domingo, 25 septiembre 2016
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España

España / Corrupción política

La UCO investiga a altos cargos del PSOE, Compromís y Esquerra

  • Tres miembros de la Diputación de Valencia tendrán que declarar ante la Guardia Civil

Emili Altur, de Compromis y J. Manuel Orengo, del PSPV
Emili Altur, de Compromis y J. Manuel Orengo, del PSPV

El «caso Imelsa» no ha hecho más que comenzar y es posible que la denominada «operación Taula» se reproduzca en otros consistorios de la provincia de Valencia, de tal forma que el trabajo de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil que se ocupa de este caso podría alcanzar a unas trescientas personas, entre las que se incluyen Corporaciones locales enteras.

Uno de los ayuntamientos que está bajo sospecha es el de Ontinyent, y es muy probable que su alcalde y presidente de la Diputación de Valencia, Jorge Rodríguez, deba pasar también por el acuartelamiento de Patraix para dar explicaciones. Las pesquisas realizadas y que se llevan a cabo en la actualidad en ayuntamientos de la provincia afectan a concejales de todos los colores políticos.

La minuciosidad de la investigación policial es tal que se han detectado otras irregularidades que a priori no se buscaban y que podrían afectar a otras empresas de la Diputación, como el caso de Egevasa.

En el día de ayer comparecieron ante los medios de comunicación el presidente de la Diputación de Valencia, Jorge Rodríguez; la vicepresidenta, María José Amigó y los vicepresidentes tercero y cuarto, Emili Altur y Rosa Pérez.

Dieron explicaciones sobre la citación para declarar ante la Guardia Civil como investigados policialmente tanto Altur y Pérez como los socialistas José Manuel Orengo y Raúl Pardo, alcalde de Gestalgar. La imputación del también socialista Toni Gaspar, que se da por segura, no se había producido ayer.

El presidente Rodríguez mostró su «sorpresa e indignación porque sabemos que son inocentes y que han dado un paso al frente para denunciar la corrupción».

En cualquier caso, todos los nuevos investigados han sido retirados cautelarmente de sus funciones en la Diputación y han puesto sus cargos a disposición de sus correspondientes partidos. En el caso de los socialistas, fue el secretario de Organización, Alfred Boix, el que les exigió que lo hicieran. La diputada de Esquerra Unida, Rosa Pérez, dijo sin embargo que no iba a dejar sus funciones y se mostró indignada con su citación. El presidente Rodríguez señaló también que, si tras prestar declaración ante la Guardia Civil se mantuviera su imputación y tuvieran que dar explicaciones ante el juez (al igual que pasó con los ediles del PP) las medidas serían más severas, «pero no estamos ahora ante esa tesitura» Emili Altur, diputado de Compromís, mostró su perplejidad y señaló que pensaba que era una broma cuando le llamaron. Altur dijo que «sé que mi partido me apoyará pero creo que debo suspender mi presencia pública». Sin duda, la más indignada era Rosa Pérez. Explicó que no era casual lo que estaba pasando, y que ya había tenido cinco denuncias, «pero no me van a parar».

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