La Fiscalía pide al TC procesar a Forcadell por desobediencia

Insta al Alto Tribunal a que se actúe de «forma más intensa» y se abra la vía penal contra la presidenta del Parlamento catalán

A la presidenta del Parlament de Cataluña, Carmen Forcadell, se le comienza a complicar el panorama judicial. Su decisión de tramitar la iniciativa presentada por la CUP, que contó con el apoyo de Junts pel Sí, aprobada por la Cámara autonómica a finales del mes de julio, cuando existía previamente una decisión del Tribunal Constitucional que ordenaba que no se impulsara ninguna iniciativa sobre el «procés» y la desconexión con España, le puede costar caro. Si Ciudadanos le acusaba directamente de tener voluntad explícita de ignorar» la sentencia del TC de 2015 y el auto de julio de 2016, donde se expresamente se realizaba tal prohibición y se advertía, además, de las consecuencias de su incumplimiento, la Fiscalía no sólo viene a coincidir en ese criterio sino que, además, entiende que con su actuación ha podido incurrir en responsabilidad penal, según señalaron fuentes jurídicas.

Así lo sostiene el Ministerio Público en el escrito presentado ante el Tribunal Constitucional, en el que insta al Alto Tribunal a que dé traslado a los tribunales ordinarios, en este caso sería al Tribunal Superior de Justicia de Cataluña, para que sean éstos los que abran la vía penal contra la presidenta de la Cámara, por apreciar indicios de que incurrió en desobediencia a los mandatos del TC cuando tramitó la citada resolución soberanista del pasado mes de julio.

El 1 de agosto, el Alto Tribunal suspendió el citado acuerdo del Parlament y daba traslado al fiscal, a la presidenta y demás miembros de la Mesa, así como al secretario general de la Cámara, para que informaran las resoluciones que consideraran oportunas respecto a esos hechos, antes de que, en su caso, pudiera adoptar, por primera vez, las medidas previstas en el artículo 92.4 de la Ley Orgánica del Tribunal Constitucional, entre las que se incluyen multa, suspensión en sus funciones de las autoridades incumplidoras, requerir la colaboración del Gobierno para hacer cumplir sus sentencias o incluso «deducir el oportuno testimonio de particulares para exigir la responsabilidad penal que pudiera corresponder», si se constata que se ha producido un incumplimiento de sus resoluciones. Estas medidas fueron incluidas en la última reforma de la Ley regula el TC, la cual se encuentra recurrida ante el propio tribunal.

Además de considerar que se debe emprender la vía penal contra Forcadell, el Ministerio Público pide también una respuesta «más intensa» que sirva para proteger la autoridad del tribunal de garantías y evitar la desobediencia a sus resoluciones.

Este criterio viene a coincidir con el que expuso la Abogacía del Estado en el incidente de ejecución de sentencia que planteó, donde sí apreciaba que ya existían motivos más que suficientes para que el Ministerio Público analizara la conducta de Forcadell, a la que consideraba «personalmente responsable» de que el Parlament no acatara las dos resoluciones citadas del Tribunal Constitucional: «Es ya personalmente responsable de haber incumplido el auto de 19 de julio de 2016 del Tribunal, por someter a debate y votación, con pleno conocimiento, tanto la inclusión en el orden del día, como el sometimiento a votación de las conclusiones de la Comisión de Estudio del proceso constituyente», afirmaba al respecto los Servicio Jurídicos del Estado.

Por otro lado, la consellera de Presidencia de la Generalitat, Neus Munté, afirmó ayer que «sería muy grave que se instase una vía penal para excluir de sus funciones a una persona elegida por los ciudadanos y los diputados», en referencia a la petición de Fiscalía de abrir la vía penal contra la presidenta del Parlament, Carmen Forcadell, por su papel en la aprobación por parte de la cámara autonómica de las conclusiones de la Comisión de Estudios sobre la Independencia, según informa Ep.

En rueda de prensa tras el Consell Executiu, la portavoz del Govern insistió en que la Generalitat estará al lado de la Mesa del Parlament y de la presidenta Carmen Forcadell en las decisiones que tomen en su «justa y legítima defensa» ante el procedimiento abierto por el TC. «Apoyaremos su decisión; no ha hecho otra cosa que ejercer el sentido del parlamentarismo: facilitar el diálogo, debate y votación de unas conclusiones de una Comisión de Estudio del propio Parlament», aseguró al respecto, a la vez que destacó que hay una base razonable y suficiente para su defensa, apelando a la libertad de expresión y las funciones propias del cargo de la presidencia de la Mesa de la Cámara.