jueves, 25 mayo 2017
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España

La Fiscalía exige castigar a los testaferros y las «sociedades tapadera» en el Código Penal

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l rey Felipe VI y el presidente del Tribunal Supremo y del Consejo General del Poder Judicial, Carlos Lesmes (c), escuchan la intervención de la fiscal general del Estado, Consuelo Madrigal (i).
l rey Felipe VI y el presidente del Tribunal Supremo y del Consejo General del Poder Judicial, Carlos Lesmes (c), escuchan la intervención de la fiscal general del Estado, Consuelo Madrigal (i).
Efe

La Fiscalía General del Estado ha reclamado que el Código Penal sancione el empleo de testaferros, 'hombres de paja' y sociedades tapadera que no tienen generalmente otra finalidad que defraudar, "burlar" obligaciones laborales o encubrir actividades económicas ajenas o delitos de blanqueo de capitales.

El departamento, que dirige Consuelo Madrigal, propone en la Memoria de la Fiscalía General del Estado correspondiente a 2014 que se incrimine el uso de 'hombres de confianza' o sociedades interpuestas al considerar que se trata de una herramienta de "primer orden" en la lucha contra el fraude fiscal y la corrupción.

El Ministerio Público apuesta también por revisar las posibilidades de actuación de las acusaciones particulares y populares en el proceso, así como por limitar el régimen de recursos dada la utilización "indiscriminada" por parte de algunas partes.

En la actualidad, todas y cada una de las decisiones del juez instructor son recurribles y esto conduce a la "mala praxis" de algunas representaciones dirigida a plantear nulidades o solicitar pruebas "pintorescas" hasta "sepultar el procedimiento bajo un entramado de recursos".

"Sería preciso limitar el régimen de recursos, sin merma de las garantías procesales. Esto podría conseguirse si se regula una auténtica fase intermedia en que las partes puedan discutir si el material probatorio resulta suficiente para abrir juicio oral", recomienda.

SE NIEGAN A TRANSCRIBIR INTERROGATORIOS


La Fiscalía ha constatado además el "grave problema" de algunos juzgados que se niegan a transcribir actos de carácter oral en fase de instrucción, limitándose a entregar una copia de las grabaciones en DVD a las partes personadas y "negándose a levantar acta escrita de la diligencia".

En este sentido, pide que sea obligatorio transcribir determinadas diligencias y advierte de que esto agiliza los juicios, al leerse directamente los pasajes interesados y evitar las "frecuentes deficiencias" de los sistemas de grabación y reproducción.

Por otra parte, la Fiscalía analiza las "clamorosas" dilaciones que se producen en causas complejas y advierte de que su asunción por un solo juez, "ralentiza las investigaciones al tener que dedicar su tiempo a otros asuntos del mismo juzgado".

JUZGADOS POCO ESPECIALIZADOS


A su juicio, la falta de especialización en los juzgados ralentiza las investigaciones y contrasta con la que sí existe tanto en el Ministerio Fiscal como en las Fuerzas de Seguridad. "Las unidades policiales especializadas tienen una relación fluida con los Fiscales de su especialidad, por lo que cuando una investigación se inicia en sede de unas diligencias de investigación de la Fiscalía progresa de forma más rápida que cuando lo hace en un Juzgado de Instrucción", advierte.

Con todo, advierte de que la Administración de Justicia está empleando diariamente "considerables dosis de tiempo y energías" en tramitar asuntos que "nacen ya muertos", lo cual refleja un grado de burocratización "absolutamente desproporcionado".

En concreto, cifra en cuatro millones las diligencias previas incoadas anualmente en los juzgados, de las cuales un 15% se refiere

a "duplicidades" y otro 67% de los procedimientos acaba en archivo, "muchos de ellos incluso el mismo día de su incoación". Destaca que los juzgados tardan una media de 722 días desde que abren un sumario hasta que la Fiscalía formula su escrito de acusación, y concluye que "el objetivo de lograr una Justicia de calidad no debe confundirse con el de lograr una Justicia rápida".

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