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Prisión para «Los Jordis» y libertad para Trapero

La juez acusa a los líderes de ANC y Òmnium de «apelar a la resistencia» con el fin de evitar la aplicación de la ley.

  • Los presidentes de la Asamblea Nacional Catalana, Jordi Sànchez, d., y de Òmnium Cultural, Jordi Cuixart, iz., su llegada hoy a la Audiencia Nacional. EFE/ Juan Carlos Hidalgo
    Los presidentes de la Asamblea Nacional Catalana, Jordi Sànchez, d., y de Òmnium Cultural, Jordi Cuixart, iz., su llegada hoy a la Audiencia Nacional. EFE/ Juan Carlos Hidalgo

Tiempo de lectura 5 min.

17 de octubre de 2017. 11:36h

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Ricardo Coarasa Madrid. 17/10/2017

La magistrada de la Audiencia Nacional Carmen Lamela acordó a última hora de ayer, a instancias de la Fiscalía, el ingreso en prisión, comunicada y sin fianza –por alta probabilidad de reiteración delictiva y destrucción de pruebas– de los presidentes de las entidades soberanistas ANC, Jordi Sánchez, y Òmnium Cultural, Jordi Cuixart, investigados por sedición, una medida que el fiscal Miguel Ángel Carballo solicitó también para el mayor de los Mossos, Josep Lluís Trapero, a quien la juez impuso finalmente medidas cautelares menos gravosas, como la retirada del pasaporte, la prohibición de salir de España y la obligación de comparecer cada 15 días en el juzgado, idénticas a las que acordó para la intendente de la Policía autonómica, Teresa Laplana, desoyendo la petición fiscal de enviarla a prisión bajo fianza de 40.000 euros.

En su resolución, Lamela enmarca el asedio a los agentes de la Guardia Civil durante los registros en la sede de la Consejería de Economía no en una «protesta ciudadana aislada, casual o convocada pacíficamente», sino dentro de «una compleja estrategia con la que desde hace tiempo vienen colaborando» tanto Cuixart como Sánchez, que ayer pasaron su primera noche en la prisión madrileña de Soto del Real. El papel de ambos en esos disturbios, añade, «cobra especial importancia» dado que participaron «activamente en la convocatoria» de las concentraciones del 20 y 21 de septiembre, «alzándose además como sus principales promotores y directores, manteniéndose al frente durante todo el día, llevando la iniciativa en una pretendida negociación con los guardias civiles, alentando y dirigiendo la acción de los congregados, incitándoles a permanecer en el lugar e impartiéndoles órdenes de la actuación a realizar en cada momento».

La instructora de la causa recuerda que las concentraciones frente a las consejerías catalanas, «unos hechos muy graves que revisten los caracteres de un delito de sedición», fueron convocadas por ANC y Òmnium no de manera pacífica, sino «para aturar (parar) a la Guardia Civil». Sánchez, añade, arengó a los congregados al grito de «que nadie se vaya a casa, será una noche larga e intensa» y Cuixart pidió que la concentración no se detuviera, llamando ambos, «subidos a un coche de la Guardia Civil», a la «movilización permanente». Actuaron, además, como «interlocutores», intentando negociar «al menos cinco veces» únicamente barajando opciones convenientes «para sus fines políticos» y no para disminuir los riesgos o desconvocar una concentración «que habían convocado y que estaba coaccionando e impidiendo a los agentes investigadores cumplir las órdenes del juez».

El fin último de esas movilizaciones impulsadas por ANC y Òmnium, recalca la magistrada, era «conseguir la celebración del referéndum y con ella la proclamación de una república catalana» pese a que eran conscientes de que desarrollaban una actuación «al margen de las vías legales».

El mayor de los Mossos tuvo más suerte. Se fue a comer con la amenaza de una petición de prisión incondicional solicitada por la Fiscalía pero, sólo unas horas después, Trapero abandonó la Audiencia en libertad. Lamela rechazó su ingreso en prisión, aunque además de las medidas apuntadas le obliga a fijar un teléfono donde pueda ser localizado y a designar a una persona a quien notificar cualquier citación judicial, advirtiéndole expresamente de que en caso de incumplir alguna de estas medidas, éstas podrán agravarse, «pudiendo llegarse a decretar su prisión provisional».

La instructora precisa que la investigación se ciñe por ahora a los altercados registrados el 20 de septiembre en la sede de la Consejería de Economía. Hasta el momento, por tanto, los acontecimientos anteriores y posteriores, que según un informe de la Guardia Civil se extienden hasta el 1-O, sólo se ha tenido en cuenta para indagar en «el ánimo que presidía la actuación de los investigados», pero no para delimitar nuevas imputaciones.

Según Lamela, la actuación de Trapero el 20 y 21 de septiembre «no aparece todavía suficientemente perfilada hasta el punto de poderle vincular en este momento a hechos tan graves», sin perjuicio, matiza, del rumbo que tome la investigación. La Fiscalía sustentó su petición de prisión tanto en la gravedad del delito (castigado hasta con 15 años de prisión, aunque la magistrada lo reduce a un máximo de diez, despojando de la condición de autoridad al jefe de los Mossos) y de los hechos que se le imputan, como en el riesgo de reiteración delictiva. El representante del Ministerio Público hizo hincapié en que no ordenó que se hicieran los pasillos necesarios para hacer llegar a los detenidos a la sede de la consejería ni tomó medidas a primera hora de la mañana para evitar que «la concentración evolucionara», así como tampoco aseguró la salida de la comisión judicial y de los agentes del edificio ni actuó para rescatar los efectos de los coches de la Guardia Civil, «en cuyo interior había armas».

Sin embargo, la juez subraya que las explicaciones ofrecidas por Trapero coinciden «en parte» con lo que declararon ayer como testigos dos guardias civiles que formaban parte del operativo y la letrada del juzgado. El mayor de los Mossos aseguró a Lamela que éstos «abrieron los pasillos» para que pudieran salir de la consejería, pero luego «no fueron utilizados en los momentos previstos». Del mismo modo, justificó que los agentes autonómicos no actuaran contra los concentrados porque «podría haber generado una grave alteración del orden público sin consecuencias prácticas».

Los referidos testigos declararon, lo que supuso un balón de oxígeno para la versión de Trapero, que «se fueron enviando unidades de mediación de los Mossos y también agentes de escolta que fueron los que finalmente acompañaron a la letrada de la Administración de Justicia en su salida del edificio». Uno de los guardias civiles señaló además a la magistrada que «a partir de las once de la mañana era ya imposible desalojar debido al número de personas que se había congregado en el lugar». Incluso, añadió, hora y media antes ya no podían «moverse ni dos metros».

La juez hace suyo el relato de los hechos de la Guardia Civil y recuerda que Laplana ignoró hasta siete peticiones de auxilio de la Guardia Civil entre las 9:15 y las 19:51, pero rechaza enviarla a prisión porque no le constan actividades anteriores o posteriores a esa fecha en la que la investigada «apoye o facilite la actuación de otras personas a favor del movimiento independentista» y no aprecia ni riesgo de que destruya pruebas ni de que vuelva a delinquir.

En descargo de Trapero, Lamela apunta que tras la petición de auxilio realizada por el Juzgado de Guardia, los Mossos adoptaron medidas para evacuar a los retenidos «a partir de las 00:00 horas». No obstante, los últimos agentes salieron a las siete de la mañana.

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