«Kantauri» ordenó asesinar a Ordóñez, según la Guardia Civil

Un informe que involucra a cinco ex dirigentes etarras puede reabrir la causa del atentado.

El 23 de enero de 1996, el entonces concejal del Partido Popular y teniente alcalde de San Sebastián, Gregorio Ordóñez, era asesinado con un tiro en la nuca cuando comía en el restaurante La Cepa de la capital donostiarra junto a otros compañeros de partido, entre otros, María San Gil. Como autores materiales del vil atentado fueron condenados los etarras Juan Ramón Carasatorre y José García Gaztelu, «Txapote», mientras que Valentín Lasarte lo fue como cooperador necesario, al haber facilitado la información para la comisión del asesinato. Sin embargo, no es nada descartable que otros miembros de ETA tengan que responder por esa acción criminal y, en concreto, cinco de sus miembros que formaron parte del «comité ejecutivo» de la banda terrorista: José Javier Arizkuren Ruiz, «Kantauri», Ignacio Gracia Arregui, Mikel Albisu Iriarte, «Mikel Antza», Julián Achurra Egurola, «Pototo», y Juan Luis Aguirre Lete.

Un informe de la Guardia Civil entregado al juez de la Audiencia Nacional, Santiago Pedraz, al que ha tenido acceso LA RAZÓN, les implica a todos ellos en el asesinato de Ordóñez, al haber participado «en la toma de decisión» de ese atentado como integrantes de la dirección de ETA. De forma muy especial, se apunta a «Kantauri» como uno de los principales responsables de esos hechos: «Las informaciones iniciales para atentar contra Alfonso Morcillo –sargento de la Guardia Municipal de San Sebastián– y Gregorio Ordóñez Fenollar fueron suministradas al “comando Donosti” de ETA desde Francia a través de José Javier Arizkuren Ruiz, «Kantauri», quien las habría hecho llegar a los integrantes del citado «comando» –los tres condenados– para que por parte de éstos fueran comprobadas y y verificadas, hasta obtener los datos suficientes para actuar contra ambos objetivos con el fin de causarles la muerte».

Una vez conocido el contenido del mencionado informe, la viuda y el hijo de Gregorio Ordóñez, Ana Iríbar y Javier Ordóñez Iríbar, respectivamente, han solicitado al juez Pedraz que cite a esos cinco etarras a declarar como imputados. El magistrado ha dado traslado a la Fiscalía de esa petición para que se pronuncie al respecto.

La Guardia Civil desmenuza a lo largo de un centenar de folios los indicios que avalarían la responsabilidad de «Kantauri» y los otros cuatro etarras, derivados, principalmente, de su pertenencia al «comité ejecutivo» de la banda, de quien salían todas las órdenes para la comisión de atentados: «Es en este reducido núcleo decisorio donde dimanan las instrucciones sobre qué acciones terroristas hay que cometer, en función de la estrategia a seguir en cada momento»

La decisión de atentar contra políticos se adoptó por la dirección de ETA después de la desarticulación de su cúpula en Bidart, en 1992. Un «boletín interno» de la banda de 1993 lo dejaba claro: «El día que vayan al funeral de un compañero de partido, cuando vuelva a casa, quizás piense que es hora de encontrar soluciones o quizás le toque estar en el lugar que estaba el otro, o sea, en caja de pino y con los pies por delante». En esa «dura estrategia» se encuadran como primeras acciones terroristas los asesinatos de Morcillo y Ordóñez. El atentado contra el dirigente del PP vasco fue especialmente «valorado» por ETA: «La acción contra Ordóñez demuestra el alcance político de la vía abierta y se ve que no es una acción de venganza». Los indicios apuntan a que fue Arizkueren, según la Guardia Civil, quien transmitió a los «liberados» del «comando Donosti», sobre los ejercía responsabilidad, la «orden expresa de materializar esa acción» terrorista.