No habrá referéndum pactado

Moncloa descarta que las elecciones cambien los límites de la negociación con el secesionismo. Prevé que Puigdemont intente ser presidente «en diferido» con una persona interpuesta.

Son muchas las incógnitas que rodean a la formación del nuevo Gobierno catalán, tanto en cuanto a su composición como respecto a su programa electoral. Por eso el Gobierno de Rajoy no tiene más camino que jugar con hipótesis políticas y con los hechos judiciales que van a derivarse de las investigaciones que los líderes independentistas tienen abiertas en su contra dentro de los diversos procesos por prevaricación, sedición, rebelión o desobediencia en los que están implicados. Cuando todavía en el PP no han terminado de digerir las consecuencias políticas de su desastre electoral, en el Gobierno han empezado a hacer previsiones sobre lo que puede deparar la nueva legislatura catalana y cómo les puede afectar la administración de un problema que sigue ahí.

De momento, se impone la hipótesis de que Carles Puigdemont no cumplirá su promesa de regresar a España y de que va a intentar negociar con ERC y la CUP, y también con el PDeCAT, una presidencia de la Generalitat delegada. Es decir, un Gobierno provisional en Cataluña que se coordine con él y con el grupo que le acompañó en la fuga a Bruselas. «La imaginación dentro de este escenario surrealista da para todo, hasta para que Puigdemont intente participar vía plasma desde Bruselas en las reuniones del nuevo Gobierno catalán. Harán lo posible para mantener el espejismo de que Puigdemont ha sido repuesto en la Presidencia, pero sin ir a la cárcel».

En Moncloa prevén que los partidos independentistas llegarán «a un arreglo, como sea», pese a sus divisiones y sus fuertes fracturas, «porque necesitan seguir alimentando el victimismo y vender a los suyos que la culpa de sus problemas son del Estado y no de sus contradicciones, mentiras e ilegalidades». La negociación es «muy difícil» y tienen por delante retos tan complicados de gestionar como los votos que no pueden perder en la votación de la investidura: los de Puigdemont y los de los otros cuatro ex miembros de su Gobierno que permanecen en Bruselas. La única salida es que se sacrifiquen y renuncien al acta para que corra la lista y sean reemplazados si no quieren ingresar automáticamente en prisión al regresar a España en ejecución del auto de prisión que sí sigue vigente dentro del territorio nacional. De volver, serían enviados inmediatamente a la cárcel, sin pasar ni siquiera antes por el Tribunal Supremo, y no hay ninguna duda en medios jurídicos de que Pablo Llarena acordaría mantener su prisión provisional.

Desde el Gobierno subrayan que la formación del nuevo Gobierno catalán no sólo depende de decisiones políticas, sino también del magistrado del Supremo, porque es él quien puede conceder permisos a los diputados electos que se encuentran en prisión (Oriol Junqueras, Jordi Sánchez y Joaquim Forn). «Pero en lo que de ellos dependa, van a intentar aprovechar la mínima oportunidad para formar un gobierno sin más programa que acabar con el 155 y escenificar que comienzan a gestionar en el día a día a las instituciones catalanas. Habrá pulso en cada paso, y será difícil encontrar a la persona interpuesta que sea de la confianza de Puigdemont y aceptada por todos los que tienen que votar esa investidura», calculan en el Gobierno. En Moncloa miran hacia la figura de Elsa Artadi, artífice del movimiento alrededor de la figura de Puigdemont que se impuso en estas elecciones al propio partido del ex presidente, estrategia que ha sido bendecida en las elecciones.

Por tanto, en el Gobierno se inclinan por pensar que habrá una Generalitat independentista, pero con otra cara interpuesta al frente. Y que aunque en el plano teórico insistan en seguir construyendo la República catalana, intentarán ganar tiempo bajo la espada de Damocles del proceso judicial en el Supremo, y cuya instrucción puede haber terminado en verano.

El jefe del Ejecutivo reconoció el viernes ante su partido que los resultados electorales habían sido malos. Ante ese hecho, el Gobierno busca consuelo en que el independentismo tendrá que enfrentarse ahora «a su propio laberinto» y justificar ante la opinión pública las «mentiras» que han seguido diciendo en campaña. Por otra parte, descartan categóricamente que estos resultados sean justificación para abrir una negociación con el independentismo sobre bases distintas a las que marcaron la relación antes del 21-D. «La consecuencia de las últimas victorias independentistas ha sido la división de la sociedad catalana, estas elecciones lo han vuelto a demostrar. Esto es culpa de la estrategia soberanista. Pero con este resultado electoral no se puede pedir al Estado que abandone a la mitad de los catalanes que han votado por partidos constitucionalistas». Esta posición implica que cuando Rajoy habló el viernes de diálogo se refería, básicamente, al diálogo institucional con todas las demás comunidades autónomas, aclaran fuentes oficiales.

En el Gobierno descartan asimismo categóricamente que del 21-D pueda interpretarse que se dan las circunstancias para negociar el derecho a decidir que defendían Ada Colay y Pablo Iglesias, «y que ahí está su mal resultado en las urnas». «El referéndum pactado sigue siendo igual de imposible que en la anterior legislatura. Ni está en el ordenamiento actual ni hay una mayoría para sacar adelante esa reforma constitucional», dicen.

El panorama es muy complicado. Moncloa da también por perdida esta legislatura en Cataluña. Pero, al mismo tiempo, es consciente de que tiene un problema más allá de lo que hagan los independentistas porque su desastre electoral el 21-D les debilita, hace más extrema su soledad y les coloca frente a frente, ya sin matices, de su teórico socio de investidura, Ciudadanos. Ahora les toca esperar a ver por dónde atacan los secesionistas, pero se impone el pesimismo sobre las consecuencias del resultado electoral. Según explica un ministro, «hay muy poco margen para hacer nada ahora en Cataluña».