El fiscal pide 375 años de cárcel para los ocho acusados de la agresión de Alsasua

Solicita que indemnicen a los guardias civiles y sus parejas con 41.100 euros por las lesiones.

La Fiscalía de la Audiencia Nacional reclama para los ocho acusados de la agresión en Alsasua (Navarra) a dos guardias civiles y sus parejas, en la madrugada del 15 de octubre del pasado año, penas de entre doce años y medio y 62 años y medio de prisión. El fiscal José Perals imputa a siete de ellos cuatro delitos de lesiones terroristas y reclama por cada uno de ellos una pena de doce años y medio de cárcel, lo que eleva su solicitud de condena a 50 años de cárcel. De forma subsidiaria, reclama que se les imponga una condena a 18 años de prisión por los delitos de desórdenes públicos terroristas, atentado a agentes de la autoridad y cuatro delitos de lesiones.

El departamento que dirige Jesús Alonso solicita a la Audiencia Nacional la imposición de la pena más alta para Ohian Arnanz, 62 años y medio de cárcel en total, pues además de los correspondientes delitos de lesiones terroristas le atribuye otro de amenazas terroristas. Por contra, pide la pena menos grave para Ainara Urquijo, doce años y medio de prisión, por un delito de amenazas terroristas (es la única procesada a la que no atribuye ningún delito de lesiones).

Además, el representante del Ministerio Público solicita que los ocho acusados indemnicen a los guardias civiles y sus parejas con un total de 41.100 euros por las lesiones, secuelas y daños morales derivados de la agresión (la cuantía más alta, 16.100 euros, se solicita para la novia del teniente agredido).

La petición fiscal se produce después de que el pasado 1 de junio el Tribunal Supremo declarase competente a la Audiencia Nacional para investigar los hechos, en detrimento de los Juzgados de Instrucción de Pamplona (que plantearon el conflicto de competencias ante el Alto Tribunal) al tratarse de delitos de terrorismo.

En su escrito, el fiscal Perals enmarca lo sucedido en el «sentimiento de odio hacia la Guardia Civil» presente en un sector de la población navarra, que germinó hace más de 15 años, a finales de los años 90, en la campaña «Alde hemendik» (fuera de aquí) como expresión de una reivindicación histórica de la banda terrorista ETA. A pesar del cese de la «actividad armada» declarado por la organización criminal en octubre de 2011, recuerda la Fiscalía, tanto ETA como la izquierda abertzale «mantienen en la práctica las mismas reivindicaciones».

A partir de 2011, añade, se produjo un incremento de las acciones de «protesta, presión y hostigamiento» contra la Guardia Civil, en especial en municipios como Alsasua (donde cada año se celebra el «Ospan Eguna», Día de la Huída, convocado por el colectivo «Ospa Mugimendua»), Leiza y Estella, entre otros.

Respecto a los hechos, la Fiscalía recuerda que en la madrugada de ese 15 de octubre de 2016, los dos agentes y sus parejas fueron increpados cuando decidieron entrar al bar Koxka de la localidad navarra a tomar unas consumiciones. «Iros de aquí, que os vamos a matar por ser guardias civiles», les amenazó Arnanz según el fiscal. Después comenzaron a rodearles «al menos 25 personas» y comenzaron las agresiones, incluso «por la espalda». Mientras trataban de abandonar el bar, «fueron agredidos por una gran cantidad de personas» que formaron un pasillo, recibiendo «empujones, patadas y puñetazos». Ya en la calle, tres de los acusados (Unamuno, Cob, «que propinaba puñetazos, especialmente en la cabeza», y Goicoechea) agredieron a los dos agentes «con gran violencia y brutalidad». El teniente recibió «múltiples golpes en el suelo» al grito de «Cabrones, teníais que estar muertos, dale más fuerte al puto perro guardia». Al llegar una patrulla de la Policía Foral, comprobó que el teniente, tumbado en el suelo, «tenía la boca ensangrentada y se encontraba aturdido» y el sargento, aunque consciente, estaba «muy afectado y con magulladuras».