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El Supremo investiga a la senadora «quitamultas»

La Fiscalía de Toledo ve indicios contundentes de prevaricación en la actuación de la alcaldesa de Corral de Almaguer y de su mano derecha

Sobre estas líneas, la vivienda de la alcaldesa y la colindante.
Sobre estas líneas, la vivienda de la alcaldesa y la colindante.larazon

Las andanzas de Juliana Fernández Cueva, la regidora de ese lugar de La Mancha llamado Corral de Almaguer, y de su fiel escudero Vicente González, el primer teniente de alcalde, han llegado al Tribunal Supremo. El pasado 4 de febrero, LA RAZÓN destapó que la responsable del Consistorio retiraba multas a su antojo «a personas del entorno familiar, de amistad o afinidad política». Así lo denunció ante la Fiscalía Especial contra la Corrupción un vecino que, harto de los desmanes de la regidora, aportó una lista con decenas de sanciones irregularmente archivadas. Entre ellas, al menos dos son de conductores que fueron cazados al volante duplicando la tasa de alcohol permitida. Asumieron su culpa y abonaron la multa, pero también pidieron perdón por su comportamiento y suplicaron al consistorio que se les eximiese de la retirada de los puntos porque los necesitaban para trabajar. La alcaldesa, cual caballero andante que desface los entuertos, decidió indulgentemente disculpar a los multados, que conservaron los puntos en el carné.

Son sólo un ejemplo. En la documentación que obra en manos de este periódico, la alcaldesa ha archivado sanciones por ruido a altas horas de la madrugada a una discoteca, por conducir mientras se habla por el móvil, por aparcar en zonas prohibidas como pasos de peatones, por alteración grave del orden público, por no llevar el cinturón puesto, por saltarse semáforos en rojo o señales de prohibido, por construir sin licencia de obras y por abrir un negocio sin licencia. Son multas condonadas que van de los 50 a los 500 euros, dependiendo de la infracción cometida. En total más de 7.000 euros que los vecinos afectados se han ahorrado tras alegar a la regidora con gran encarecimiento les hiciera tan grande merced y archivase las multas.

Tras la publicación de todos los datos, Fernández Cuevas, con lanza en ristre, arremetió en las redes sociales contra este periódico. Indignada, tachó de falsos los datos aportados y clamó su inocencia: «Tengo la conciencia muy tranquila, jamás he quitado una multa ni lo he pedido. Es falso que las denuncias se hayan archivado. Todas se han tramitado y ha sido el instructor (Vicente González) el que ha determinado en cada caso si las alegaciones y las pruebas eran suficientes o no, siguiendo el consejo de los agentes de la Policía Local». La regidora mintió. En la documentación a la que ha tenido acceso LA RAZÓN, los agentes del orden, cuando son preguntados, se ratifican en sus denuncias y, a pesar de ello, las sanciones son archivadas. También faltó a la verdad al escurrir el bulto sobre su primer teniente de alcalde, ya que la firma que consta en la base de cada denuncia sobreseída es la suya, la de Juliana Fernández Cueva. Y eso que su fiel escudero dio un paso al frente para defender a su hidalga y asumió las culpas: «El instructor de las multas soy yo y yo propongo y resuelvo los expediente. Todo lo que firma la alcaldesa no lo va a leer. Confía en las personas en las que ha delegado esa labor».

A pesar del intento de confundir molinos de viento con gigantes, el fiscal jefe de Toledo, Luis Ibáñez, tras estudiar meticulosamente, uno por uno, todos los expedientes ve claros indicios de prevaricación. El problema es que la alcaldesa del Partido Popular también es senadora por Toledo y por tanto está aforada. Es decir, que Fernández Cueva goza del derecho de ser juzgada por un tribunal distinto al que correspondería a un ciudadano normal. Por esa razón, hace menos de una semana la Fiscalía de Toledo envió su informe, amplio y contundente, al Tribunal Supremo, que es el órgano pertinente. No está claro si habrá tiempo de aquí al 24 de mayo, cuando se celebren las elecciones municipales, para que el Alto Tribunal solicite al Senado un suplicatorio y así sentarla en el banquillo acusada de prevaricación. Ella, en su entorno, insiste en su inocencia, mientras que Vicente González apela a su falta de estudios y reconoce que, a lo mejor, se puede haber equivocado. «Yo asumiré las responsabilidades que tenga y no me voy a echar a atrás. Muchas veces una segunda oportunidad causa mucho mejor efecto que una multa, que es la Ley, ya, por eso asumiré esa responsabilidad que es mía», explica en referencia a los conductores borrachos a los que no se les retiró los puntos del carné.

Algunos vecinos de Corral de Almaguer ya comentan que Fernández Cueva, la alcaldesa «quitamultas», no tendrá la misma suerte que alguno de ellos, ya que en el Supremo, en principio, no hay quijotes que retiren las sanciones a su antojo.

La regidora paga menos IBI

En el Boletín Oficial del Senado consta que Juliana Fernández Cueva posee una vivienda unifamiliar en Toledo. La adquirió el 6 de septiembre de 2000. Los datos los avala ella con su firma. Sin embargo, en el registro del Ministerio de Hacienda la casa que posee en Corral de Almaguer no aparece registrada. Consta que se trata de «220 metros cuadrados» de «suelo sin edificar». Dependiendo de si existe una vivienda construida o no, el Impuesto de Bienes Inmuebles es mayor o menor. LA RAZÓN ha tenido acceso a los pagos de este impuesto realizados por Juliana Fernández Cueva. En 2005, por ejemplo, desembolsó 39,26 euros; en 2006, 43,29; en 2008, 45,04 y en 2013, 69,60. Los vecinos de al lado de la alcaldesa, que poseen una vivienda de similar tamaño, pagaron 666,58 euros. Es decir, la regidora sólo cotiza, más o menos, un 10% de lo que le correspondería. Ya hay quien se pregunta, con cierta guasa, si en el Ayuntamiento se abrirá un expediente por esta razón y ella misma estimará sus propias alegaciones y firmará su archivo.