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La Hacienda catalana ni siquiera gestiona todos los impuestos cedidos

Puigdemont asegura que «estamos preparados para la independencia» y el Estado se apresura en desmontar su tesis

  • El conseller de Exteriores, Raúl Romeva, el Nobel de la Paz, Ahmed Galai, y el presidente de la Generalitat, Carles Puigdemont, ayer en Palau
    El conseller de Exteriores, Raúl Romeva, el Nobel de la Paz, Ahmed Galai, y el presidente de la Generalitat, Carles Puigdemont, ayer en Palau / Efe
E. Montalbán/ M. Espanyol.  Madrid/ Barcelona.

Tiempo de lectura 4 min.

05 de septiembre de 2017. 11:45h

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E. Montalbán/ M. Espanyol.  Madrid/ Barcelona. 4/9/2017

El Ministerio de Hacienda avisó ayer de que todos aquellos ciudadanos y empresas que ingresen los impuestos de ámbito estatal en la relanzada Agencia Tributaria de Cataluña (ATC) se enfrentarán a sanciones y incluso podrían ser perseguidos por un delito con la Hacienda Pública. El departamento que dirige Cristóbal Montoro lanzó esta advertencia después del nuevo despliegue del fisco catalán, presentado ayer por el presidente de la Generalitat, Carles Puigdemont, y el vicepresidente, Oriol Junqueras.

Pese a que los responsables de la Generalitat afirmaron estar preparados para asumir todos los impuestos estatales en el caso de una eventual independencia de Cataluña, desde el Gobierno consideran que la realidad revela que el Gobierno catalán «no se siente preparado» para esa circunstancia, habida cuenta de que ni siquiera ha asumido el control de todos los impuestos que podría gestionar por ley. Cataluña controla desde el pasado viernes algunos tributos cedidos por el Estado, como el Impuesto sobre Transmisiones Patrimoniales y Actos Jurídicos Documentados o el Impuesto sobre Sucesiones y Donaciones. No obstante, no gestiona el Impuesto Especial sobre determinados Medios de Transporte, pese a que podría hacerlo si quisiera.

Competencias

Hacienda recuerda que Cataluña es «competente» para gestionar sus propios tributos y los impuestos estatales cuya recaudación se cede íntegramente a las comunidades, al igual que sucede con el resto de autonomías. Sin embargo, asegura que «los deberes de presentar las declaraciones y de pagar las deudas tributarias sólo se tienen por cumplidos si se realizan en la administración tributaria competente. Si se presentan ante otra Administración, las declaraciones se tendrán por no presentadas y las deudas por no pagadas». En consecuencia, la Agencia Tributaria «podría iniciar procedimientos de comprobación, liquidar la deuda tributaria e imponer sanciones, así como iniciar el procedimiento de apremio para hacer efectivo el importe de la deuda. Además, «estas conductas podrían ser constitutivas de delito contra la Hacienda Pública», incluso en el caso de las personas jurídicas.

En el anunciado más de cien mil veces choque de trenes entre el Estado y la Generalitat, que llega esta semana tras cinco años de falsas alarmas tan importante son los hechos como la escenificación. A tres días de aprobar la ley del referéndum y siete de la Diada, los dos hombres fuertes de la Generalitat, el president Puigdemont y el vicepresident Junqueras, comparecieron en la sede de la ATC, para lanzar el siguiente mensaje: «Sea cual sea la voluntad de los catalanes el 1-O, en la administración catalana estamos preparados para el funcionamiento de un país normal». También para cobrar todos los impuestos que se pagan en Cataluña, unos 42.000 millones anuales, según Junqueras, una cifra que multiplica por 15 la recaudación de este año, y por 34 el dinero que se recaudó antes de empezar el despliegue de la ATC, en 2015.

A por el IVA y el IRPF

Estos millones salen de restar a la presión fiscal total de Cataluña, estimada en unos 75.000 millones, las cotizaciones sociales de los catalanes y los impuestos locales. Aunque dicen estar preparados para una eventual independencia, no saben responder cuánto tiempo necesitarían para recaudar impuestos masivos como el IVA y el IRFP, cuestión que debe negociarse con el Estado.

Esta puesta en escena coincidió con la culminación del despliegue territorial de la ATC, que pasa de tener cuatro delegaciones en las capitales de provincia a 19 oficinas, además de otras trece compartidas con entidades locales (diputaciones, consejos comarcales y ayuntamientos). También pasa a tener una plantilla de 700 personas, de las cuales 220 vienen de los registros de la propiedad con quien la Generalitat ha roto sus convenios de colaboración. Los registradores reclaman una indemnización.

El Gobierno no tardó ni una hora en replicar al desafío soberanista. Esta será la tónica de esta semana. Aunque además de querer recaudar todos los impuestos y prepararse para ser independiente, ya dispuesta para un plan b: una mejor financiación.

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