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El Tribunal de Cuentas acelera para embargar a Mas por los gastos del 9-N

El ex president y sus consejeros podrían tener que restituir hasta 5,1 millones al erario público.

Artur Mas, en un acto en el Ateneo de Madrid el pasado mes de marzo.
Artur Mas, en un acto en el Ateneo de Madrid el pasado mes de marzo.larazon

El ex president y sus consejeros podrían tener que restituir hasta 5,1 millones al erario público.

Dos años y medio después del 9-N y –lo que es más significativo– dos meses y medio antes del 1-O, la maquinaria del Estado se moviliza para determinar las responsabilidades en las que incurrieron los dirigentes de la Generalitat durante la consulta independentista celebrada en Cataluña en 2014. El Tribunal de Cuentas activó ayer el nombramiento de un instructor encargado de investigar si Artur Mas y algunos de sus consejeros deben restaurar al erario público más de cinco millones de euros que se gastaron en la celebración del 9-N. La ex ministra de Justivcia, Margarita Mariscal de Gante, titular del departamento segundo de la Sección de Enjuiciamiento del Tribunal de Cuentas, emitió ayer dos autos, uno para nombrar al delegado instructor y el otro para desestimar el recurso de revisión interpuesto por la Generalitat en el que se pedía, entre otras cosas, que la Abogacía del Estado no se personara en el procedimiento para determinar si había habido usos irregulares de fondos públicos. Abogacía y Fiscalía habían pedido que se nombrara un instructor y se investigara tanto al ex president Artur Mas como a su consellers Francesc Homs, Joana Ortega e Irene Rigau. La denuncia que hizo comenzar el proceso contra los responsables del 9-N fue interpuesta por Sociedad Civil Catalana, Acción Cívica y Cultural y por la Asociación de Abogados Catalanes por la Constitución.

Las asociaciones denunciantes especificaban los gastos asumidos por los organizadores de la consulta del 9-N que deberán ser restituidos al erario si así se considera oportuno una vez haya finalizada la investigación. La mayoría de estos gastos están relacionados con el soporte informático necesario para la realización de la votación secesionista del 9-N. Concretamente, la página web institucional rozó los 15.000 euros, el material para la votación ascendió a 70.000, el software utilizado como plataforma informática costó 1.100.000 euros y el envío de los datos más de 300.000.

La reacción de la Generalitat a la noticia correspondió a Jordi Turull, conseller de Presidencia y portavoz del Govern: «Intentan apagar el fuego con gasolina, pero nosotros hacemos un tsunami democrático y el agua no se puede parar», dijo el conseller desde Barcelona.