La Iglesia estará en la Ley de Transparencia

Los fondos públicos que recibe la Iglesia quedarán finalmente afectados por la Ley de Transparencia, Acceso a la Información y Buen Gobierno. El Ejecutivo ha estado estudiando qué instituciones deben entrar dentro de la nueva regulación.

Los fondos públicos que recibe la Iglesia quedarán finalmente afectados por la Ley de Transparencia, Acceso a la Información y Buen Gobierno. El Ejecutivo ha estado estudiando qué instituciones deben entrar dentro de la nueva regulación, en cumplimiento del mandato parlamentario del pasado Debate del Estado de la Nación, que se celebró el 20 y el 21 de febrero.

Entonces, el presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, presentó un paquete de reformas por la regeneración democrática. Y en la votación de las conclusiones del debate los grupos aprobaron una resolución por la que instaban al Ejecutivo a trabajar para encontrar la mejor fórmula para incorporar a la Ley de Transparencia, ya en tramitación, a los partidos políticos, las organizaciones sindicales y empresariales, y todas las entidades e instituciones que se financian especialmente a través de dinero público. De ahí nace la decisión de incorporar a la Corona, pese a no ser una Administración Pública y las dificultades jurídicas que esto implica.

En su disposición para no dejar margen a la duda sobre la voluntad de llevar hasta las últimas consecuencias el compromiso con la transparencia y la apertura de todo lo público a los ciudadanos, el Gobierno ha tomado la decisión de incluir también a la Iglesia en la Ley de Transparencia. Antes de actuar, pidió un informe jurídico sobre todas las instituciones que se financian significativamente a través de dinero público para saber con claridad el marco y las consecuencias de las decisiones adoptadas. La Iglesia es receptora y, como tal, quedará afectada por los nuevos controles, pero exclusivamente en lo que afecta a esos fondos públicos. La Iglesia recibe dinero de los Presupuestos Generales del Estado (PGE) para la conservación de sus centros religiosos, para colegios católicos y profesores de religión y a través de la casilla de la Declaración de la Renta (IRPF).

Esta misma semana, en una respuesta parlamentaria dirigida al PSOE, el Gobierno detallaba que la Administración General del Estado transfirió a la Iglesia en 2012 un total de 94,2 millones de euros para el gasto en profesores de religión católica. El Estado sólo paga el coste de los profesores de religión católica del nivel de Educación Infantil y Primaria de las comunidades de Andalucía, Aragón, Canarias y Cantabria. Además del correspondiente a su ámbito propio de gestión, como es Ceuta, Melilla y colegios del exterior. El año pasado el número total de profesores de religión católica para este ámbito fue de 2.953. Este capítulo será uno de los que queden bajo la órbita de la Ley de Transparencia. La Iglesia también recibe fondos públicos por otros conceptos como, por ejemplo, la asistencia religiosa católica en los hospitales o en centros penitenciarios. Para este último caso, la transferencia a la Conferencia Episcopal Española prevista en los Presupuestos Generales del Estado para 2013 es de 309.500 euros. En cuanto al personal que ejerce servicios espirituales dentro del Servicio de Asistencia Religiosa en las Fuerzas Armadas, hay 74 capellanes castrenses, 2 vicarios episcopales y 1 arzobispo castrense. En 2012, su coste fue de 471.823 euros.

El Gobierno entiende que en la obligación con la transparencia no caben excepciones y que la resolución aprobada por el Pleno del Congreso el pasado 26 de febrero, en el citado marco del Debate del Estado de la Nación, es muy clara en su mandato de extender el espíritu de la ley a todas las entidades e instituciones que se financian a cargo de los PGE. Este texto contó con el voto a favor de PP, CiU, UPyD, CC, PNV y UPN. PSOE e Izquierda Plural se abstuvieron. En el año 2006 el Gobierno socialista eliminó la aportación directa a la Iglesia. Además, el Episcopado se comprometió a justificar los gastos que realizara con los ingresos del IRPF y, siguiendo las exigencias de la Unión Europea (UE), paga el IVA en las compras de bienes muebles e inmuebles.