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El servicio secreto del Govern espió a un sindicato de Mossos crítico

Documentos hallados por la Guardia Civil en el CESICAT acreditan actuaciones irregulares

  • Un agente de los Mossos en el Parlament en una imagen de archivo
    Un agente de los Mossos en el Parlament en una imagen de archivo / Reuters

Tiempo de lectura 4 min.

07 de diciembre de 2017. 04:14h

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J.M.Zuloaga 7/12/2017

La Guardia Civil, dentro de las investigaciones que realiza sobre la documentación que se incautó en los distintos registros de entidades de la Generalitat, ha encontrado una serie de datos que vendrían acreditar el espionaje que el CESICAT, el servicio secreto del Ejecutivo catalán, realizó sobre un sindicato de los Mossos d’Esquadra muy crítico con el Departamento de Interior.

Según han informado a LA RAZÓN fuentes de la investigación, el asunto se remonta a 2013, cuando el Sindicat de Policies de Catalunya (SPC) recibió del CESICAT la petición de datos sobre un supuesto ataque informático que habría sufrido por parte de terceros su página web.

Por la forma en que se realizó la petición (bastantes horas después de que se hubiera producido), la persona que lo hacía y otros detalles, en el SPC sospecharon que podría haberse tratado de una intromisión del CESICAT.

Como consecuencia de ello, la representación legal del sindicato, que ostenta el abogado José María Fuster-Fabra, presentó el año pasado (cuando se les tuvo como parte en la causa) una denuncia en los juzgados de Barcelona para que se citaran como investigados al director del Centre de Seguretat de la Informació de Catalunya (CESICAT) y a un responsable de seguridad del mismo, al sospechar que este organismo estaba detrás del ataque.

Durante la intromisión, los autores no lograron acceder al servidor central pero pudieron obtener información de afiliados que figuraban en el tráfico de datos de la página de internet.

Ahora, la Guardia Civil, y en concreto la Unidad de Policía Judicial, ha obtenido, gracias a la documentación que se incautó en el CESICAT, datos relevantes que podrían dar un impulso judicial a este asunto que supondría un auténtico escándalo.

Entre los documentos que se incautó la Guardia Civil, a los que ha tenido acceso LA RAZÓN, figura precisamente uno que acredita que el CESICAT tenía en marcha, cuando el «procés» fue abortado con la aplicación del artículo 155 de la Constitución, una serie de proyectos que incluían la censura, e incluso el cierre, de las webs que no fueran favorables al separatismo catalán.

Según un informe de la citada Unidad, entregado en el Juzgado número 13 de Barcelona, entre las actividades irregulares que pretendía acometer el CESICAT, dentro del proyecto secesionista, estaba la «de censura, solicitando la eliminación de páginas web de contenido no delictivo sin que, a priori, supusieran ninguna amenaza para la seguridad de los usuarios de la red, ni relacionadas con las actividades propias ni las tareas encomendadas normativamente al CESICAT».

Con ser grave esta labor, también tenían previsto el «control de las comunicaciones, mediante la interceptación de correos electrónicos». Las actuaciones de control de los ciudadanos incluían los «teléfonos móviles sin conocimiento de los usuarios de los mismos mediante el programa Cerberus». Asimismo, entre los planes figuraba el acceso a «bases de datos ajenas a la Administración catalana, sin contar, presuntamente, con permiso para ello». Por si no era poco, la creación de bases de datos propias que contendría aspectos personales no sujetos a regulación ni control».

De hecho, la creación y utilización de una base de datos de los ciudadanos es uno de los extremos que está investigando el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña en sus indagaciones acerca del referéndum ilegal del 9-M y «la posible ilicitud de la creación y uso de esta base de datos para la culminación del proceso de Transición Nacional».

El informe de la Guardia Civil subraya que una evidencia de que el CESICAT iba a ser un elemento esencial para «conformar la estructuras de Estado» es que recientemente fuera adscrito al Departamento de Presidencia.

«Es práctica común en los servicios de inteligencia, el estar más próximos a los cargos a los que han de facilitar la inteligencia necesaria para la toma de decisiones. Por tanto, es habitual que sus responsables tengan una dependencia al más alto nivel o con mínimos intermediarios. Así, de no estar bajo dependencia directa del presidente o primer ministro, suelen estar bajo dependencia de los ministerios de Presidencia, Defensa o Interior».

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