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La Fiscalía pide que el TS siga con la investigación a Chaves y Griñán

Chaves está imputado por un delito de prevaricación administrativa y renunció a su escaño al conocer que se pedía su suplicatorio
Chaves está imputado por un delito de prevaricación administrativa y renunció a su escaño al conocer que se pedía su suplicatoriolarazon

La posibilidad de que el Tribunal Supremo mantenga la investigación sobre los ex presidentes de la Junta de Andalucía Manuel Chaves y José Antonio Griñán, así como al ex diputado Gaspar Zarrías, además del José Antonio Viera, crece cada vez más. De hecho, la Fiscalía ya ha defendido esta tesis en un escrito remitido al instructor, Alberto Jorge Barreiro, según confirmaron a LA RAZÓN fuentes jurídicas. A Chaves, Griñán y Zarrías, el magistrado les imputa la presunta comisión de un delito de prevaricación administrativa, mientras que a José Antonio Viera también el de malversación de caudales públicos. En relación con Viera, la Sala Penal del Supremo pidió ayer, a través del presidente del citado tribunal, Carlos Lesmes, que curse al Congreso el suplicatorio para poder actuar contra él.

El Ministerio Público considera del todo punto «inescindible» la causa, es decir, que lo procedente es que el Supremo mantenga la competencia sobre todo el procedimiento, aunque en el mismo sólo esté imputado ahora un aforado, el ex diputado socialista y ex consejero de Empleo de la Junta de Andalucía José Antonio Viera.

Este criterio de la Fiscalía, según las citadas fuentes, es «coincidente» con el que mantendrá el instructor de la causa. Precisamente, Alberto Jorge Barreiro ya dejaba entrever esta postura en el auto donde mantenía la competencia del Supremo respecto a José Antonio Griñán, donde se sostenía que debía «ser investigado y enjuiciado, en su caso, en este tribunal, al resultar inescindible de los hechos que se le atribuyen a los restantes aforados».

Tal como señalaba el instructor en la exposición razonada donde instaba a solicitar los suplicatorios –en esos momentos eran diputados o senador–, tanto Chaves como Griñán y Zarrías «eran conocedores, al menos indiciariamente, de que se utilizaron partidas presupuestarias para subvencionar empresas, ya estuviesen sometidas a expedientes de regulación de empleo o para otros fines, y conceder ayudas sociolaborales, que no se ajustaron a la ley».

Una vez que reciba del Congreso el suplicatorio será el momento en que Alberto Jorge Barreiro tome la decisión que, según las fuentes consultadas, será la de mantener la investigación y el posible enjuiciamiento conjunto, aunque legalmente tampoco habría objeción para que la adelantase.

Esa resolución puede ser recurrida por las partes, lo que previsiblemente sucederá, ante una sala que, en estos momentos, está integrada por los magistrados Julián Sánchez Melgar, Andrés Martínez Arrieta y José Ramón Soriano.

No declarará la ex viceconsejera

Por otro lado, el magistrado instructor ha rechazado la petición de José Antonio Griñán de que cite a declarar como testigo a la ex viceconsejera de Hacienda Carmen Martínez Aguayo, quien fue su número 2 en la mencionada consejería.

En la providencia dictada por Alberto Jorge Barreiro se argumenta que ya consta en la causa una «extensa declaración» de Martínez Aguayo, la que prestó ante el instructor del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía que investiga la presunta responsabilidad en el fraude de los ERE de aforados autonómicos. Por ese motivo «no se considera necesaria la práctica de una nueva manifestación de la ex viceconsejera de Economía y Hacienda». En esa declaración ante el TSJ andaluz, Martínez Aguayo aseguró que nunca entregó ni habló a su jefe, Griñán, de los informes del intervención de la Junta de Andalucía que advertían de irregularidades en el sistema de dotación de las ayudas socio-laborales.