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El Supremo rechaza un recurso de Garzón que pedía sacar a Franco del Valle de los Caídos

Desestima el recurso del exmagistrado y descarta que el Ejecutivo tenga que volver a pronunciarse sobre este asunto

Valle de los Caídos
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El Tribunal Supremo ha desestimado el recurso presentado por el exjuez Baltasar Garzón contra una solicitud denegada por el Gobierno en la que pedía trasladar los cuerpos de Francisco Franco y José Antonio Primo de Rivera del Valle de los Caídos a otro lugar.

La Sección Cuarta de la Sala de lo Contencioso-administrativo ha desestimado el recurso contencioso-administrativo interpuesto por Baltasar Garzón Real, Manuel Ollé Sesé y Eduardo Ranz Alonso en relación con la solicitud que habían presentado ante el Consejo de Ministros el 19 de noviembre de 2015 en ejercicio del derecho de petición, regulado en el artículo 29.1 de la Constitución española y en la Ley Orgánica 4/2001 de 12 de noviembre, y que fue contestado por acuerdo del Consejo de Ministros el 16 de septiembre de 2016.

Fuentes jurídicas han informado del fallo de la Sección Cuarta de la Sala de lo Contencioso-Administrativo que ha rechazado el recurso interpuesto por Garzón y los abogados Manuel Ollé y Eduardo Ranz contra la desestimación de la solicitud que habían presentado ante el Consejo de Ministros.

En aquel escrito, los juristas pidieron al Gobierno la reconversión del Valle de los Caídos en un "Espacio de Memoria", el traslado de los restos de Francisco Franco y José Antonio y que el Estado pida perdón a las víctimas de la Guerra Civil y la dictadura.

La solicitud, presentada en virtud del Derecho de Petición, coincidió con el 40 aniversario de la muerte de Franco, el 20 de noviembre de 1975, inhumado desde entonces en el Valle de los Caídos junto al fundador de Falange.

Reclamaba también al Ejecutivo la supresión de la simbología franquista y de los actos conmemorativos que se practican en el propio Valle de los Caídos y que, a su juicio, "pueden incitar al odio"

Pedir perdón a las víctimas del franquismo.

Además solicitaba la exhumación e identificación de los restos de las víctimas enterrados en la Basílica y la convocatoria de un acto público en sede parlamentaria, para que la autoridad competente del Estado "pida perdón a las víctimas del franquismo y a sus familiares como manifestación del pleno reconocimiento y reparación moral".

El escrito proponía la anulación y derogación de las normas de creación de la Basílica y de La Fundación de la Santa Cruz del Valle de los Caídos, que datan de 1940 y 1957 respectivamente, ya que contradicen la Constitución española y la Ley de Memoria Histórica.

Los juristas pedían la transformación del Valle de los Caídos en un Espacio de Memoria, donde las víctimas de la dictadura y sus familiares puedan ejercer su derecho a la verdad y a la reparación y también un lugar de identificación y homenaje de quienes se encuentran inhumados, con la publicación oficial de sus nombres.

Para ello, se solicitaba al Gobierno la aprobación de la dotación económica suficiente a cargo del Estado para la exhumación e identificación de los restos de las víctimas enterradas en el Valle de los Caídos.