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El Supremo cita a Forcadell y apunta a una conspiración para la rebelión

Admite su competencia porque los hechos se proyectan «sobre el conjunto del Estado».

  • Forcadell, ayer, saliendo de la sede del Parlament
    Forcadell, ayer, saliendo de la sede del Parlament

Tiempo de lectura 2 min.

01 de noviembre de 2017. 03:15h

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Ricardo Coarasa 1/11/2017

La ex presidenta del Parlament Carme Forcadell y otros cinco antiguos miembros de la Mesa de la Cámara autonómica tendrán que declarar como investigados por los delitos de rebelión, sedición y malversación mañana y el viernes en el Tribunal Supremo (TS). Esos mismos días, a apenas 200 metros, también comparecerán en la Audiencia Nacional por los mismos hechos los integrantes del Govern, con Puigdemont a la cabeza, destituidos en aplicación del artículo 155.

La Sala de lo Penal del Tribunal Supremo acordó ayer la medidas tras declararse competente para investigar los hechos denunciados por la Fiscalía General del Estado contra Forcadell y los otros ex miembros de la Mesa: Lluís Maria Corominas, Lluís Guinó, Anna Simó, Ramona Barrufet y Joan Josep Nuet. El encargado de instruir la causa será el magistrado Pablo Llarena, ex presidente de la Audiencia de Barcelona y de la conservadora Asociación Profesional de la Magistratura (APM).

En la resolución de admisión a trámite de la querella –de la que ha sido ponente el magistrado Manuel Marchena, presidente de la Sala Penal– se apunta la posibilidad de que, a lo largo de la instrucción, se precise si los hechos investigados suponen la comisión de un delito de rebelión o de una conspiración para cometerlo. En este último caso –en el que las penas previstas son de siete años como máximo, muy lejos de los 30 previstos para el delito consumado de rebelión–, precisa el Tribunal Supremo, «los elementos del tipo» penal «no llegan a tener realidad, al no superar los conspiradores la fase propiamente preparatoria».

El Alto Tribunal defiende su competencia para instruir el procedimiento dado que el delito de rebelión «adquiere una incuestionable vocación territorial proyectada sobre el conjunto del Estado». Y es que cinco de los seis investigados (todos salvo Nuet, de Catalunya sí que es Pot) mantienen su condición de aforados, al ser miembros de la Diputación Permanente del Parlament. Ante el Tribunal Superior de Cataluña (TSJC) por hechos cometidos en territorio catalán y ante el Supremo cuando aquéllos se han realizado fuera.

De ahí que la delimitación geográfica de los hechos investigados en esa dinámica de la supuesta rebelión fuese determinante para dejar en manos del TS la investigación. El reparto de cometidos entre los investigados por rebelión, matiza el tribunal, «tolera contribuciones fácticas de muy distinto signo y, precisamente por ello, ejecutadas en diferentes puntos geográficos». En todo caso, añade, la existencia de una actuación fuera de España ya basta por sí sola para asumir la competencia.

El TS deja en manos del instructor de la causa la procedencia de incorporar la investigación del TSJ de Cataluña por desobediencia, malversación y prevaricación contra Forcadell que presenten «una naturaleza inescindible» con los que ahora asume.

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