Nacionalismo

El independentismo prepara su ofensiva final con un acto internacional

El Pacto Nacional por el Referéndum celebrará este acontecimiento en mayo para recabar apoyos del exterior

El presidente de la Generalitat, Carles Puigdemont, y el líder del Pacto por el Referéndum, Joan Ignasi Elena
El presidente de la Generalitat, Carles Puigdemont, y el líder del Pacto por el Referéndum, Joan Ignasi Elenalarazon

El Pacto Nacional por el Referéndum celebrará este acontecimiento en mayo para recabar apoyos del exterior

El independentismo prepara una ofensiva final. El agotamiento de los plazos fijados en la hoja de ruta obligan a los separatistas a acelerar e intensificar sus maniobras dirigidas a conseguir organizar el referéndum de autodeterminación, que el Govern y la CUP acordaron celebrarlo como máximo en septiembre. Por ello, el Pacto Nacional por el Referéndum –plataforma que aglutina a partidos y entidades por el derecho a decidir en Cataluña– anunció ayer un acto central con presencia internacional para mayo, en el que buscarán dar una exhibición de músculo para recabar apoyos y difusión en el extranjero.

Según explicó su coordinador, el ex socialista Joan Ignasi Elena, este acontecimiento todavía está por definir, aunque es previsible que se acabe celebrando en Barcelona.

Balance en mayo

El líder del Pacto Nacional por el Referéndum informó también que durante el mismo mes se volverá a reunir el pleno de la plataforma para analizar los avances que ha realizado en materia de adhesiones y difusión de la voluntad que tiene la Generalitat de organizar una consulta, que aseguró son «muy potentes» y detalló que son líderes de partidos europeos y algunos eurodiputados, aunque no concretó quiénes.

Una vez se lleve a cabo este balance, Elena precisó, en una entrevista en los medios públicos catalanes, que el conjunto de la entidad decidirá qué pasos se tienen que seguir, instante en el que se transparentará la falta de entendimiento que existe entre las distintas formaciones y entidades, así como la frágil transversalidad que representa el pacto. Y es que en ese momento confluirán las prisas de la CUP por agilizar el «procés», la contemporarización del Govern y los tiempos de los «comunes», que sostienen que el referéndum no tiene «fecha de caducidad».

En este punto, Elena alimentó también las desaveniencias al puntualizar que el plazo máximo de septiembre para celebrar el referendum es el «calendario político del Govern pero no es el del Pacto Nacional por el Referéndum». Los distintos partidos independentistas, en especial la CUP y el PdeCAT, vienen manteniendo una tensa pugna al respecto. Durante los últimos días, los anticapitalistas han arreciado con distintas acciones reivindicativas –como la distribución de 250.000 papeletas en distintos puntos de Cataluña–, y los neoconvergentes han tratado de sacudir la presión que se cierne sobre el Govern pidiendo que este tipo de debates se mantengan en privado para no «desgastar a la ciudadanía».

En este sentido, el presidente de la Generalitat, Carles Puigdemont, se mostró explícito el pasado miércoles en el pleno del Parlament y trató de frenar el impulso de la CUP con la fecha y la pregunta del referéndum al considerar que no debe ser algo que fije el gobierno catalán por «capricho» sino que debe surgir de un amplio acuerdo. En esa ocasión, el líder del Govern recordó que se debe dejar trabajar al Pacto Nacional por el Referéndum, e incluso, expresó su voluntad de recorrer «el camino de la consulta pactada con el Estado hasta el final, y más allá si cabe».

Este escenario desespera a los anticapitalistas, que vienen insistiendo en aparcar esta opción, e inciden en reivindicar el proceso de Escocia, al que desde todos los sectores del independentismo se ha tomado siempre como principal referente. Allí, la votación se convocó un año y medio antes de que se celebrase, mientras que en Cataluña se pretende votar, como máximo, en septiembre y todavía no se ha firmado el decreto de convocatoria, ni se ha concretado cuándo se hará. Tan solo existen indicios: la semana pasada, el vicepresidente, Oriol Junqueras, anunció la posibilidad de que se convocara en un plazo de dos meses.