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Los catalanes, contra las presiones a los alcaldes

El 64,1% cree que los líderes del desafío secesionista serán procesados y un 56,1% piensa que Puigdemont tendrá que dimitir y convocar elecciones tras el referéndum ilegal

  • Manifestantes frente al semanario El Vallenc, resgistrado por la Guarcia Civil en busca de papeletas
    Manifestantes frente al semanario El Vallenc, resgistrado por la Guarcia Civil en busca de papeletas
Andrés Rojo Madrid.

Tiempo de lectura 4 min.

11 de septiembre de 2017. 04:36h

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La mayoría de los catalanes no están de acuerdo con que la Generalitat presione a los alcaldes para que ayuden a que el referéndum ilegal previsto para el primero de octubre se celebre. Según el estudio demoscópico encargado por LA RAZÓN a NC Report, son concretamente un 57,4% los catalanes que creen que el Ejecutivo de Puigdemont se extralimitaría al presionar a los regidores que ya han dejado clara su negativa a ceder locales para la consulta independentista. Es significativo subrayar que el trabajo de campo de la encuesta comenzó el 7 de septiembre, es decir, al día siguiente de que se produjera la polémica aprobación de la ley del referéndum, y, a continuación, Puigdemont emitiera una misiva a los ayuntamientos catalanes para que enviaran la lista de locales que pondrían a disposición de la consulta. Pocas horas después, 12 de los municipios más poblados de Cataluña (Hospitalet, Santa Coloma, Cornellá, Lérida, Tarragona, etc...) ya habían dejado claro que no cooperarían con el proceso puesto en marcha por los independentistas. Por otro lado, queda patente el estado de crispación que actualmente vive la sociedad catalana si se tiene en cuenta que un 36% de los encuestados considera justificado que la Generalitat presione a los alcaldes leales a la Constitución.

Como pusieron de manifiesto anteriores estudios realizados por NC Report para este diario, el escepticismo sigue siendo la nota dominante en la sociedad catalana sobre si realmente se celebrará el referéndum del 1-O. Un 49,6% de los participantes en el estudio creen que no se permitirá sacar las urnas a la calle. Sin embargo, un 42,1% cree que los independentistas conseguirán sortear la vigilancia del Estado y que finalmente se podrá votar el primero de octubre a pesar de los registros que están teniendo lugar en imprentas y naves industriales controladas por los partidos independentistas y por el entramado de organizaciones civiles que secundan sus objetivos.

Una cosa está clara en cualquier caso para una amplia mayoría de la sociedad catalana: los promotores del desafío independentista tendrán que responder ante la Justicia de sus actos en desafío de las sentencias del Tribunal Constitucional. El 64,1% cree que tanto los miembros del Govern como los cargos del Parlament serán procesados por los actos de rebeldía institucional que se han producido durante esta semana. Sólo un 21,6% de los entrevistados opinó que no habrá consecuencias en los tribunales para Puigdemont, Junqueras y el resto de jerarcas secesionistas.

Otro de los puntos sobre los que se preguntó a los encuestados es si finalmente el Estado responderá de manera contundente para impedir que se cumpla el plan soberanista, es decir, si una vez puestas las urnas en los locales habilitados a tal efecto las fuerzas del orden impedirán que se vote. Un 53,6% cree que esta respuesta se producirá. El porcentaje de los catalanes que no están tan seguros de ello y de los que creen, por tanto, que se repetirá una suerte de 9-N sólo llega al 35%.

En cuanto a la repercusión política, que no jurídica, para los impulsores de un fracasado referéndum, la opinión de los catalanes es concluyente según el estudio de NC Report: un 56,1% cree que Puigdemont debe dimitir y convocar elecciones. Sin embargo, un 33,5% de los 800 entrevistados distribuidos en 74 municipios de las cuatro provincias catalanas, creen que no será necesario fijar la convocatoria de unas nuevas elecciones.

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