Mas, al juez: la suspensión del 9-N «provocó un alboroto» en el frente soberanista

Desveló una «discusión importante» en el Palacio de Pedralbes la noche del 13 de octubre que acarreó «la ruptura de la unidad existente»

Artur Mas detalló ante el juez que le investiga por su papel en el 9-N la fractura que provocó en las fuerzas independentistas la decisión del Tribunal Constitucional (TC) de suspender la consulta soberanista el 29 de septiembre de 2014 y dejar sin efecto el decreto de convocatoria firmado sólo dos días antes por el entonces presidente de la Generalitat. En su declaración como investigado del 15 de octubre del pasado año en el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC), Mas recordó las horas previas a su comparecencia pública del 14 de octubre en la que anunció que la Generalitat renunciaba a esa convocatoria.

«Que no se haría la consulta no se dijo sólo el 14 de octubre, ya se había dicho antes –precisó–, porque hay cosas que eran básicas y fundamentales, entre otras la publicación del censo, que se tenían que hacer a principios de octubre y, como habíamos aplicado la resolución del TC de suspensión, era evidente que pasado el límite de principios de octubre –en el que podíamos dar a conocer el censo a los efectos de comprobación e inscripción de las personas que correspondiesen– ya no podíamos cumplir los plazos».

Ese inicial paso atrás (anterior a la decisión del Govern de dejar formalmente la consulta en manos de voluntarios para sortear la orden del Constitucional) abrió las primeras grietas en las filas soberanistas, según reconoció Mas en su declaración judicial. «El hecho de no poderla celebrar tal y como ya la había firmado –aseguró– provocó un alboroto político de primerísimo nivel entre las fuerzas políticas catalanas proconsulta, que duró diez, doce o quince días, no lo sé con precisión, y ese conflicto terminó el 13 de octubre por la noche en el Palacio de Pedralbes con una última reunión en la que la disensión entre las formaciones políticas catalanas sobre aplicar o no el decreto que yo había firmado fue muy grande».

«Yo, que era además representante del Govern –continuó el ex president–, hice notar que no había más remedio que aplicar la suspensión dictada por el Tribunal Constitucional y eso significó una discusión importante y, de hecho, una ruptura de la unidad existente en torno a lo que había que ser esa consulta, que también quiero recordar –para que no se pierda de vista el contexto– que era el principal reto y objetivo de la legislatura». Por tanto, añadió, «cuando yo salgo el 14 de octubre diciendo que la consulta no se podía hacer era porque claramente se veía que no se podía hacer y porque yo había tomado la decisión, y el Govern también, de no hacerla en los términos consignados en el decreto del 27 de septiembre».

Defensor de la «paz social»

En su alegato político, el ex presidente catalán dijo que «en todo momento» procuró «conjugar los mandatos populares democráticos con los marcos legales existentes o nuevos, consciente como soy de que es obligación de los responsables políticos e institucionales, y por tanto mía, adecuar los marcos legales a las demandas sociales de fondo expresadas de manera libre y pacífica mediante las votaciones». De hecho, no tuvo ningún reparo en erigirse, con su actuación, en defensor de «la paz social, la libertad ideológica, la libertad de expresión y el derecho de participación, todos ellos principios fundamentales reconocidos y protegidos por la Constitución». «El éxito de la democracia nunca debería de terminar en los tribunales de justicia», se quejó.

El ex presidente de la Generalitat, que afirmó desconocer cuál fue el coste del 9-N –«No lo sé precisar. Se lo puedo facilitar sin ningún tipo de inconveniente»–, negó que se reuniera a solas con la entonces consellera de Educación, Irene Rigau (también imputada en la causa), para abordar la cesión de los institutos para la votación. «Ideamos un sistema que permitía que, desde el punto de vista operativo, la Administración de la Generalitat no tuviese que funcionar como tal administración, porque era imposible que funcionase para organizar el 9-N».

«Que los voluntarios se organizaban entre ellos –aseguró– era evidente. Había responsabilidades de distinto nivel en función de sus capacidades. Piense que estamos hablando de 40.000 personas. Eso es un campo de fútbol lleno, no el del Barça. Estamos hablando de eso».

«No debíamos ir tan desencaminados cuando finalmente se pudo hacer», se reivindicó Mas, para quien «el fin que perseguíamos, desde un punto de vista plebiscitario, la gente lo ha hecho suyo» (en referencia a los más de cuatro millones de votantes en las elecciones catalanas anticipadas del pasado año, «lo que no había pasado nunca»).