El desafío independentista

La Fiscalía cifra la «violencia policial» en el 0,037%

La Fiscalía cifra la «violencia policial» en el 0,037%
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La Fiscalía de Barcelona niega que, como mantiene la Generalitat, la actuación policial el pasado 1-O fuese desproporcionada. En el escrito en el que se opone a la denuncia del Ejecutivo autonómico contra la Policía y la Guardia Civil por las cargas policiales, el Ministerio Público replica que los agentes actuaron en «cumplimiento de un deber» y, en algunos casos incluso en «legítima defensa».

En todo caso, el fiscal Juan Carlos Padín sostiene que las medidas adoptadas «en absoluto afectaron a la normal convivencia ciudadana», como asegura la Generalitat en su denuncia.

Del mismo modo, niega que se impidiera ejercer pacíficamente a las personas congregadas sus derechos a la libertad de expresión o manifestación, derechos que, recuerda, «se han de ejercer con respeto a la ley».

La Fiscalía recuerda que los ciudadanos que supuestamente acudieron a votar fueron, según los propios datos del Gobierno catalán, 2.262.424. Los heridos, «los más de ellos muy leves», recuerda, fueron 844. «Ello representa un 0,037% de individuos afectados por la presunta violencia leve policial», concluye. Y teniendo en cuenta que únicamente hay constancia de un herido grave, continúa, «ello representa un 0,000042% de individuos afectados por la presunta violencia grave policial».

Para la Fiscalía –que sí insta a investigar la intervención policial en el centro educativo Jesuitas de San Gervasio se produjo algún delito–, con esa denuncia de «carácter espúreo» la Generalitat quiere «poner el foco en la presunta violencia» de los agentes «para dejar en la penumbra el grave comportamiento» de Puigdemont y su Gobierno, que «irresponsablemente y conociendo perfectamente la ilegalidad» del referéndum del pasado domingo y la orden judicial impartida a las Fuerzas de Seguridad de impedir el acto «no dudaron en llamar a los ciudadanos a desobedecer y enfrentarse a las decisiones del Tribunal Constitucional, las órdenes del TSJC y la actuación judicialmente ordenada» de Policía y Guardia Civil.

«Nada más lejos de la realidad», afirma el fiscal, que sostener que los agentes actuaron de forma violenta y desproporcionada.