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Trapero vuelve a la Audiencia y afronta posibles medidas cautelares

La juez destaca que los hechos ocurridos el 20 de septiembre y durante el 1-O no fueron "aislados" sino que forman parte de una hoja de ruta para la independencia en la que juegan un papel "esencial" la ANC y Òmnium Cultural.

  • Los presidentes de la ANC, Jordi Sànchez, y de Òmnium Cultural, Jordi Cuixart , a su salida de la Audiencia Nacional el pasado 6 de octubre
    Los presidentes de la ANC, Jordi Sànchez, y de Òmnium Cultural, Jordi Cuixart , a su salida de la Audiencia Nacional el pasado 6 de octubre

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12 de octubre de 2017. 02:54h

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Diez días después de declarar en la Audiencia Nacional por sedición, el mayor de los Mossos d´Esquadra tendrá que comparecer de nuevo en este tribunal. La magistrada Carmen Lamela le ha citado a declarar el lunes, al igual que a su intendente, Teresa Laplana, y a los presidentes de las entidades soberanistas ANC y Òmnium Cultural, Jordi Sánchez y Jordi Cuixart, respectivamente. El pasado día 6, la Fiscalía no pidió ninguna medida cautelar para dar tiempo a que las defensas de los investigados pudiesen analizar el informe de la Guardia Civil en el que se detalla su actuación desde el asedio a la Guardia Civil durante el registro en la Consejería de Economía el pasado 20 de septiembre hasta el 1-O. Con ese informe sobre la mesa –que señala a Trapero como el «brazo ejecutor» del plan independentista y destaca que Cuixart y Sanchez influyeron «de forma decisiva» en que se prolongase el acoso a los agentes–, es más que probable que finalmente el Ministerio Público solicite a la juez que acuerde alguna medida cautelar. Si la Fiscalía aprecia riesgo de fuga o de reiteración delictiva, y teniendo en cuenta la gravedad de las penas que conlleva el delito de sedición (castigado hasta con 15 años de prisión), podría solicitar desde la retirada del pasaporte y la prohibición de salir de España hasta comparecencias periódicas en el juzgado o, incluso, la prisión provisional incondicional o eludible bajo fianza.

El informe de la Guardia Civil sobre el que versará el interrogatorio a los cuatro investigados (en su primera comparecencia sólo Trapero accedió a contestar a las preguntas de la Fiscalía) concluye que el mayor de los Mossos actuó durante el 1-O «en conexión directa» con Carles Puigdemont y Oriol Junqueras y le atribuye la responsabilidad de la pasividad de los agentes autonómicos para impedir el referéndum. Una indolencia que atribuye a las presumibles órdenes que recibieron los Mossos «de no intervenir, incumpliendo la orden dada por la magistrada». Actuaron, denuncia la Guardia Civil, «en connivencia directa» con ANC y Òmnium, cuyos presidentes, sostiene, forman parte del comité estratégico, encargado de definir los objetivos para lograr la ruptura con el resto de España, en una «posición decisoria similar» a la de Puigdemont y Junqueras.

Poco antes de esa citación, Lamela se negaba a dejar en manos de los Juzgados de Instrucción de Barcelona la investigación por sedición a Trapero, Sánchez y Cuixart. La juez rechaza así las pretensiones de estos dos últimos y reafirma la competencia del tribunal para instruir la causa dado que, argumenta, en este caso la sedición atenta contra la forma de Gobierno al tener como objetivo «cambiar ilegalmente la organización del Estado».

Cuixart y Sánchez adujeron que el asedio a la Guardia Civil durante el registro de la sede de la Consejería de Economía el 20 de septiembre fue únicamente «una protesta ciudadana convocada pacíficamente» para protestar contra la actuación policial el 1-O, una explicación con la que según la juez sólo «pretenden justificarse». Pero la instructora no comparte esa versión y sostiene que, como apuntó la Fiscalía, la finalidad última de las movilizaciones era «conseguir la celebración del referéndum» para lograr «la proclamación de una república independiente de España», siendo conscientes los participantes de que llevaban a cabo «una actuación al margen de las vías legales impidiendo la aplicación del ordenamiento jurídico».

No se trata, como mantienen los investigados, de «un hecho aislado», sino que según Lamela, «se enmarcan dentro de una estrategia compleja con la que desde hace tiempo vienen colaborando» Cuixart y Sanchez «en ejecución de la hoja de ruta diseñada para llegar a obtener la independencia de Cataluña». Como hizo la Guardia Civil en un reciente informe remitido a la magistrada, ésta adscribe a ambos a un «comité estratégico» en el que su actividad, tras la aprobación de las leyes de desconexión y de la Ley del Referéndum, resultaba «esencial para dirigir todas las sinergias independentistas en una misma dirección que culminase con la movilización de toda la sociedad catalana» que comulga con las tesis soberanistas. Hasta el punto de que esa movilización «dirigida entre otros» por los máximos responsables de ANC y Òmnium Cultural debía ser, continúa, «de tal envergadura que pudiese arrastrar a la masa de indecisos hacia sus intereses independentistas».

La instructora recuerda que, frente a los congregados en la sede del departamento de Economía, Sánchez les instó a no irse a casa porque, dijo, «será una noche larga e intensa» (aunque la comisión judicial terminó los registros a las diez de la noche los últimos agentes no pudieron abandonar el edificio hasta las siete de la mañana). Ambos, subidos, a un coche de la Guardia Civil, «llamaron a la movilización permanente a favor del referéndum y en contra de las actuaciones para impedirlo».

Las defensas de los acusados argumentaron que todas las sentencias por sedición en España han sido dictadas por audiencias provinciales tras procedimientos instruidos por los juzgados del lugar donde se cometieron los hechos. Pero la magistrada insiste en que no todos los delitos de sedición son competencia de la Audiencia Nacional, sino únicamente aquellos que también atenten contra la forma de Gobierno. Y respecto a las sentencias esgrimidas por los abogados de Sánchez y Cuixart recalca que es «evidente» que los hechos juzgados (la irrupción ciudadana en un pleno municipal, una protesta en la Asamblea de Ceuta por un problema vecinal o la suspensión de la actividad del ayuntamiento por parte de un alcalde para sumarse a una huelga general) en ningún caso suponían «un ataque a la forma de gobierno».

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