La Fiscalía pide investigar a Homs por la consulta del 9-N

Atribuye nuevos delitos a Artur Mas: prevaricación y malversación de caudales públicos, que se suman al de desobediencia.

Artur Mas, Irene Rigau y Joana Ortega son, hasta ahora, los tres miembros del anterior Gobierno catalán que el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC) está investigando por su papel en la consulta soberanista del 9 de noviembre de 2014. Pero la lista podría ampliarse con otro nombre, el del ex conseller de la Presidència y ahora diputado en el Congreso, Francesc Homs. Así lo pidió ayer la Fiscalía de Cataluña en un escrito dirigido al TSJC en el que reclama que redacte un informe sobre la participación de Homs en el 9-N y lo eleve al Tribunal Supremo (TS), la instancia competente para los procesos que afectan a diputados del Congreso.

Según la Fiscalía, el departamento de Presidència que dirigía Homs continuó implicada en la organización de la consulta del 9-N tras la suspensión decretada por el Tribunal Constitucional y fue, de hecho, quien formalizó los contratos de las empresas informáticas que prestaron sus servicios para la votación.Los fiscales también quieren que se investigue a Homs para que dé explicaciones sobre algunos de los documentos que están incluidos en el sumario del 9-N.

El departamento de Homs también fue el encargado de contratar la propaganda institucional y el responsable de construir la base de datos «Invictus» –realizada con información del Servei Català de la Salut y el Registro de la Población de Cataluña–, la cual podría haberse empleado para fundamentar la votación del 9N.

Preguntado por su posible investigación, el ahora portavoz en el Congreso de Democràcia i Llibertat (DiL), Francesc Homs, dijo que «no entiende» por qué la Fiscalía pide después de 14 meses que le investiguen por la consulta del 9-N y se mostró convencido de que es porque los votos de su grupo pueden ser «determinantes» en el inicio de legislatura. «No creo en las casualidades, ni en que las cosas caigan del cielo, y veo una causa-efecto evidente y lógica, que es que soy el portavoz de un grupo que, en según qué circunstancias en el proceso de inicio de la legislatura sus votos son determinantes», consideró. Añadió que todo lo que se hizo por parte del Govern fue «no solo políticamente necesario, sino plenamente legal».

El fiscal sostiene además que el avance de la investigación contra el ex president, Artur Mas, la que fuera vicepresidenta, Joana Ortega, y la ex consejera de Educación, Irene Rigau, no solo ha confirmado el delito de desobedicencia que les atribuyó inicialmente sino que se amplía a otros nuevos: prevaricación y malversación de caudales públicos. Y ello porque se ha constatado que Mas «incumplió la obligación de dejar sin efecto la convocatoria y de cursar las órdenes para detener el procedimiento». Ortega «asumió el control público y la coordinación de todas las actuaciones» y Rigau «garantizó la apertura de los centros de enseñanza y facilitó los ordenadores a disposición de las mesas de votación». Para el Ministerio Público, los tres imputados se sirvieron de «las potestades propias de sus respectivos cargos» para permitir los preparativos «imprescindibles» del 9-N pese a la suspensión del TC. «Si bien es cierto que las votaciones fueron materialmente gestionadas por voluntarios, la instrucción ha revelado que sin los medios de la administración autonómica empleados antes y después de la suspensión cautelar, la votación no hubiera podido tener lugar en los términos pretendidos», concluye la Fiscalía quien acusa a Mas, Ortega y Rigau de los delitos de desobediencia, prevaricación y malversación de fondos públicos.