miércoles, 26 julio 2017
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España

La Fiscalía investiga si el Govern obtiene datos ilegalmente

  • Las penas para el delito de revelación de secretos se elevan hasta los cinco años de cárcel

El presidente de la Generalitat, Carles Puigdemont, habla con el vicepresidente, Oriol Junqueras
El presidente de la Generalitat, Carles Puigdemont, habla con el vicepresidente, Oriol Junqueras
Efe

La Fiscalía no esperó ni un minuto para actuar. El principal responsable del Ministerio Público, José Manuel Maza, ordenó ayer a la Fiscalía del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña que abriese diligencias para investigar si las manifestaciones del ya ex senador de ERC Santiago Vidal se ajustan a la realidad, ya que, de verificarse esos extremos, sus responsables podrían haber incurrido en los delitos de descubrimiento y revelación de secretos. Nada más recibir esa orden, el fiscal superior de Cataluña, José María Romero de Tejada, dictó el correspondiente decreto para comenzar esa investigación y determinar si hay motivos para emprender una acción penal y, en su caso, contra quién o quiénes.

En este sentido, la Fiscalía entiende que las manifestaciones realizadas por Vidal, de confirmarse, «podrían suponer la comisión de diversos hechos delictivos». Así, el apoderamiento ilícito de datos reservados de naturaleza fiscal u otra índole por personas no autorizadas «supondría la comisión de un delito de descubrimiento y revelación de secretos». El primero de esos delitos está sancionado con penas que oscilan entre uno y cuatro años de cárcel y multa de 12 a 24 meses; mientras que el segundo conlleva inhabilitación especial para empleo de uno a tres años, además de multa.

Junto a ello, el Ministerio Público investigará también todo lo relacionado con la posible elaboración de trabajos de campo o dosieres, relativos a la afinidad ideológica del colectivo de jueces y magistrados ejercientes en el territorio de Cataluña con los postulados del independentismo,. En este caso, la Fiscalía adelanta ya que, en caso de existir tales dosieres y que en los mismos se hayan empleado datos obtenidos sin la debida autorización de sus titulares, se estaría ante la modalidad agravada del delito de revelación de secretos y sus autores podrían enfrentarse a penas de entre un minimo de tres años de cárcel y un máximo de cinco.

Todo ello, sostiene la Fiscalía del TSJ de Cataluña, sin descartar la posible comisión de otros delitos que se pudiesen derivar de otras manifestaciones de Vidal, en concreto, aquellas relativas a la posible existencia de acuerdos o entendimientos por funcionarios o autoridades de la Generalitat con estados extranjeros.

Desde la mayoritaria Asociación de Fiscales, su presidenta, Concepción Talón, destacó a LA RAZÓN que la actuación de la Fiscalía hay que enmarcarla «dentro de la más absoluta normalidad». Y ello, añadió, porque el Ministerio Público está obligado a investigar un hecho «nada más conocer que puede revestir indicios de delito», que es, precisamente, lo que ha sucedido en esta caso. Junto a ello, no le sorprendieron las manifestaciones de Vidal, ya que en otras ocasiones anteriores se ha expresado de forma similar en Cataluña.

Por otro lado, la asociación Jueces para la Democracia, a la que perteneció Vidal antes de que fuese suspendido de la carrera judicial –por haber colaborado, en su condición de juez, en la redacción de una posible Constitución para una hipotética república catalana– , se desmarcó de las manifestaciones del ya ex senador, a la vez que criticó las «salidas de tono» del mismo. «Santiago Vidal nos tenia acostumbrados a las salidas de tono, y pensábamos que ya no nos podría sorprender, pero «lo ha conseguido», señala la sección territorial de Cataluña de la mencionada asociación judicial.

«Listas inaceptables»

Por ello, añade al respecto JpD, «confiamos en que, como parece que ha pasado en otras ocasiones, sus palabras sean fruto de su fantasía, o de un afán de protagonismo y notoriedad». En todo caso, considera que «sería inaceptable que el Gobierno catalán confeccionara listas de juezas y jueces en función de la ideología de cada uno, y en particular de su proximidad o lejanía hacia las posiciones políticas que defienden la independencia de Catalunya, para depurar la carrera judicial, llegado el momento», es decir, si se comprobara las veracidad de las manifestaciones de Vidal.

Información confidencial para la Generalitat

La Agencia Tributaria Catalana (ATC) maneja los datos de los impuestos cedidos como Sucesiones y Donaciones, Patrimonio, Transmisiones y una parte del IRPF. Sin embargo,

no dispone de todos los datos del IRPF ni los de Sociedades. No obstante, la Agencia Tributaria Catalana no está autorizada a compartirlos con la Generalitat, por lo que de manera oficial no podrían acceder a esa información.

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