Estrangular el 1-0 sin ahogar a los catalanes

La batería de medidas que Cristóbal Montoro presentó ayer para controlar las finanzas catalanas tiene dos objetivos muy definidos: evitar que ni un solo céntimo de los presupuestos catalanes se destine a financiar el referéndum ilegal del 1-O y garantizar la prestación de los servicios públicos. Para lograrlo, Hacienda ha optado por convertirse en el pagador directo de estos servicios en esta comunidad. No deja sin recursos financieros a Cataluña. En lugar de hacer eso, lo que podría estrangular la economía catalana y afectar a sus ciudadanos, ha optado por asumir directamente el pago de los servicios públicos esenciales y las nóminas de los funcionarios y no entregar el dinero a la Generalitat para que sea el Gobierno autonómico el que realice los pagos. Para sufragarlos, tirará de los 1.400 millones que mensualmente el Estado transfiere a Cataluña en concepto de financiación autónomica. Para evitar la tentación a Puigdemont de buscar vías de financiación alternativas, también tutelará posibles emisiones de deuda a corto plazo, algo que no hacía hasta ahora. Además, para no dejar ningún flanco descubierto, Montoro ordena a la banca que informe de posibles operaciones tendentes a financiar el referéndum del mismo modo que da cuenta de operaciones de blanqueo de capitales.

Acuerdo de no disponibilidad presupuestaria.

El acuerdo de la Comisión Delegada de Asuntos Económicos (CDGAE) insta a Carles Puigdemont, presidente de Cataluña, a que, en el plazo de 48 horas desde la publicación del acuerdo en el BOE, adopte y comunique a Hacienda un acuerdo de no disponibilidad sobre el presupuesto de la Generalitat. De hacerlo, esto significa que todos los créditos presupuestarios no vinculados con servicios públicos fundamentales –sanidad, educación, servicios sociales y nóminas– quedarán congelados. La Generalitat no podrá realizar nuevos pagos de gastos que no estén ya comprometidos, excepto si afectan a servicios públicos esenciales. Excepcionalmente, Hacienda, a solicitud del Interventor General de la comunidad autónoma, podrá autorizar la revocación parcial de dicho acuerdo de no disponibilidad, si se justifica la concurrencia de razones de urgente y extraordinaria necesidad.

Hacienda paga las facturas

Para asegurarse de que ni un céntimo del presupuesto catalán acaba sirviendo para financiar el 1-O, Hacienda pagará directamente las facturas de esta comunidad. Según reza el acuerdo, la Generalitat deberá comunicar al Estado todos los pagos pendientes que afecten a los servicios públicos fundamentales, con la firma de la Intervención General certificando que esos gastos no financian ninguna actividad relacionada con el referéndum. Una vez recibida la información, el Estado no enviará nuevas transferencias a Cataluña para pagar esos servicios, sino que abonará directamente tanto las facturas de los proveedores, como las nóminas de los empleados públicos.

Control de la banca

Hacienda va a enviar a las entidades de crédito un aviso para que sus oficinas actuén contra el referéndum como lo hacen contra otras actividad delictivas como el blanqueo de capitales. Si detectan algún pago o transferencia relacionada con el referéndum del 1 de octubre, deberán comunicarlo al Ministerio Fiscal. Además, a partir de la entrada en vigor de la orden, cualquier pago de la Generalitat debe ir acompañado de un certificado de la Intervención General acreditando que el mismo no está relacionado con el 1-O.

emisiones de deuda bajo autorización

A partir de la publicación en el BOE del acuerdo de la CDGAE, todas las operaciones de endeudamiento de la Generalitat catalana requerirán autorización previa del Consejo de Ministros, incluso las operaciones a corto plazo, a pesar de que ya esté aprobado su Plan Económico Financiero. Hasta el momento, era obligatorio este permiso para las operaciones de endeudamiento a largo plazo de las comunidades autónomas acogidas al Fondo de Liquidez Autonómica (FLA) y las incumplidoras del déficit y de la regla de gasto.

Control electrónico de las facturas

Para garantizar un mayor control de las facturas de la Generalitat catalana, Hacienda ha decidido que todos los pagos pendientes de los proveedores de los servicios públicos fundamentales de Cataluña o entidades vinculadas o dependientes deberán presentarse y consultarse a través del punto de entrada general de facturas electrónicas de la Administración General del Estado (FACE). Se trata de aplicar el mismo sistema que se había venido utilizando con el FLA, con el que el Gobierno paga directamente las facturas de los proveedores de las comunidades autónomas y los vencimientos de deuda. Estas facturas se cargan a la plataforma FACE de Hacienda y los pagos son liberados por el Instituto de Crédito Oficial (ICO).