El desafío independentista

Lamela ordena investigar la vigilancia de los Mossos a políticos

La magistrada ha llamado a declarar como testigo el 14 de febrero al coronel de la Guardia Civil Diego Pérez de los Cobos.

El jefe de los Mossos d'Esquadra, Josep Lluis Trapero, a su salida de la Audiencia Nacional tras declarar ante la juez Carmen Lamela el pasado 6 de octubre.
El jefe de los Mossos d'Esquadra, Josep Lluis Trapero, a su salida de la Audiencia Nacional tras declarar ante la juez Carmen Lamela el pasado 6 de octubre.larazon

La magistrada ha llamado a declarar como testigo el 14 de febrero al coronel de la Guardia Civil Diego Pérez de los Cobos.

El coronel de la Guardia Civil y director del Gabinete de Comunicación y Estudios de la Secretaría de Estado de la Seguridad, Diego Pérez de los Cobos, deberá declarar el próximo día 14 ante la magistrada de la Audiencia Nacional Carmen Lamela, a fin de que pueda aportar luz sobre «quién ordenó y cómo se gestó la actuación de vigilancia a políticos relacionados con la preparación del referéndum que tuvo lugar el pasado 1 de octubre de 2017».

La petición de la declaración de De los Cobos había sido instada por la defensa del ex mayor de los Mossos d’Esquadra Josep Lluís Trapero –quien permanece en prisión provisional– y la intendente Teresa Laplana, ambos investigados por sedición. De los Cobos acudirá tres días antes, el próximo 11, al Tribunal Supremo, para declarar –también como testigo– ante el juez Pablo Llarena, quien investiga todo lo relacionado con el «procés» y el intento de secesión unilateral que pretendían los partidos independentistas del Parlament.

La magistrada admite esa petición, pero no por los motivos que pretendían los investigados, relacionados con el Plan de Actuación previsto por las Fuerzas de Seguridad para el 1 de octubre, toda vez que ya consta en la causa un informe detallado al respecto. En cambio, sí considera relevante que acuda a la Audiencia para que explique todo lo relacionado con las investigaciones a políticos que, de una forma u otra, tuvieron relación con el referéndum ilegal del pasado 1 de octubre. Y es que, como se encarga de recordar la magistrada, en la causa que instruye, «no se investiga la actuación de la Guardia Civil, sino la de Josep Lluís Trapero y Teresa Laplana».

Y es que, recalca la magistrada, lo que importa es saber «en concreto las órdenes que recibieron por parte de sus superiores para llevar a efecto lo ordenado por la autoridad judicial», es decir, si los Mossos, y los dos investigados como responsables de ese Cuerpo de Seguridad, conocían el contenido de las órdenes dictadas por el Tribunal Superior de Justicia o de la Fiscalía Superior de Cataluña» relacionadas con ese referéndum ilegal.

Por otro lado, Lamela tampoco ha aceptado la petición de las defensas de los dos investigados para que se proceda a realizar un nuevo informe o ampliación del que ya consta en la causa sobre «el Plan de coordinación de las Fuerzas y Cuerpos previsto para el 1-O».

En cambio, lo que sí ha acordado ha sido solicitar a los Mossos d’Esquadra el «Plan Operativo, conocido como disposición AGORA», es decir, el dispositivo previsto para la jornada del referéndum ilegal; el acta de creación de la «Comisión TIC» para la seguridad y protección de los miembros del Gobierno catalán y autoridades de otras instituciones; y que le informe sobre si esa comisión recibió, en septiembre y octubre del pasado año, el encargo de aplicar esas medidas de seguridad a determinadas personas, y que, en ese caso, especifique de forma concreta el nombre y los cargos de quienes fueron incluidos en ese plan de seguridad.

La juez Lamela pide a la División de Asuntos Internos de la Dirección General de la Policía un informe sobre la existencia de Información Reservada a los efectos de investigar actuaciones concretas e individuales de algunos miembros del Cuerpo de Mossos d’Esquadra, fecha de incoación, incorporación de vídeos a la misma, diligencias de investigación practicadas y su estado de tramitación.

Esta información debe ser completada, dice el auto, en relación al número de expedientes finalmente abiertos y resoluciones que hayan, en su caso, recaído.