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«La ley del referéndum durará horas»

Los independentistas son conscientes de que la norma será frenada por el Estado por lo que el escenario que abre a partir de hoy es el de la insumisión y la desobediencia

  • La presidenta del Parlamento catalán, Carme Forcadell
    La presidenta del Parlamento catalán, Carme Forcadell

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16 de agosto de 2017. 04:51h

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Empieza el choque de trenes. Tras unos días de un cierto compás de espera desde finales de julio, hoy se reúne la Mesa del Parlament presidida por Carme Forcadell. Se espera que, en esta reunión habilitada de forma expresa, la Mesa de la Cámara catalana acuerde aceptar a trámite la ley del referéndum que será aprobada el 6 de septiembre, en el primer pleno de este periodo de sesiones. Será validado el trámite parlamentario por la mayoría independentista de la Mesa y, con toda probabilidad, puede tener el apoyo del representante de Catalunya Sí que es Pot, Joan Josep Nuet.

A partir de este acto, nada está escrito. De hecho, en esta convocatoria empieza el juego del despiste porque Forcadell no ha incluido, de momento, el debate de la ley en el orden del día. Nadie sabe cuáles son los movimientos del contrario y los movimientos de uno –independentismo– y otro –Estado– están sometidos a los que realice el adversario. Sólo se sabe que la temperatura política irá «in crescendo» hasta el 1 de octubre, y nadie descarta que se produzcan momentos de tensión. La gran partida de ajedrez se iniciará con la aceptación a debatir la ley del referéndum que, para el mundo secesionista, es la ley que ampara la celebración de la consulta.

El Gobierno puede recurrir la ley en el mismo momento de iniciar el trámite parlamentario o puede hacerlo cuando sea aprobada el 6 de septiembre. No está claro –como casi nada en este proceso– cuál será la decisión del Ejecutivo, que se muestra hermético en sus movimientos. Lo único que parece evidente es que el soberanismo, sea cual sea el momento elegido, aprovechará la suspensión de la ley para agitar la calle de cara a la celebración de la Diada del 11 de septiembre.

También habrá que estar atentos a los efectos colaterales de la suspensión. Es decir, si la presidenta del Parlament, o toda la Mesa, son inhabilitados. Los independentistas saben que «la ley del referéndum durará horas», por lo que se abre un nuevo escenario: la insumisión y la desobediencia al Constitucional y a la legislación actual. A partir de aquí, nuevo abanico de posibilidades. En el independentismo, hay quien defiende que éste es el momento de «plantar cara al Estado» y desobedecer. Los más radicales son partidarios de lanzar la gente a la calle, mientras que otros sectores consideran que «hay que preservar el objetivo final del 1 de octubre y si hay inhabilitación de Forcadell, se elige un nuevo presidente del Parlament».

Con la caja de Pandora abierta, el soberanismo seguirá actuando en la Cámara catalana presentando la última ley de desconexión que falta: La Ley de Transitoriedad Jurídica, la que según sus promotores, garantiza la legalidad del proceso y da cobertura «al paso de la legislación española a la catalana». La CUP quiere que se debata antes del 1 de octubre «para que todo el mundo sepa lo que vota», mientras que en Junts pel Sí hay diversidad de opiniones.

Además del rifirrafe parlamentario, el cruce de recursos, las inhabilitaciones, hay que prestar mucha atención a la movilización popular. Los independentistas quieren hacer una Diada que se convierta en una gran demostración de fuerza, pero saben que este pulso será efímero. La idea de organizaciones como la Asamblea Nacional Catalana, Òmnium Cultural y, sobre todo, la CUP quieren llevar a la calle la tensión política. «La desobediencia debe llevarse a la calle, porque sin la calle no nos haremos fuertes en la desobediencia», apuntaba hace unos días un dirigente radical. Ni Junts pel Sí ni el Gobierno de Puigdemont han dicho esta boca es mía sobre esta cuestión, pero no la descartan.

El presidente de la Generalitat se convertirá también en protagonista porque sus actuaciones lo pueden inhabilitar. Si esto sucede, el soberanismo tampoco tiene una posición común para reaccionar. En estos días de verano, éste ha sido el principal debate. ¿Qué hacer si inhabilitan a Forcadell? ¿Qué hacer, sobre todo, si inhabilitan a Puigdemont?

En Junts pel Sí, las posiciones son variadas, pero todas ellas miran de reojo a la CUP. La desconfianza va en aumento. Las acciones contra la turismofobia, el protagonismo de los cuperos por la manifestación ante el cuartel de la Guardia Civil de Barcelona, sus prisas a debatir la Ley de Transitoriedad, la presentación del cartel de la campaña como dardo contra el PDeCAT, y la exigencia de señalar quién estará o no en el gobierno de la Cataluña independiente, levantan suspicacias en las formaciones mayoritarias. «No nos fiamos y tenemos más que evidencias para no hacerlo», afirma un dirigente de JxS que no oculta su preocupación por el protagonismo de la izquierda independentista sino por el grado de virulencia de sus acciones en la calle.

Preguntados dirigentes independentistas sobre qué pasará en la calle, la gran mayoría se encogen de hombros. O no saben, o no quieren hablar. Sin embargo, existe preocupación porque eso de «llamar a la movilización, siempre es un arma de doble filo», apuntan unos, mientras que otros afirman que «es necesaria la movilización para respaldar la democracia». Los más prefieren situarse en la ambigüedad, aunque saben que el 1 de octubre, o incluso antes, la tensión va a saltar por los aires. La mayoría prefiere situarse en «hemos de saber gestionar el día 2». Lo único cierto es que empieza un choque de trenes lleno de interrogantes.

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