La última baza de Mas: movilizar la calle contra España

«Necesito salvar los muebles», confesó a Colau implorando su ayuda para una gran manifestación en la Diada con la que redoblar su pulso al Gobierno

Ahogado por la crisis económica tras una gestión desastrosa y salpicado por la corrupción que atenaza a su partido, Artur Mas decidió «echarse al monte». Es el análisis que hacen sectores políticos y empresariales de Cataluña, cada vez más alarmados ante la deriva de los acontecimientos. Una vez cerrada la lista única, plagada de divergencias como bien ha puesto de relieve quien la encabeza, el antiguo comunista y hoy ferviente separatista Raúl Romeva, el presidente de la Generalitat planifica su último desafío al Estado: la manifestación de la Diada el 11 de septiembre, previa a las elecciones del 27-S, que persigue sea gigantesca y un pulso total hacia Madrid. Ahí se la juega y por eso imploró la ayuda de Ada Colau. Según fuentes municipales, en su reciente encuentro el propio Mas se lo confesó a la alcaldesa de Barcelona: «Necesito la calle para salvar los muebles».

Fue entonces cuando la antigua activista antideshaucios, defensora de los pobres y desvalidos sintecho, olvidó los casos de corrupción que se ciernen sobre Convergencia, empezando por el embargo de su propia sede, expresó su entusiasmo por el derecho a decidir y se declaró «anfitriona» de la manifestación. Una movilización a la que Mas se agarra como un clavo ardiendo, bajo los resortes de la Asamblea Nacional de Cataluña, Òmnium Cultural y demás organizaciones independentistas, como prueba de su desafío al gobierno de la Nación. Como aquel «Ja soc aquí» de Josep Tarradellas, el ahora presidente arenga a las masas, destruye a su partido y se erige en un nuevo mesías para gritarle a Mariano Rajoy: «Yo también estoy aquí y soy el salvador de Cataluña». La comparación no se resiste. Tarradellas fue un estadista y Mas es un político mediocre al borde de la legalidad.

Dirigentes políticos y del empresariado catalán coinciden en que la realidad es muy distinta. Las tensiones dentro de la lista única persisten y Mas ha tenido que ceder puestos para contentar a ERC y a sus socios secesionistas. A duras penas consiguió colocar en el número ocho a su actual vicepresidenta, Neus Munté, en un pugilato con la republicana Marta Rovira. Al final, tras una discusión con Oriol Junqueras, Munté desplazó a Rovira al nueve a cambio de incluir otros nombres de Esquerra en las candidaturas locales. La llamada lista «Juntos por el sí» hace aguas por todas partes, pero se disfraza bajo un mensaje compacto ante el 27-S. «Un plebiscito para la libertad y soberanía plena de Cataluña». Todo vale con tal de amenazar a Madrid, aunque luego se necesiten los dineros de Cristóbal Montoro para pagar las nóminas. La clave eterna de la hipocresía nacionalista.

Aunque Mas saca pecho y persiste en su mensaje fanático, dos varapalos le han golpeado de nuevo. Cuando respiraba por la decisión del TSJ de Cataluña de no entrar en las querellas presentadas para no interferir en las elecciones, el magistrado titular del Juzgado de Instrucción número 30 de Barcelona ha decidido la apertura de juicio oral por el «caso Palau», el mayor desfalco que salpica a CDC, que sentará en el banquillo a Félix Millet, Jordi Montull y al ex tesorero del partido Daniel Osácar. Además, lo harán otros 17 imputados y la propia Convergencia como presunta organización responsable civil a título lucrativo. Tras seis años de investigación, el escándalo del Palau de la Música llega a su fase final y fuentes jurídicas apuntan a que el juicio será antes de las elecciones. «Un jarro de agua fría», reconocen los convergentes ante el desfile que se avecina en el banquillo.

Otro dardo es la decisión del Gobierno de recurrir al Tribunal Constitucional la llamada Agencia Tributaria Catalana. El pasado viernes, mientras Mas clamaba por su plebiscito en un acto con las Juventudes de CDC, el Consejo de Ministros acordaba interponer el recurso contra el artículo 4 de la ley 9/2015, de 12 de junio, por el cual se crea este organismo, vieja aspiración de los nacionalistas. El Gobierno entiende que vulnera el derecho de los ciudadanos de toda España para acceder en condiciones de igualdad a las funciones y cargos públicos. Las respuestas airadas no se hicieron esperar. Mas denunciaba «amenazas, querellas y fiscalías en vez de sentarse a dialogar» y su hombre fuerte y director de campaña, Francesc Homs, hablaba de «cárcel jurídica desde Madrid».

En paralelo, destacadas figuras del mundo financiero y empresarial empiezan a alzar la voz. Ha sido el caso, esta semana, de Josep Oliú, presidente del Banco Sabadell, y del director de la Cámara de Comercio de Barcelona, Miguel Valls, que se preguntaron por el coste económico de la independencia. En similares términos se expresaron la Cecot y otras patronales que agrupan a pequeños y medianos empresarios industriales, de fuerte implantación en Cataluña. Esto llevó al líder de Unió, Josep Antoni Duran Lleida, a congratularse de que ahora digan en público lo que desde hace tiempo piensan en privado. Duran y su candidato, Ramón Espadaler, despliegan una campaña de exquisita moderación catalanista, frente al separatismo y la izquierda radical. En su opinión, «el independentismo ha roto a CiU, pero el batiburrillo de la lista de Romeva nos traerá una extrema izquierda con un modelo de sociedad antisistema».

En medio del descomunal embrollo, Mas firmará mañana el decreto de convocatoria de las elecciones. Lo hará por la vía ordinaria, tal como le han aconsejado juristas de su confianza como Carlos Vives-Pi Sunyer, para evitar una inmediata impugnación del Gobierno. A pesar de ello, el presidente y sus compañeros de viaje en la lista secesionista invocan el carácter plebiscitario del 27-S. Mas llega aún más lejos ya que, según personas que han hablado con él, asegura que Rajoy conocía sus planes, pues en la última entrevista de ambos en Moncloa, el 30 de julio del pasado año, ya le anunció unas elecciones plebiscitarias y una hoja de ruta por la independencia si se impedía el referéndum del 9-N. «Estaba advertido», ha dicho a Mas a sus interlocutores en los últimos días.

De momento, el decreto electoral se firma mañana y la carrera comienza, mientras en Moncloa el mensaje es inamovible. «No habrá independencia ni plebiscito», ha sentenciado Rajoy. «Eso lo veremos», amenaza Artur Mas en su disparatado camino.

A estas alturas, aún subyacen tensiones con Esquerra para cerrar algunos puestos de la lista única en demarcaciones territoriales. Al presidente catalán no parece importarle. En su entorno explican que no tendrá vacaciones, a excepción de algunos fines de semana en su casa de Fornells, en Menorca. Si gana, se ve de nuevo como presidente de una Cataluña hacia la independencia. ¿Y si pierde?, se preguntan muchos. Él aún no lo dice, pero todos coinciden en que será el final de su vida política y se marchará. «No le quedará otra», admiten en CDC. Aunque, en opinión de dirigentes contrarios al separatismo, con un penoso balance: «El daño ya está hecho».