«No» eliminar las diputaciones: un guiño a Díaz

Era uno de los puntos más llamativos del acuerdo que había rubricado una semana antes con Ciudadanos, pero el candidato a la investidura como presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, no lo mencionó ayer en su discurso ante el Congreso de los Diputados: la polémica supresión de las diputaciones provinciales, que tantas críticas suscitó en su partido, figuraba en dos párrafos de su larga alocución, pero el líder socialista los omitió ante la Cámara Baja.

Dentro del epígrafe «Reforma urgente de la Constitución», el acuerdo entre socialistas y naranjas recoge, textualmente: «Supresión de las Diputaciones Provinciales de régimen común y creación de Consejos Provinciales de Alcaldes para la atención al funcionamiento y la prestación de servicios de los municipios de menos de 20.000 habitantes de la provincia respectiva».

Sánchez se refirió ayer a las medidas de regeneración democrática, algunas de las cuales requieren una reforma de la Constitución, por ejemplo para acabar con los aforamientos de diputados y senadores, con mención expresa a las «senadoras», aunque no nombró a Rita Barberá. Se refirió también la limitación a ocho años del mandato del presidente del Gobierno y la reducción a diez del número de vocales del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), pero en ese capítulo obvió el compromiso de suprimir las diputaciones, tan criticado por los barones socialistas, con Susana Díaz a la cabeza.

Fuentes del entorno de Sánchez reconocieron que no entendían por qué el líder del PSOE se había saltado ese punto en concreto. Cuestión que coincide precisamente con una parte del acuerdo que ha generado mayores críticas en el seno del partido socialista hasta el punto de que los dieciocho presidentes del PSOE de diputaciones provinciales han hecho campaña en contra del acuerdo del PSOE con Ciudadanos. El propio partido es contrario a que se eliminen, pero como era uno de los cinco puntos irrenunciables para el pacto con Ciudadanos, se aceptó sobre el papel. Y el propio Pedro Sánchez reconoció a puerta cerrada en el último Comité Federal socialista que la supresión de los organismos provinciales «no le gusta» y que no sería tal, sino un mero cambio de nombre y menos atribuciones. La rúbrica con Ciudadanos ya le costó que, en la consulta a las bases, la provincia de Huesca votara «no» a adoptar al partido naranja como aliado.

El candidato a la investidura sí enumeró otros aspectos negociados con el equipo de Rivera. Así, Pedro Sánchez anunció que se compromete a un pacto educativo para «paralizar» la Lomce, como figura en el pacto con los naranjas –en los documentos que el lunes hizo llegar Podemos, sus confluencias e IU, la Lomce se iba a «derogar»–.

El líder socialista se comprometió además a buscar un nuevo marco de relación entre la Iglesia Católica y el Estado, a garantizar una laicidad «efectiva» y a impulsar una Ley de Libertad Religiosa y de Conciencia. No mencionó en este caso la «supresión de la exención injustificada de la Iglesia Católica en el Impuesto sobre Bienes Inmuebles» que sí trasladó a las fuerzas de izquierda.

Pedro Sánchez aseguró que será también prioritario para su gobierno «fortalecer» el sistema de derechos y libertades, mediante medidas ya anunciadas como la reforma del aborto, la aprobación de una ley de muerte digna o la revitalización de la Ley de la Memoria Histórica. A renglón seguido, afirmó que quiere eliminar «los aspectos regresivos de la Ley de Seguridad Ciudadana» .

El socialista también prometió mano dura contra la corrupción, porque es el «enemigo» de la democracia. Sánchez dijo que la regeneración requiere asimismo mejorar la calidad de las instituciones y apostó por «una auténtica revolución» en el nombramiento de cargos de designación parlamentaria.