La Ley de Seguridad Ciudadana sancionará con faltas muy graves las ofensas a España

La nueva Ley de Seguridad Ciudadana, que el Ministerio del Interior elevará este mismo mes al Consejo de Ministros, considerará como falta grave (salvo que por las circunstancias constituya el ultraje contemplado en la normativa vigente) las ofensas a España «de palabra, por escrito o de hecho», según han informado a LA RAZÓN fuentes conocedoras del asunto.

De esta manera, se cubre un vacío ya que, en ocasiones, las ofensas a España, a sus símbolos y la bandera, no eran corregidas por las circunstancias en que se habían producido. A partir de la aprobación de la nueva Ley, se castigarán como faltas muy graves.

Comunidades autónomas

En este mismo capítulo se incluirán las ofensas a las comunidades autónomas, entidades locales y otras instituciones.

Otra de las modificaciones que incluirá el proyecto de ley es la sanción como falta muy grave el escalamiento a edificios públicos y de interés histórico o artístico.

En los últimos tiempos, se han producido algunos hechos de este tipo, en el Congreso de los Diputados y otros edificios oficiales o religiosos de varias ciudades españolas.

La nueva Ley también sancionará los escraches a cargos públicos, la quema de contenedores y las protestas no comunicadas ante instituciones como el Congreso, el Senado o el Tribunal Supremo, según anunció esta misma semana el ministro del Interior, Jorge Fernández Díaz.

Subrayó, en este sentido, que el objetivo principal del nuevo texto legal es el de garantizar el libre ejercicio de los derechos y libertades de los ciudadanos, así como la protección de los agentes de las Fuerzas de Seguridad. A este respecto, se tipificarán mejor las conductas contra la seguridad pública y los agentes encargados de preservarla.

Fernández Díaz destacó la necesidad de tipificar como infracciones administrativas, leves, graves o muy graves, determinadas acciones, como la quema de contenedores o los acosos (escraches) que en los últimos meses han sufrido algunos políticos. Los organizadores que no comuniquen, tal y como recoge ya la Ley del Derecho de Reunión y Manifestación, las protestas ante instituciones del Estado, como las Cortes Generales y los altos tribunales, se enfrentarán a sanciones por una infracción muy grave que estará recogida en el nuevo texto legislativo.

Uno de los fenómenos que más preocupa a la sociedad es la actuación de los piquetes, falsamente autodenominados como «informativos», que irrumpen en las huelgas de sectores que afectan a gran cantidad de ciudadanos, para que no puedan funcionar los servicios mínimos establecidos. Se trata de un asunto que está de gran actualidad, por lo que ocurre estos días en la ciudad de Madrid, y que tan mala imagen da de la capital de España, no sólo a nivel nacional sino también internacional.

El proyecto de Ley, que conocerá el Consejo de Ministros en una de las reuniones que celebrará este mes, reformará el que está vigente desde 1992. El Ministerio del Interior lleva meses trabajando en el nuevo texto, ya que la realidad española no es la misma que la que había en aquel año.

Han surgido una serie de conductas, claramente antisociales, que afectan a la seguridad ciudadana, y, por ende, los agentes de las Fuerzas y Cuerpos de la Seguridad del Estado se han visto «sin armas legales» con las que proponer el castigo de este tipo de actuaciones, que quedaban impunes.