Mas urgió a Puigdemont a acelerar el referéndum

El ex president llevó la voz cantante en la última reunión del Govern a la que acudió como invitado y advirtió: «Estamos perdiendo el pulso»

El acoso judicial inquieta a La Generalitat y a la antigua Convergencia Democrática de Cataluña: «Estamos al borde de un ataque de nervios». Así se expresan en privado varios consejeros y dirigentes del PDECat ante la investigación de la Fiscalía sobre preparativos encubiertos del referéndum ilegal. La inhabilitación de Artur Mas y Francesc Homs ha supuesto toda una semana negra para los convergentes, aunque públicamente sigan sacando pecho. La última reunión del Govern a la que fueron invitados Mas, Irene Rigau y Joana Ortega resultó tensa y, según algunos de los asistentes, fue el ex presidente quien llevó la voz cantante. «Nos están ganando por la mano, estamos perdiendo el pulso», advirtió un desafiante Mas a su sucesor. Tras un acerado debate, Puigdemont dio un paso más y diseñó la campaña institucional sobre el censo de catalanes en el extranjero que ha encendido las alarmas en la Fiscalía de Cataluña.

«Hay muchos nervios», insisten portavoces de La Generalitat y el PDeCAT ante la firme decisión del Gobierno de Mariano Rajoy de «no pasar ni una» en contra de la Ley. A ello se une la incertidumbre tras la inhabilitación de Mas y Homs, que provoca guerras internas en el partido y el grupo parlamentario en Madrid. El ex presidente ya no puede, al menos de momento, ser candidato en unas elecciones, por lo que la cabeza de cartel queda en el aire y varios aspirantes mueven pieza. La actual dirección del PDeCAT, liderada por Marta Pascal, ha iniciado una purga contra antiguos hombres de Mas, como el portavoz en el Parlament, Jordi Turull. Según fuentes del partido, la nueva cúpula convergente apuesta por el alcalde de Tortosa, Ferrán Bell, afín a Pascal y David Bonvehí, para mermar el papel de Turull que actualmente ejerce la portavocía de Junts pel Sí, dónde las divergencia son latentes.

En el Congreso, la batalla es aún más encarnizada, dado que esta misma semana el Tribunal Supremo remitirá a la Cámara un auto declarando firme la sentencia contra Francesc Homs, lo que deja vacante su puesto como portavoz en Madrid y suscita una dura batalla en el seno del grupo parlamentario entre dos aspirantes al puesto, los veteranos diputados Carles Campuzano y Jordi Xuclá. Al tiempo, Homs se resiste a dejar el cargo y ha emprendido una actitud numantina contra su inhabilitación exigiendo al Supremo un recurso de aclaración sobre la sentencia y precisión ante la posible concurrencia a cargos europeos o asesorías de otro tipo. Fuentes del Alto Tribunal señalaron que, en todo caso, ese recurso no tiene efectos suspensivos, por lo que la sentencia es firme desde el momento en que se notifique el auto de ejecución al Congreso.

El tiempo corre en contra, pues en junio concluye el plazo de ocho meses dado por la CUP a Puigdemont para anunciar la fecha del referéndum. De ahí, la nueva trampa sobre el censo que intenta calmar a los antisistema. Pero tal añagaza, lejos de unir al separatismo, provoca una fuerte división y grandes dudas. En el PDeCAT lo ven como un ardid para encubrir la infraestructura de la consulta secesionista. Los radicales de la CUP sospechan una treta para reconvertirla en unas elecciones plebiscitarias. Y Esquerra Republicana lo vincula a unos comicios constituyentes sobre la independencia y declaración de la república catalana. Todo ello aflora las fisuras dentro del bloque soberanista, que algunos dirigentes así definen: «Somos la casa de los líos». Esta división es observada con serenidad desde Madrid, mientras Mariano Rajoy y la vicepresidenta Soraya Sáenz de Santamaría intensifican su presencia en tierras catalanas. «El Estado ha vuelto a Cataluña para quedarse», zanjan en Moncloa.

En esta situación, políticos y empresarios advierten una pérdida de fuelle en el mundo separatista. «Reclaman a gritos que les den una salida», reconocen varios dirigentes. Mucho más gráfico se muestra un destacado empresario catalán: «Están pidiendo árnica a Madrid».

Dentro de este pugilato cabe destacar el último comunicado del influyente Círculo de Economía, ahora presidido por Juan José Bruguera. El primer foro empresarial de Cataluña reivindica el diálogo con respeto a la legalidad y lanza una advertencia ante los nuevos desafíos y encubrimientos del referéndum: «Nada es democrático si se vulnera el principio fundamental del cumplimiento de la Ley». La entidad detecta el cansancio acumulado de la sociedad catalana, avisa a Rajoy de que «el tiempo no solucionara el conflicto», y reclama a La Generalitat propuestas que aumenten el autogobierno «sin romper con España».

La trampa de Puigdemont sobre el censo ha sido la puntilla para una nueva intervención judicial. «Si encubre el referéndum es un delito», aseguran fuentes de la Fiscalía. Además, La Generalitat prepara un sistema de voto electrónico con el objetivo de saber cuántos catalanes viven en el extranjero y, para colmo, ofrece sanidad gratuita y acceso a otros servicios de la administración como incentivo para inscribirse. Por ello, el Ministerio Público ha iniciado ya su investigación para averiguar indicios delictivos contra La Generalitat, que también ha convocado un concurso público de contratación de empresas que suministren papeletas y urnas. La justicia es lenta, pero inexorable. «Si este desafío encubre un delito, les saldrá muy caro», advierten expertos juristas.

En medio de la eclosión independentista, hay un dato destacado: La antigua Convergencia y ERC no volverán a ir juntos en unas elecciones. Así lo aseguran dirigentes de ERC, muchos de los cuales ya han pedido a Oriol Junqueras que rompa su acuerdo de Gobierno en La Generalitat para no cargar con la corrupción de sus socios. Aunque la ofensiva se avecina fuerte, muchos de ellos lo tienen claro: «Se acerca el final».