.

El padre, de 90 años, en arresto domiciliario

La UCO sospecha que el ex presidente de la Comunidad de Madrid Ignacio González utilizó a su nonagenario padre, Pablo González Liberal, para blanquear las supuestas ganancias ilícitas obtenidas a través del Canal, informa Ep. Su progenitor se encuentra bajo arresto domiciliario –por su delicado estado de salud, pues precisa de una botella de oxígeno para respirar– a la espera de que los investigadores determinen el presumibles papel que jugó en el entramado con el que se habrían lucrado el ex presidente de la Comunidad de Madrid y otros miembros de su familia también detenidos en la «operación Lezo».

González Liberal fue secretario general técnico del grupo parlamentario del PP en el Senado tras las elecciones de 2004.

Además de Ignacio González, el pasado miércoles fueron arrestados su hermano Pablo y su cuñado,

José Juan Caballero, en ambos casos por su relación con la construcción del campo del golf en Chamberí, en el centro de Madrid, y tras una polémica venta de suelo propiedad del Canal de Isabel II.

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