El fiscal pide 9 años de inhabilitación para Homs por desobedecer al TC el 9N

Considera «crucial» su participación en la organización de la consulta ilegal y que «era plenamente consciente» de la desobediencia

«El acusado Francesc Homs i Molist no adoptó la suspensión de ninguna de las actuaciones ni actos que se desarrollaban para la celebración de dicha consulta –la del 9-N– que dependían directamente del Departamento de la Presidencia del que era titular, impulsó activamente los trabajos preparatorios de la convocatoria, puso los servicios jurídicos de su Departamento a disposición del CTTI (Centro de Telecomunicaciones y Tecnologías de la Información) para ejercer acciones legales ante una eventual suspensión adoptada por empresas privadas, y, en definitiva, potenció, tras haber conocido la Providencia de suspensión dictada por el Tribunal Constitucional, el desarrollo del denominado “proceso participativo”».

Éste es uno de los argumentos principales que esgrime la Fiscalía del Tribunal Supremo en su escrito contra el actual portavoz del Partit Demócrata Catalá, para quien solicita una pena de nueve años de inhabilitación para el ejercicio de cargos públicos electivos en cualquier ámbito por los delitos de prevaricación y desobediencia, aunque presenta como alternativa rebajar esa inhabilitación a siete años y seis meses si el tribunal optara por sancionarle por ambos delitos de forma separada. Es un año menos que la condena que solicita el Ministerio Público para Artur Mas, quien será juzgado a partir del seis de febrero en el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña. Todo ello, sostiene el fiscal, lo hizo Homs desde la Consejería que presidía de forma «plenamente consciente», y a pesar de que era la «cabeza» de los servicios jurídicos de la Generalitat, se quebrantaba la suspensión de la consulta que había ordenado el Tribunal Constitucional.

Uno de los aspectos relevantes del escrito de acusación se centra en los trabajos desarrollados por la empresa T-Systems, encargada del dispositivo informático del 9-N tras ser encomendada para ello por el CTTI. En este punto, la participación de Homs resultó «crucial», ya que la empresa adjudicataria, tras conocer la decisión del TC, pidió por carta que se le informara si la realización de los trabajos informáticos imprescindibles para el 9-N quedaba afectada por la prohibición del Alto Tribunal. El fiscal destaca al respecto que fue el propio Homs quien, mediante una carta que remitió al CTTI, «legitimó e impulsó la continuación de los trabajos, señalando que no estaban afectados por la Providencia del TC, e inclusive llegó a poner a disposición del CTTI los servicios jurídicos de su departamento para el caso de que hubieran de ser ejercitadas acciones legales si T-Systems no desarrollaba tales trabajos, lo cual condujo a que los mismos prosiguieran y culminaran en los días sucesivos».

El fiscal indica en el escrito de conclusiones provisionales que se contrató los servicios del CTTI para el «apoyo al proceso de participación» por un total de 698.685,15 euros y que se pagaron 806.403,52 euros para la campaña de publicidad institucional. Además, apunta que se adquirieron 7.000 ordenadores portátiles preparados con los programas informáticos necesarios para la votación que se llevó a cabo.

En definitiva, concluye la Fiscalía del Supremo, la «concatenación de omisones y acciones» de Homs y la secuencia de actos jurídico-administrativos que de las mismas se derivaron, formalizados o no, por parte de funcionarios de su departamento, determinaron la total ineficacia de la orden de suspensión cautelar contenida en la Providencia que dictó el Tribunal Constitucional el cuatro de noviembre de 2014, lo que originó en que finalmente se celebrara la consulta cinco días después.

Una estrategia de desafío

Y es que el Ministerio Público no tiene dudas de que Artur Mas, Joana Ortega, Irene Rigau y Francesc Homs –entonces presidente de la Generalitat, vicepresidenta, consejera de Educación y de Presidencia, respectivamente– fueron los que «articularon de común acuerdo una estrategia de desafío completo y efectivo a la suspensión» que había acordado el Alto Tribunal y que conocieron el mismo día que lo decidieron, es decir, el cuatro de noviembre.

Así, Artur Mas, «amparado simplemente en su voluntad», actuó con plena conciencia y voluntad y dejó de suspender oficialmente la convocatoria que él mismo había efectuado, «incumpliendo la obligación que como convocante le atañía a raíz del mandato del tribunal, y se concertó con el resto de acusados, pese a ser conscientes de que la providencia del Tribunal Constitucional implicaba la privación expresa y consecuente falta de competencia del Gobierno de la Generalitat para celebrar el proceso de consulta».

Una vez conocido el escrito de acusación, Homs respondió al mismo a través de su cuenta de Twitter, donde acusó al Estado de haberse metido en un «callejón sin salida» con los procesos judiciales abiertos contra cargos soberanistas, con lo que demuestra tener «cada día menos cultura democrática». La presidenta del Parlament, Carme Forcadell, expresó también en Twitter «todo» su apoyo a Homs. «Poner las urnas no puede ser nunca un delito. El futuro de Cataluña lo decidiremos nosotros, no un tribunal».