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La república catalana nacería con 180.000 millones de deuda

Los catalanes perderían la mitad de sus ahorros al devaluarse hasta el 50% la nueva moneda.

  • El ministro de Hacienda y Función Pública, Cristóbal Montoro, con el vicepresidente de la comunidad catalana, Oriol Junqueras
    El ministro de Hacienda y Función Pública, Cristóbal Montoro, con el vicepresidente de la comunidad catalana, Oriol Junqueras
H. Montero. 

Tiempo de lectura 4 min.

19 de septiembre de 2017. 03:20h

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Una hipotética república catalana nacería con un lastre mayúsculo que asfixiaría su economía y estrangularía sus exportaciones. Para empezar, según los datos que maneja el Gobierno a los que ha tenido acceso este diario, la independencia acarrearía una losa de 180.000 millones de euros de deuda, la que le corresponde sobre la española de acuerdo al peso de su economía. Las complicaciones se extienden a todos los sectores y en todos los ámbitos. Desde el fuerte encarecimiento de la energía y su traslado no sólo a las facturas domésticas sino a las empresas con producción en Cataluña hasta el desempleo, que se doblaría, a tenor de estos mismos cálculos.

En un escenario que el Ejecutivo considera prudente, se produciría una caída de entre el 25% y el 30% del PIB catalán. Las empresas catalanas perderían su acceso sin aranceles al mercado europeo como consecuencia de la salida inmediata de la región española de la UE. Esto afectaría al 75% de las exportaciones catalanas, cuyo destino es la propia UE o aquellos países con los que la Unión Europea mantiene tratados de comercio, a los que las empresas catalanas tampoco tendrían acceso en condiciones ventajosas al salir del bloque comunitario.

La hipotética escisión provocaría un trauma a la economía de la región, que no sólo perdería el acceso a su principal mercado, el resto de España, sino que no podría negociar una salida por fases de la eurozona, como Reino Unido. La escisión unilateral generaría la automática pérdida de todas las ventajas del bloque comunitario. Ante este escenario, la fuga de empresas está más que cantada. Especialmente, las más grandes y con mayor implantación en la eurozona (es decir, en el resto de España y de la UE).

Aunque el ministro de Economía, Luis de Guindos, afirmó ayer en una entrevista con Carlos Herrera en la cadena Cope, que la deslocalización de empresas catalanas tiene «mucho más que ver con que Cataluña es una de las comunidades con los impuestos más altos más que con el debate de la secesión».

La ruptura afectaría también al sistema financiero de la hipotética república. Los bancos con sede en Cataluña saldrían automáticamente del eurosistema y perderían el acceso a la financiación del Banco Central Europeo. Los bancos con sede en esta comunidad deberían deslocalizarse y moverse hacia su principal mercado más próximo: el resto de España.

Como consecuencia de la salida de la unión monetaria, no sólo se produciría una reducción del crédito a disposición de las entidades financieras catalanas, que impactaría con fuerza en el consumo y la inversión, sino que la incertidumbre originaría una masiva fuga de depósitos.

Un escenario en el que el euro desaparecería del mapa. Cataluña debería acuñar moneda propia, con la consiguiente devaluación de la misma. Los depósitos bancarios catalanes deberían cambiarse a esa nueva moneda y la devolución de los intereses de la deuda catalana deberían afrontarse, asimismo, con esa misma divisa devaluada, entre el 30% y el 50%, según los cálculos realizados por el Gobierno, que apunta a una tasa de paro el doble que la actual por la caída de entre el 25% y el .30% del PIB.

«La independencia sería irracional, Cataluña quedaría excluida de la eurozona y de la propia Unión Europea. Sorprende que las autoridades catalanas no comuniquen eso. Los bancos se tendrían que ir y tendrían que crear su propia divisa. El empobrecimiento de la sociedad catalana sería brutal», zanjó ayer De Guindos.

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