El Tribunal Constitucional suspende la Ley de Transitoriedad y la Hacienda catalana

El Pleno del TC ha admitido a trámite el recurso de inconstitucionalidad presentado por el Gobierno contra la ley de ruptura de Cataluña y llamada Hacienda catalana, lo que conlleva la suspensión de la vigencia de esta norma durante al menos cinco meses.

De nuevo por unanimidad, los doce magistrados del Tribunal Constitucional (TC) acordaron ayer admitir a trámite los dos últimos recursos planteados por el Gobierno contra la ofensiva soberanista: la Ley de Transitoriedad y el Código Tributario de Cataluña, que preveía la creación de una Hacienda propia tras el 1-O. Ambas normativas quedan suspendidas, por un periodo máximo de cinco meses (a la espera de que el TC resuelva al respecto), como ya sucedió con la Ley del Referéndum y los decretos de convocatoria y de organización del mismo, así como con la designación de los miembros de la Sindicatura Electoral, réplica fraudulenta de la Junta Electoral Central. Como quiera que la Abogacía del Estado, en representación del Gobierno, había invocado expresamente el artículo 161,2 de la Constitución, la mera admisión a trámite de los recursos acarrea esa suspensión.

El Pleno acordó también notificar de forma personal la suspensión cautelar de esa Ley de Ruptura –que marca los pasos hacia la pretendida república catalana tras el referéndum si vence el sí– tanto a Puigdemont y su Govern como a los miembros de la Mesa del Parlament, con la querellada Carme Forcadell a la cabeza, y de la Sindicatura Electoral de Cataluña, entre otros. A todos ellos se les recuerda la obligación de «impedir o paralizar» cualquier iniciativa que suponga hacer oídos sordos a la resolución del Alto Tribunal, advirtiéndoles de que pueden incurrir en responsabilidades penales.

El Pleno también dará traslado del recurso al Congreso de los Diputados, al Senado, a la Generalitat y al Parlamento de Cataluña para que formulen las alegaciones oportunas en el plazo de 15 días.

La Ley de Transitoriedad prevé convertir a Puigdemont en presidente de la hipotética República catalana tras el referéndum y poner en marcha una maquinaria de sustitución de la administración estatal por la del nuevo Estado. En su recurso, el Gobierno considera esta norma «el mayor ataque concebible a los valores de los estados democráticos de Derecho de los que España forma parte». Para la Abogacía del Estado se trata de una «aberración jurídica» que llega a calificar de delirante, pues entre otras disposiciones prevé que Cataluña se arrogue la posición de España en los tratados internacionales. Asimismo, contempla el indulto a los investigados, e incluso a los ya condenados, que hayan contribuido a «la creación de un nuevo Estado de manera democrática y no violenta».

Para los Servicios Jurídicos del Estado, el único objetivo de esta Ley de Transitoriedad es «destruir y aniquilar la Constitución, ignorando el poder constituyente, que es en última instancia el pueblo español». «Se está pretendiendo alterar la forma política del Estado español, que es la Monarquía parlamentaria que el propio pueblo español adoptó mediante la aprobación de la Constitución española de 1978», denunciaba la Abogacía en su recurso.