Acusados de «Gürtel» piden la nulidad del juicio

La primera sesión del juicio «de Fitur» que ayer comenzó en el TSJ se dedicó a cuestiones previas tanto de las acusaciones como de parte de las defensas.

Destacó por su contundencia elegante la del abogado de Pablo Crespo, Miguel Durán, que insistió en la recusación que había presentado ayer mismo ante la Sala por la presencia en el Tribunal del magistrado Juan Climent, del que dijo que estaba vinculado con el secretario general del PSPV, Ximo Puig, denunciante de la causa, y con quien Climent compartió el Gabinete de Presidencia de la Generalitat Valenciana en los Gobiernos de Joan Lerma.

Dijo además que la acusación particular representaba al Partido Socialista, denunciante, y que estaba presente de este modo, pues la jurisprudencia impedía que lo estuviera como acusación popular «al ser muy distintos sus intereses en la causa a los de los ciudadanos».

En el turno de adhesiones, varios abogados suscribieron la denuncia de politización de la Sala por la presencia en el estrado de Climent, y otros rechazaron este argumento. Sí coincidieron en la politización de la causa por la presencia del PSPV como acusación.

Durán, que invocó en varias ocasiones a su condición de ciego, se refirió a los trece acusados como «estas criaturas que llevan seis años sufriendo» o «estas pobres personas», y pidió al Tribunal que no dictara una sentencia «que vaya a tumbar otro tribunal y que dé la impresión al pueblo llano de que los de Gürtel, por un resquicio u otro, se iban a escapar».

Durán criticó la incorporación de hasta diez millones de documentos que no han tenido las defensas y pidió una suspensión para poder aportarlos.

Con este letrado se llegó al mediodía en la sesión de ayer del juicio Fitur que juzga delitos de falsedad, prevaricación, cohecho, malversación y tráfico de influencias en el proceso de contratación de la Generalitat con Orange Market, una de las empresas de la «trama Gürtel».

Precedieron a Durán el abogado Juan Carlos Navarro, defensor de Correa, quien destacó que las detenciones tanto de su cliente como de otros habían sido ilegales por rebasar las 72 horas, así como los registros que se hicieron sin presencia de los detenidos, o las intervenciones telefónicas que se ordenaron sin plazo de ejecución.

La letrada Ángela Coquillat, de Álvaro Pérez, «el Bigotes», dijo que la separación de la causa en distintas piezas no se sostiene y que el expositor de Fitur estaba en la pieza que se está juzgando y también en otra de la «trama Gürtel».