miércoles, 23 agosto 2017
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España

La república catalana: valencianos y baleares podrían «nacionalizarse»

  • Un grupo de «expertos» entrega a Forcadell un texto que propone una presidencia a la francesa, la autodeterminación del Vall d’Aran y un estatus «especial» para el castellano, pero no la oficialidad

El presidente de la Generalitat, Carles Puigdemont (2d), acompañado de la alcaldesa de Barcelona, Ada Colau (d), el vicepresidente y conseller de Economía y Hacienda, Oriol Junqueras (i) y la presidenta del Parlament de Catalunya, Carme Forcadell (2i) el pasado día 3
El presidente de la Generalitat, Carles Puigdemont (2d), acompañado de la alcaldesa de Barcelona, Ada Colau (d), el vicepresidente y conseller de Economía y Hacienda, Oriol Junqueras (i) y la presidenta del Parlament de Catalunya, Carme Forcadell (2i) el pasado día 3

La independencia de Cataluña no parece particularmente cercana, pero su construcción virtual avanza a gran ritmo. Tanta es la velocidad que ya existe un borrador de Constitución de la presunta República catalana. Lo ha redactado la plataforma Constituïm y ya está en manos de la presidenta del Parlament, Carme Forcadell, que ayer recibió en su despacho a representantes de la entidad. El texto consta de 148 artículos y está condenado a provocar polémica, entre otras cosas porque sus autores lo han redactado con un ánimo de «facilitar el debate entre los ciudadanos, la interpelación y la provocación».

El borrador de Constitución dedica su artículo 13 a aspectos relacionados con la nacionalidad y contempla que valencianos y baleares puedan solicitar el pasaporte catalán gracias a sus lazos culturales. «Los ciudadanos de otros estados que tengan nexos culturales y lingüísticos comunes con Cataluña pueden optar por la nacionalidad catalana sin tener que renunciar a su nacionalidad, aunque el principio de reciprocidad no se reconozca en su Estado», dice uno de los enunciados.

A lo largo del mismo artículo se prevé la doble nacionalidad (catalana y española) aunque no se menciona de forma explícita: «La República catalana podrá concertar tratados o convenios de doble nacionalidad con todos los estados que reconozcan el principio de reciprocidad. En estos estados, los catalanes se pueden naturalizar sin perder su nacionalidad de origen».

En el terreno de la territorialidad también destaca el reconocimiento al pueblo del Vall d’Aran de un «régimen jurídico especial», así como el derecho a «la libre determinación».

Lengua de segunda

El borrador de la Carta Magna, que no ha sido asumido por ninguna formación política, también contempla los usos lingüísticos en la Cataluña independiente reduciendo al castellano a lengua de segunda y subrayando la primacía del catalán, cuyo fomento «debe extenderse por todo del mundo». «El catalán es la lengua nacional y oficial de Cataluña. Todos los catalanes deben conocer y tienen el derecho de usarla. Las instituciones públicas han de preservar la vitalidad y promover, proteger y desarrollar su uso en todos los ámbitos y sectores», dice el artículo 3. En este mismo apartado «se reconoce a la lengua castellana un estatus jurídico especial, como patrimonio cultural y de cohesión que hay respetar, garantizar y proteger», sin considerar su oficialidad.

El texto establece en una disposición transitoria una especie de concesión a los castellanohablantes residentes en Cataluña que no han podido ser escolarizados en catalán al haber nacido anteriormente a 1977. «El régimen jurídico de la lengua castellana debe respetar, garantizar y proteger los derechos lingüísticos de los catalanes que constituyan el nuevo Estado, nacidos antes del año 1977, a poder emplear oralmente y por escrito la lengua castellana ante las instituciones públicas», prevé el articulado con el ánimo de evitar las quejas de los españoles que emigraron a Cataluña en los 60 y los 70.

Presidente de la República

Los autores del texto constitucional proponen que la Cataluña independiente se organice de forma ejecutiva de manera semejante a Francia y escoja a un presidente de la República, que cumpliría la función de jefe de Estado con amplias competencias, tales como tener iniciativa legislativa, convocar elecciones y referendos, dirigir la política exterior y declarar el estado de alarma, entre otras facultades.

El presidente de la República sería, a la vez, el presidente de la Generalitat y, por tanto, le toca dirigir la acción política del Gobierno catalán y nombrar a los consellers. Su elección sería directa, y en consecuencia, no sería producto de los pactos en el Parlament. «El presidente es elegido cada cinco años, renovable una sola vez, mediante una circunscripción única en toda Cataluña», contempla el borrador. En todo caso, puede perder su cargo si el Parlament –que sería la única cámara del sistema– reúne una mayoría de «tres quintas partes». Así podrían forzarse elecciones para un nuevo president.

«Cascos azules»

La República catalana no contaría con Ejército, sino con un «Instituto Internacional de Paz y Tregua de Cataluña», cuya finalidad sería «la investigación, la formación , el desarrollo y la aplicación de métodos no violentos de intervención y de resolución de conflictos armados». La «Agencia Nacional de Seguridad y Defensa», por su parte, sería «la institución encargada de garantizar la seguridad y defensa de los ciudadanos y del territorio de Cataluña».

Un TC propio

La Constitución también prevé la arquitectura judicial de la República catalana y establece un Tribunal Supremo como «órgano jurisdiccional superior en todos los ámbitos jurídicos» y un Consejo de Garantías Constitucionales equivalente al TC.

El portavoz de la plataforma Constituïm, Jordi Domingo, aseguró a los periodistas que Forcadell recibió «magníficamente bien» su propuesta de Constitución y les garantizó que la remitirá a la comisión de estudio del «proceso constituyente» del Parlament.

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