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La Guardia Civil descubre la «caja B» de UGT

La UCO considera que el sindicato se financiaba de manera «sistemática» con las ayudas a la formación que le concedía la Junta

  • La Guardia Civil recoge el material incautado tras el registro de la empresa CHAVSA en Sevilla
    La Guardia Civil recoge el material incautado tras el registro de la empresa CHAVSA en Sevilla / Efe
J. M. Zuloaga / F. M. / A. M..  Madrid/Sevilla.

Tiempo de lectura 4 min.

25 de junio de 2014. 00:57h

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J. M. Zuloaga / F. M. / A. M..  Madrid/Sevilla. 25/6/2014

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Los agentes de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil están convencidos, a estas alturas de las investigaciones, de que la Unión General de Trabajadores de Andalucía estableció toda una estrategia para configurar una caja «B» en el sindicato, con un montante que, de momento, no se ha podido determinar pero que se cree cuantioso, según han informado a LA RAZÓN fuentes conocedoras del asunto. Se trata de un paso cualitativo en la investigación, ya que los investigadores tratan de descifrar el funcionamiento de la contabilidad ugetista y el destino último del dinero acumulado a través de las facturas falsas o hinchadas que pactaban con sus proveedores de confianza y presentaban a la Junta de Andalucía para justificar subvenciones para formación de trabajadores y otros programas de carácter finalista.

La detención ayer por la Benemérita del que fuera vicesecretario general de Administración y Recursos de la Unión General de Trabajadores (UGT) de Andalucía, Federico Fresneda, que se encontraba en Canarias y cuyo domicilio en un céntrico barrio de Sevilla fue registrado, se considera como un paso importante en la investigación de la UCO sobre el uso fraudulento de los fondos destinados a la formación de trabajadores y a otros programas subvencionados por la Administración regional. Se trata de una persona de la absoluta confianza del que fuera secretario general del sindicato, Manuel Pastrana, y que ocupó varios puestos de responsabilidad en la organización entre 1998 y 2013, momento en el que éste dejó de ser secretario general y accedió al cargo Francisco Fernández, que dimitió cuando trascendió el escándalo. Los investigadores consideran que el caso terminará con la implicación, aún por determinar a qué nivel, de la Junta de Andalucía, Administración que debía vigilar el buen uso del dinero público concedido.

La segunda fase de la «operación Cirene» se desarrolló ayer en Sevilla, Jaén y Madrid y se saldó con otros trece detenidos y seis registros. El objetivo de los agentes era obtener información sobre la utilización fraudulenta de dichos fondos. De los arrestados, tres –incluido Fresneda– están o han estado relacionados con UGT y los otros eran empleados de empresas que o bien «engordaban» facturas sobre trabajos o suministros realizados al sindicato o bien expedían documentos que eran falsos, «de la primera a la última línea», ya que lo que figuraba no respondía a la realidad. Las fuentes consultadas por este periódico insisten en la gravedad del asunto que no debe quedarse en unas facturas ya conocidas –por muy llamativas que parezcan y que no dejan de ser el «chocolate del loro»–, sino de una estrategia diseñada para crear una caja «B» en la organización. El gasto en comidas o regalos serían sólo uno de los usos otorgados a esos fondos que libraba la Junta.

Las actuaciones realizadas por la Benemérita fueron ordenadas por el juez de Instrucción número 9 de Sevilla, Juan Jesús García Vélez, pero están íntimamente relacionadas con las investigaciones que desarrolla la magistrada del número 6, Mercedes Alaya, ya que ambos estudian los mecanismos de financiación del sindicato. La instructora del «caso ERE» impulsó en diciembre de 2013 la primera fase de la «operación Cirene» con el registro de la sede de UGT-Andalucía en la calle Antonio Salado de Sevilla, así como la del archivo del sindicato en Córdoba y de varias empresas satélites. La documentación incautada, junto a las declaraciones de los presuntos implicados que el Instituto Armado ha realizado con posterioridad, han sido claves para el caso. Asimismo, ha sido de capital importancia los expedientes que, tras reiterados requerimientos, la Junta de Andalucía entregó a la Guardia Civil el pasado mes de mayo sobre los mencionados cursos de formación. Entre la documentación suministrada a la Benemérita figuran justificaciones sobre ayudas a UGT y CC OO, entre otras organizaciones, durante el periodo 2007- 2013. La UCO aseguró incluso en un comunicado que han constatado que «este fraude se realizaba de manera sistemática año tras año, siendo perfeccionado en el transcurso del tiempo». Incluso consideran «que la vía más importante en la financiación de este sindicato podría haber sido esta presunta práctica ilícita».

Las empresas que fueron registradas ayer son las que supuestamente habrían realizado algunas de las facturas manipuladas o falsas a favor de UGT-A para justificar las subvenciones en la Junta de Andalucía. Entre estas entidades figuran la sociedad de mobiliario de oficinas Chavsa; Viajes Macarena y Lienzo Gráfico Impresores, las tres en la capital hispalense; KND de Jaén, que, suministraba material didáctico para los cursos de formación, y Siosa, en Madrid, dedicada a telefonía y proveedor de servicios del sindicato. LA RAZÓN ha documentado algunas de estas facturas imputadas a programas de la Junta y que sirvieron para pagar billetes de AVE o para comprar 40 cámaras de vídeo para la cúpula de UGT-A.

Los 14 detenidos pasarán a disposición judicial en las próximas horas. El magistrado encargado de la instrucción de esta parte de los procesos abiertos contra UGT mantiene el secreto del sumario. La investigación partió de la denuncia presentada por el sindicato Manos Limpias contra los responsables de UGT-A por falsear facturas para pagar pancartas y publicidad para la huelga general del 29 de septiembre de 2010 y para gastos de funcionamiento de dicho sindicato.

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