Caso Pujol

La maraña de «pelotazos» de Oleguer Pujol frena a la Fiscalía

Pide archivar la causa por blanqueo para una veintena de investigados

Anotaciones en la agenda intervenida a Oleguer Pujol (dcha.) en la que, según la UDEF, se reseñan «instrucciones» para el pago de comisiones
Anotaciones en la agenda intervenida a Oleguer Pujol (dcha.) en la que, según la UDEF, se reseñan «instrucciones» para el pago de comisioneslarazon

Pide archivar la causa por blanqueo para una veintena de investigados.

La Fiscalía Anticorrupción se ha topado con un muro infranqueable en la investigación de los siete supuestos «pelotazos» inmobiliarios de Oleguer Pujol. Casi dos años después de la detención del benjamín de la familia del ex presidente de la Generalitat Jordi Pujol, los fiscales del caso, Juan José Rosa y José Grinda, han pedido al juez de la Audiencia Nacional Santiago Pedraz el sobreseimiento provisional de la investigación por blanqueo respecto a las personas físicas y jurídicas denunciadas en su momento por Anticorrupción, más de una veintena según fuentes jurídicas, con excepción del propio Oleguer Pujol. En el escrito remitido al instructor de la causa, la Fiscalía justifica esta decisión en «las dificultades de reconstruir varias de las operaciones inmobiliarias objeto de investigación».

Los fiscales instan a Pedraz a inhibirse de la causa contra el benjamín de los Pujol Ferrusola a favor del juez de la Audiencia Nacional José de la Mata, que investiga la fortuna oculta en el extranjero de la familia del ex president y los negocios del primogénito, Jordi Pujol Ferrusola, «Junior». Según fuentes jurídicas, el magistrado acordará en las próximas horas esa inhibición, por lo que la «macrocausa» contra la familia Pujol quedará definitivamente en manos del juez De la Mata.

La Fiscalía argumenta en sustento de esa decisión que el dinero que invirtió Oleguer Pujol en las operaciones inmobiliarias bajo sospecha (entre ellas la compra en 2008 de 1.152 sucursales del Banco Santander por 2.177 millones de euros) «proviene de un lugar común a sus hermanos», que ya están siendo investigados por De la Mata (después de que éste aceptara la inhibición de la titular del Juzgado de Instrucción número 31 de Barcelona).

De hecho, un informe de la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal de la Policía (UDEF) del pasado 20 de mayo alertó de que «al menos diez transferencias» recibidas por Oleguer Pujol entre noviembre de 1992 y octubre de 1999 proceden de cuentas de su hermano Jordi. Esa cuenta andorrana del Andbanc, añade la UDEF, «se nutre de transferencias e ingresos en efectivo» que se producen principalmente de 1992 a 2000, por un importe total de 116 millones de pesetas (697.174 euros).

La decisión del Ministerio Público también afecta al ex socio del hijo de Jordi Pujol en Drago Capital, Luis Iglesias, cuya investigación por delito fiscal –despojada ya de un posible blanqueo– la Fiscalía se muestra partidaria de que asuman los juzgados ordinarios de Madrid.

Sin embargo, Anticorrupción sí solicita al magistrado que impute a dos hijos del empresario Javier de la Rosa, Gabriela y Javier –por el supuesto cobro, junto al hijo de Pujol, de 11,5 millones en comisiones en la operación de compraventa de las oficinas del Banco Santander («proyecto Brick»)–, a otros dos empresarios, José María y José Luis Villalonga, y a los ciudadanos holandeses Jacob Broers y John Willekes MacDonald, a quienes Anticorrupción considera «directamente responsables de la creación y/o uso de las sociedades que dan opacidad al cobro de comisiones del “proyecto Brick”».

Ayer mismo, Javier de la Rosa aseguró en un comunicado que percibió 2,6 millones en esa operación «como honorarios profesionales» a través del fondo de inversión Sun Capital y rechazó cualquier vínculo con los Pujol.

Según las fuentes consultadas, el juez Pedraz también remitirá a De la Mata la investigación abierta en octubre del pasado año a los hermanos Jordi, Pere, Josep y Oleguer Pujol, por tráfico de influencias y falsedad documental, por el cobro en el año 2007 de cuatro supuestas comisiones que suman 114.434 euros por parte del empresario andorrano José Manuel Sola.