Fraude fiscal

Prisión para el fundador de Zed por el fraude de más de 100 millones

Dolset asegura que está arruinado y niega la fortuna en Panamá que le atribuye la Fiscalía

Javier Pérez Dolset, fundador de la tecnológica Zed
Javier Pérez Dolset, fundador de la tecnológica Zedlarazon

Dolset asegura que está arruinado y niega la fortuna en Panamá que le atribuye la Fiscalía.

El juez de la Audiencia Nacional Manuel García Castellón decretó ayer prisión provisional para el fundador de Zed, Javier Pérez Dolset, detenido el jueves junto a otras siete personas que el juez dejó en libertad. García Castellón tomó esta decisión tras tomar declaración a los ocho detenidos ayer en esta operación centrada en el fraude de subvenciones de la tecnológica Zed Worldwide, según han informado fuentes de la Audiencia Nacional.

Los ocho arrestados se acogieron a su derecho a no declarar y la Fiscalía pidió entonces el ingreso en prisión sin fianza de Dolset y libertad bajo medidas cautelares para el resto. Aunque no respondió a las preguntas del juez ni de los fiscales del caso, José Grinda y Carlos Yáñez, cuando estos han pedido la prisión para Dolset, este se defendió afirmando que él está arruinado y sólo tiene 110.000 euros en una cuenta corriente, que invirtió todo su dinero en Zed y que no es cierto que, como afirma Anticorrupción, él tenga fondos en Panamá (110 millones, según la Fiscalía).

El resto de detenidos que han quedado en libertad son su hermano Ignacio; Teófilo Redondo Pastor; José Manuel Sanchís Antolín; David Aitor Marrón Collados; Daniel Arteaga García; Juan Carlos Gonzálvez Cabañas y José Antonio Puértolas Montañés, informa Efe. Todos ellos están siendo investigados por la Fiscalía desde hace más de un año a raíz de una querella que interpuso el propio Dolset contra sus socios rusos, que acabó destapando un desvío de fondos por parte del empresario y un fraude en ayudas concedidas por el Gobierno entre 2011 y 2014.

Durante la investigación en la Fiscalía, que derivó en una querella de Anticorrupción presentada ante la Audiencia Nacional, se tomó declaración a numerosos trabajadores de Zed y algunos de ellos reconocieron que les contrataron para no hacer nada en proyectos relacionados con las subvenciones. En la querella contra 19 personas figura el presidente de este diario, Mauricio Casals. Tanto el Grupo Planeta como LA RAZÓN niegan cualquier intervención en la concesión de créditos o subvenciones del Gobierno. «Ni LA RAZÓN ni su presidente han participado en ningún tipo de tráfico de influencias o fraude de subvenciones ni directa ni indirectamente», reza el comunicado del Grupo desmintiendo las acusaciones de Dolset recogidas por la Fiscalía. Además, Planeta solicitará aal juez su personación como acusación particular, en calidad de perjudicado, en la causa abierta por el supuesto fraude. En el comunicado Planeta recuerda que viene denunciando desde junio de 2011 «irregularidades en la gestión por parte del presidente y de los administradores» de Zed.

Según la Fiscalía se habría generaron un perjuicio «millonario» que se proyectaría «directamente entre los accionistas de la compañía, las entidades de crédito que aportaron financiación a la misma y los organismos públicos que le concedieron subvenciones». Y además apunta a que en el caso de los organismos públicos implicados en la presunta trama, existe una «deuda pendiente de pago con las administraciones públicas por importe de 28.426.732,72 euros, a los que hay que añadir 14.220.156 euros en subvenciones ilícitamente obtenidas (no sujetas a devolución)».

La querella también se dirige contra los socios rusos de Dolset Vage Engibaryan y Sergey Gorbuntsov; Vladimir Naumovich Turovetskyi, persona de confianza de Engibaryan; y el holandés Peter Nicholaas Wakkie, administrador de Zed+, la sociedad matriz que integró Zed Worldwide y el grupo ruso Tema.

Considera Anticorrupción que es un fraude «de gran complejidad» dado que muchas de las acciones que llevaron al grupo a situación de insolvencia se ejecutaron en el extranjero y además «existen indicios de que algunos de los autores de los hechos ocultaron capitales en sociedades opacas ubicadas en territorios como Panamá», considerado un paraíso fiscal.